La eterna tramitación ante el TDLC: tras más de dos años, tres causas esperan el fallo
El miércoles, el tribunal resolvió la consulta de Achet respecto de los JBAs de Latam, AA e IAG. El análisis tardó más de dos años, cuando el promedio es de siete meses. Así, hoy hay causas cuyas audiencias fueron hace más de un año y aún no hay sentencia. Están en acuerdo o en estudio. El organismo reconoce la demora, explica los porqués y toma medidas.
FFueron casi dos años y tres meses. El miércoles en la tarde, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) finalmente resolvió la consulta que la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) presentó en agosto de 2016 sobre el acuerdo comercial (joint business agreements (JBAs) de Latam Airlines, British Airways/Iberia (IAG) y American Airlines (AA). Tras un extenso análisis, la autoridad antimonopolio decidió aprobar la transacción, aunque con una serie de medidas que mitiguen los posibles daños a la competencia, marcando un hito en los plazos del tribunal. Es que -según altas fuentes del sectorla extensión de los tiempos para esta consulta en particular fueron inéditos a nivel mundial. Aún más, Chile era la única jurisdicción que aún no se pronunciaba acerca de la operación, que ya había sido visada por Colombia, Uruguay y Brasil.
Es que según las propias estadísticas del TDLC, una consulta se resuelve en siete meses y medio; hoy, entre la audiencia pública de la causa en junio de 2017, y que quedara en acuerdo -en mayo de 2018-, pasó bastante más que el plazo en que debía resolverse el proceso completo. Al final, tardó dos años y tres meses en tenerse el veredicto, situación que incluso contravino el mismo espíritu de la nueva normativa de libre competencia acerca de las operaciones de concentración, destacan fuentes del sector. Según la regulación vigente, desde la notificación ante la Fiscalía Nacional Económica hasta la resolución -incluyendo la opción de revisión por parte del TDLC- debiera transcurrir como máximo un año.
De hecho, a abril de este ejercicio -según la Cuenta Pública de la FNE- se habían aprobado 29 operaciones de concentración. De ellas, 25 habían obtenido el visto bueno en un plazo promedio de 18 días hábiles. En tanto, cuatro -a las cuales se les aplicaron medidas- tardaron 48 días hábiles.
Es que, definitivamente, hoy los plazos han sido una preocupación permanente de las autoridades antimonopolio. Y si bien hasta antes de 2016 los tiempos de tramitación se habían mantenido constantes, la realidad indica que actualmente los plazos -en múltiples causas- se han excedido de manera considerable. Hoy, hay causas que descansan años en el TDLC sin ver la luz. A la espera de sentencias -en estudio o acuerdo- existen tres procesos ingresados hace más de dos años, incluso hay un par que ya se acerca o supera los tres ejercicios: el denominado “caso supermercados” y el relacionado con las licitaciones de Cenabast.
Causas en análisis
Entre abogados de libre competencia la opinión es similar: precisan que el tribunal está colapsado y que es evidente el retraso en la tramitación de causas que ha tenido la administración del presidente actual del tribunal, Enrique Vergara -quien asumió en 2016-, versus la era de Tomás Menchaca, entre 2010 y 2016. Tal visión es compartida por el mismo Vergara: “Efectivamente, el TDLC ha tardado más de lo esperable en fallar algunas causas relevantes. Lo anterior se debe a diversas razones, principalmente a que desde 2016 en adelante el número de causas ingresadas ha aumentado exponencialmente”, señala. Subraya que solo en el último año estas se han más que duplicado respecto del período anterior. “Además, este tribunal ha comenzado a tramitar nuevos procedimientos que responden a las atribuciones adicionales que le encomendó la Ley N°20.945, las que han requerido de un acucioso estudio y dedicación suplementaria”, señala.
A abril -según estadísticas del propio TDLC- había 22 causas contenciosas en proceso. De ellas, hay cuatro que dicen relación con colusiones, tres de las cuales llevan más de dos años en análisis. Incluso, aquella respecto del supuesto cartel de los supermercados en el negocio del pollo, cumplirá tres años en enero y está recién en estudio. Lo mismo ocurre con el caso de la colusión de las navieras, donde la FNE acusó a CSAV, CCNI, Eukor, K-Line, MOL y NYK de haberse coludido desde el año 2000 en los procesos de contratación del servicio de transporte de vehículos traídos a Chile desde Europa, América y Asia. Esta ingresó en 2015 al TDLC, o sea, ya superó el trienio.
Situación similar vive el caso llamado contra Fresenius y otros. En él, la FNE acusó a los laboratorios Biosano, Fresenius Kabi Chile y su filial Sanderson de armar un cartel para afectar licitaciones convocadas por Cenabast para adquirir ampollas de medicamentos. Este recién está en acuerdo, y se destapó en agosto de 2016.
Así, todo estos procesos están sobre los plazos históricos informados por el tribunal. Según sus estadísticas, una causa contenciosa debiera resolverse en 625 días corridos, es decir, un año y nueve meses. Aún más, desde la vista de la causa -etapa donde se realiza la audiencia pública previa al fallo- y la sentencia, debieran pasar 90 días. La vista de la causa de supermercados fue en diciembre de 2017, y aún no hay resolución. En el caso de las navieras, la audiencia fue en marzo de este año, mientras que la relacionada con el caso Cenabast fue en enero.
Y el TDLC ya toma medidas. “Estamos muy conscientes de la importancia de los plazos de tramitación de las causas que conocemos debido al impacto que estas tienen en las actividades económicas”, señala Vergara. Y agrega: “Por lo anterior, hemos reforzado una serie de medidas de gestión interna tendientes a hacer frente a este desafío y evitar futuras dilaciones. Nuestro equipo está desplegando su mayor esfuerzo para dictar las sentencias en el menor tiempo posible, manteniendo los estándares de calidad que han caracterizado a este tribunal”, concluye.
“Efectivamente, el TDLC ha tardado más de lo esperable en fallar algunas causas. Lo anterior se debe a diversas razones, principalmente, a que desde 2016 el número de causas ingresadas ha aumentado”.
“Estamos muy conscientes de la importancia de los plazos de tramitación (...). Por lo anterior, hemos reforzado una serie de medidas tendientes a hacer frente a este desafío”.