Corrupción, “mal de muchos...”,
— “Es que siempre se ha hecho”, “todos lo hacían”.
Estas frases han sido profusamente usadas por involucrados en casos que investiga la justicia por corrupción en la política y los negocios. Sabemos que el Código Penal establece penas especialmente bajas para la corrupción y que los estándares probatorios no siempre facilitan el convencimiento efectivo de los tribunales para dictar sanciones ejemplificadoras.
La Comisión Engel impulsó el compromiso de impedir el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la relación indebida entre dinero y política que finalmente vio luz verde con la aprobación por parte del Congreso del proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a delitos de cohecho, soborno, aumentando penas y tipificando los delitos de corrupción entre particulares y administración desleal, entre otros.
Sí, parece inentendible que recién ahora se sancionen prácticas abusivas que se cometen en el mundo privado y que hasta ahora, de manera casi inexplicable, no tenían ningún reproche penal, pues eran prácticas usuales, normales. “Mal de muchos, consuelo de tontos” dice el refrán.
¿Se puede hacer empresa con malas artes, corrupción, transgresión a la ética y a la buena fe de las comunidades y particulares? ¿Se puede hacer negocios engañando a los consumidores, usando información privilegiada, llevando una administración desleal, defraudando a proveedores o a otros agentes económicos?
Es cierto que las compañías más estables y con estructuras profesionalizadas están en el camino correcto de tener sistemas de gestión, control y reporte acorde con los tiempos, lo que les permite en- frentar las externalidades que su negocio provoca y asumir su responsabilidad corporativa, social y, por sobre todo, la responsabilidad penal y civil que recae sobre la compañía a la luz de la nueva ley.
Las grandes corporaciones hace rato están tomando medidas serias en materia de gobiernos corporativos y compliance, consistentes con las exigencias del nuevo estándar legal para “promover y restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la función pública y mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los privados”.
Pero, ¿qué pasa en empresas con gobiernos corporativos más débiles o inexistentes? Me refiero a empresas familiares o pymes cuyos modelos de negocio no contemplan estructuras de gestión y control profesionales y modernos. Es necesario que la industria, el mundo privado y sus organizaciones, observen este aspecto y se involucren en la homologación de estándares de gestión que a contar de la aprobación de esta ley, van a ser el piso mínimo de actuaciones de las compañías.
Ciertamente, era inaceptable la corrupción en el sector público, pero es igual de grave que el mundo privado haya aceptado por tanto tiempo que actos de la misma naturaleza y que provocan el mismo daño, estuvieran fuera del reproche penal. Como si distorsionar el mercado, confundir la toma de decisiones o afectar a los consumidores fuera algo normal y digno de enseñarse en las escuelas de economía. A eso se llama consuelo de tontos. ℗