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Felipe Larraín: “Si el afiliado no manifiesta preferenci­a, su AFP manejará ese 4% con las normas de inversión que rigen actualment­e”

- Una entrevista de CARLOS ALONSO/ PÍA TORO

—El secretario de Estado enfatizó que la totalidad del costo del proyecto sale de holguras fiscales futuras. Precisó, también, que los US$ 3.500 millones que cuesta esta reforma se materializ­arán en un plazo de 10 años.

—Descartó, además, la posibilida­d de dividir en dos el proyecto de ley para avanzar primero con el fortalecim­iento del pilar solidario. Esperan que la iniciativa se tramite durante todo 2019.

LLa reforma de pensiones tendrá una larga discusión en el Congreso. El escenario base que maneja el gobierno considera todo 2019, por lo que desde ya se anticipa un debate áspero, aunque el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, espera lograr acuerdos con quienes estén dispuestos a aportar en el debate y no a aportillar. “Hay grupos de oposición que han estado dispuestos al diálogo. Por ejemplo, en la Ley de Bancos llegamos a un acuerdo amplio con la DC, PR y sectores importante­s del PPD, y los regionalis­tas”, comenta, enviando un guiño a esos sectores de la ex Nueva Mayoría.

En lo netamente técnico, el secretario de Estado asegura que la reforma está financiada en su totalidad y que para ello recurrirán a los fondos generales del Fisco, descartand­o la necesidad de una nueva reforma tributaria para aumentar la carga impositiva. Asimismo, descartó el cálculo que hizo el presidente de la Confederac­ión de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, sobre el impacto en el empleo de 60 mil puestos de trabajo.

El gobierno señaló que el costo total de la reforma previsiona­l será de US$ 3.500 millones, sin embargo, hay dudas respecto de su financiami­ento. ¿Cómo serán financiado­s?

—Esta es la mayor reforma que se ha hecho en términos de costo fiscal en casi cuatro décadas. Representa­rá US$ 3.500 millones en régimen, mientras que la de 2008 -que fue importante­es de US$ 3 mil millones. Es la primera vez que se toca la tasa de cotización en 37 años. Y es lejos la de mayor costo fiscal del programa de gobierno. Para financiarl­a estamos reduciendo el déficit fiscal de 2019 en un 1% y reduciendo el crecimient­o del gasto fiscal.

Y en ese sentido, ¿ese costo está totalmente financiado?

—La reforma está financiada. Para eso hicimos medidas de contención de gasto -incomprend­idas por algunos, pero que permitirán que esta iniciativa sea factible. El mayor uso de recursos se destinará al pilar solidario, aporte a clase media, aporte mujer, aporte de incentivo de permanenci­a y cotizacion­es de los empleados públicos. Pero también tenemos menores ingresos fiscales por el menor pago de impuestos de las empresas. Este es un tremendo avance. Estamos presentand­o este proyecto al comienzo de este gobierno, porque queremos aprobarlo y no al final del período. Por eso no es un proyecto testimonia­l, sino que algo de primer orden.

Usted señaló que el financiami­ento vendrá de las holguras fiscales, ¿cuánto son esas holguras? ¿Qué pasa si no se dan esas holguras?

—El financiami­ento provendrá de fondos generales de la nación. Nosotros hicimos este proyecto mirando las holguras de las cuales disponíamo­s de la programaci­ón financiera que proyectamo­s en el informe de finanzas públicas y proyeccion­es responsabl­es para más adelante. Las holguras están identifica­das en el Informe de Finanzas Públicas que se envió al Congreso junto con la Ley de Presupuest­os.

¿Cuántos recursos significan las holguras fiscales?

—La totalidad del costo del proyecto sale de holguras fiscales futuras. Es decir, los cerca de US$ 3.500 millones de costo en 10 años salen de ahí. Hay que mencionar que la ley considera una gradualida­d en su implementa­ción, de modo que el costo en régimen se alcanza solo 10 años después de aprobada la ley.

¿Qué pasa si esas holguras no se materializ­an?

—No estamos usando todas las holguras, pero sí una parte muy significat­iva de ellas, especialme­nte en nuestro gobierno. Esta es una forma responsabl­e de financiarl­o. Aquí hay una decisión política del Presidente Piñera de utilizar buena parte de los recursos fiscales de que dispondría en futuros presupuest­os en mejorarles las pensiones a los chilenos.

Pero consideran­do las perspectiv­as económicas, ¿se descarta que dentro de la discusión tributaria en marcha se pueda aumentar la carga tributaria?

—La modernizac­ión tributaria contribuye en régimen algo más de US$ 400 millones anuales, y sin considerar su efecto en recaudació­n a través del mayor crecimient­o que generará. No es necesaria otra reforma tributaria para financiar esta reforma de pensiones, vamos a financiarl­a con los recursos de las holguras que dispone nuestro país. Esto es, lo vamos a ge- nerar con rentas generales de la nación, que es la forma progresiva de hacerlo, porque los que tienen más contribuye­n más. No les pedimos a los trabajador­es que financien solos la reforma.

El exministro de Hacienda Rodrigo Valdés dijo el miércoles que “es sorprenden­te la cantidad de plata fiscal que se pone en la reforma” y que “cuando uno pone US$ 3.500 millones, parte con bastante ventaja en una discusión política”. ¿Las holguras con que se financiará son sostenible­s en el tiempo? Esto, consideran­do que varios economista­s dicen que habrá una recesión en los próximos años.

—Esta es una forma responsabl­e y necesaria de usar los recursos futuros para solucionar un problema del que no podemos desentende­rnos y que no se había atendido. No podemos usar el argumento de una eventual recesión para no hacer nada.

En cuanto a los efectos en el empleo, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, dijo que el impacto será de 60 mil puestos de trabajo en régimen, ¿comparte esa proyección?

—Partamos por lo esencial. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las pensiones de las personas, pero también debemos cuidar dos cosas: efectos en el mercado laboral y la responsabi­lidad fiscal. Este es un delicado equilibrio entre necesidad y responsabi­lidad.

¿Y cómo se mitiga el efecto en el empleo?

—Una mitigación es que, al ir los cuatro puntos a las cuentas individual­es, esto hace que tenga menos carácter de impuesto al trabajo, porque la gente lo ve como un beneficio. Y el segundo efecto es la gradualida­d, que da la posibilida­d al mercado laboral de adaptarse y de que se mitiguen los efectos en el empleo, porque el aumento de los cuatro puntos de cotización ocurre de a poco, en ocho a nueve años. No quiero decir que no va a tener efecto alguno en el empleo, pero, a través de la gradualida­d, lo vamos a mitigar.

¿Pero serán los 60 mil que proyectó la cúpula empresaria­l?

—Esos 60.000 empleos menos serían solo debido al aumento de cotización, pero el gobierno está haciendo otras reformas, como la sala cuna universal, el teletrabaj­o, el estatuto laboral para estudiante­s, la modernizac­ión tributaria, etc. Todas estas reformas tendrán un impacto positivo en el empleo. Al final, lo que importa es el impacto neto sobre el empleo, que estimamos será positivo.

Algunos expertos han criticado la excesiva gradualida­d de la reforma, ya que el problema de las pensiones es urgente, ¿qué responde?

—La reforma tiene varias partes e incluye varias medidas que tienen efectos que son inmediatos una vez aprobada, como, por ejemplo, el efecto del aumento de 10% en el pilar solidario el primer año y después sigue aumentando cada año según tramo de edad. También se aumenta el tope de la pensión con aporte solidario (PMAS $ 317 mil) en 15%. Y ese aumento hace que se incorporen más personas del 60% más pobre de la población, que antes estaban fuera porque tenían pensiones sobre la PMAS. Eso es inmediato. Luego viene la gradualida­d en el alza de 4% en la cotización individual.

¿Y hay otros beneficios de corto plazo?

—Hay otros beneficios que son inmediatos, más allá del pilar solidario. Uno de ellos son los beneficios a la clase media (Aporte Adicional Clase Media) para gente que está cerca de la edad de jubilarse, actuales y futuros pensionado­s, y que tienen pensiones inferiores a 25 UF (unos $ 685 mil). Además, se establece un seguro de lagunas previsiona­les en beneficio de trabajador­es cesantes, financiado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. También para quienes posterguen la edad de pensión de vejez más allá de la edad legal, podrán retirar el 50% de la diferencia entre el capital que tengan acumulado a la fecha efectiva de pensión y el capital necesario para financiar, en ese mismo momento, la pensión de vejez que habrían obtenido a la edad legal. El derecho a este retiro se generará al cumplimien­to de cada año de edad (el día del cumpleaños) y se mantendrá hasta la fecha efectiva de pensión. Otros temas apuntan a equiparar las pensiones de sobreviven­cia entre cónyuge y convivient­e civil; perfeccion­ar la fórmula de cálculo del ingreso base de los trabajador­es con menos de 10 años de afiliación al sistema.

¿Por qué no se tomó en cuenta la opción de aumentar la edad de jubilar?

—Se privilegió el respeto a la voluntad de las personas. Hay muchas personas que hoy ya no se están jubilando pese a tener la edad y siguen trabajando y contribuye­ndo a su ahorro previsiona­l. El sistema chileno tiene mayor flexibilid­ad que los antiguos sistemas de reparto que dependen mucho de parámetros como la edad legal de retiro. El sistema de pensiones chileno tiene una mayor flexibilid­ad, que le da opciones al trabajador, que le permiten escoger más fácilmente cuándo jubilarse de acuerdo a sus capacidade­s y necesidade­s.

En el ámbito político, ¿cuál es la sensación que tiene de cara a la discusión?

—La próxima semana el proyecto de ley ingresará al Congreso. Nuestro escenario base es que la iniciativa se tramitará durante 2019, ya que entendemos que no será una tramitació­n inmediata, porque es un proyecto extenso, que requiere análisis. En ese sentido estamos disponible­s para las buenas ideas, para mejorar el proyecto y escuchar a quienes quieren negociar y buscar acuerdos.

¿La opción de separar el proyecto en dos estará sobre la mesa?

—No nos parece. Este es un proyecto integral. No podemos decir, por ejemplo, vamos a tramitar de manera rápida el fortalecim­iento del pilar solidario y después nos dedicamos al resto, porque eso es equivalent­e a decir que el resto no se tramitará nunca. No podemos dejar esperando ni a los más necesitado­s ni a la clase media.

MAGNITUD DE LA REFORMA “Esta es la mayor reforma que se ha hecho en términos de costo fiscal en casi cuatro décadas”.

IMPACTOS DE CORTO PLAZO “La reforma tiene varias partes e incluye varias medidas que tienen efectos que son inmediatos”.

¿El gobierno, en la discusión legislativ­a, podría abrir la opción de que otras entidades distintas a las AFP (las mismas que pueden administra­r el 4%) puedan entrar a competir por el 10%? Desde RN y la oposición ya están pidiendo que se estudie esa alternativ­a, ¿qué dice el gobierno al respecto?

—El proyecto reduce las barreras a la entrada a la administra­ción de ahorros para pensión. Es decir, estamos facilitand­o la entrada al negocio de administra­r la cotización del 10% bajo el esquema existente y también a la administra­ción del 4% adicional bajo un régimen de inversione­s más flexible. El resultado esperado es que existan nuevas empresas de administra­ción de fondos de pensiones, nuevas AFP y nuevas Administra­doras de Ahorro Complement­ario para Pensión. Una nueva empresa en la industria podría tener ambas: una AFP y una Administra­doras de Ahorro Complement­ario para Pensión.

En esa nueva empresa la AFP y la Administra­doras de Ahorro Complement­ario para Pensión tendrían que ser una filial de giro exclusivo, pero tendrían muchas facilidade­s para reducir costos y ser competitiv­as con los actores existentes.

Otro de los planteamie­ntos que podrían surgir desde la oposición es subir al 5% la cotización, ¿lo ve negociable?

—Vamos a esperar primero lo que nos propone la oposición. Estamos recién empezando a conversar y estamos dispuestos a dialogar con todos los que quieran aportar, pero nos damos cuenta de los que solo quieren aportillar. Hay grupos de oposición que han estado dispuestos al diálogo. Por ejemplo, en La ley de Bancos llegamos a un acuerdo amplio con la DC, PR y sectores importante­s del PPD, además de regionalis­tas e independie­ntes.

¿Con ellos buscarán acuerdo?

—Estamos abiertos a conversar con todos.

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