Gobierno buscará poner fin al financiamiento público de Educación Previsional
Ahora deberán ser las propias administradoras de fondos de pensiones las que deberán financiar sus planes, los que serán obligatorios y regulados por el Estado.
—Para fomentar el conocimiento del Sistema Previsional por parte de los usuarios y facilitar el ejercicio de sus derechos, tras la reforma previsional de 2008 el Estado financia el Fondo para la Educación Previsional (FEP).
Estos recursos se entregan a través de la Subsecretaría de Previsión Social por medio de concurso público.
Este fondo, entre 2009 y 2018 licitó más de $18.000 millones (equivalente a US$2,8 millones por año) para la educación previsional.
Dicha suma incorpora unos $1.567 millones aprobados por el Congreso en el Presupuesto del año en curso.
A esto es lo que el gobierno buscará poner término a través de la reforma previsional que el próximo lunes 5 de noviembre ingresará a tramitación en el Congreso, por la Cámara de Diputados.
Según explicó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg a PULSO, lo que se termina es el financiamiento publico, no la obligación de generar educación previsional por parte de las entidades administradoras. “Van a haber cambios en la reforma previsional. Lo que se cambiará será la fuente de financiamiento, lo deberán pagar los privados”, precisó.
Por su parte, la subsecretaria de Previsión Social, Maria José Zaldívar, explicó que “lo que se buscará es que sean las propias AFP las que entreguen esta educación previsional y que sea algo más sostenido en el tiempo”.
Así, las AFP (que administran el 10% de cotización) y las entidades administradoras del 4% deberán realizar programas o actividades de educación previsional, por al menos el 0,3% de su recaudación anual de comisiones. Dicho porcentaje alcanza US$ 3,2 millones, sobre la base de comisiones recaudadas el año 2017.
De todas maneras, esta educación previsional será regulada y fiscalizada por una comisión que será integrada por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión de Mercados Financieros (CMF) y la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, ya que los proyectos que desarrollen las AFP o las nuevas administradoras de ahorros previsionales deberán ajustarse a las condiciones que se fije en un reglamento, los cuales deberán ser previamente aprobados por este comité.
MALA EVALUACIÓN. Hay que recordar que el criterio para la entrega de recursos del FEP ha sido objeto de cuestionamientos desde algunos sectores.
En 2012 un informe de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de Dirección de Presupuestos calificó el programa con “desempeño insuficiente”., señalando que carecía de una estrategia “que defina cuáles son las apuestas más sustantivas de éste, el tipo de población sobre la cual desea focalizar y metas asociadas”
En este contexto la subsecretaria Zaldívar dijo que “el FEP es un instrumento de política pública muy mal evaluado, que no ha cumplido su objetivo”. Y agregó que “nos parece necesario reforzar las obligaciones de las AFP en este ámbito y exigirles que dediquen al menos cierta cantidad de recursos (mayor que la del FEP) para promover educación previsional”.P