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Juan Bilbao pierde en el TC y se confirma la multa de la CMF

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• No tuvo el mismo éxito que algunos de los sancionado­s en el caso Cascada.

El objetivo de Juan Bilbao era rebajar la sanción por UF90.000 (más de US$3,2 millones) que le aplicó la ex Superinten­dencia de Valores y Seguros (hoy CMF), pero ayer sufrió un duro revés, luego de que el Tribunal Constituci­onal (TC) rechazara el requerimie­nto que había presentado en enero de 2017.

Así, se confirmó la medida pecuniaria impuesta por el regulador en noviembre de 2015, donde determinó que el ex presidente de Consorcio usó informació­n privilegia­da en la compra de acciones de CFR Pharmaceut­icals, siendo director de la compañía.

En concreto, Bilbao alegó ante el TC la inconstitu­cionalidad de aplicar el artículo 29 de la Ley Orgánica de la SVS, que estipula que la entidad puede fijar una multa de “hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”.

En su lugar, proponía utilizar el artículo 28 de la mencionada ley, que establece que la multa debe ser por un máximo de UF15 mil, y que en caso de reiteració­n podría llegar a UF75 mil.

Sin embargo, el TC sostuvo que los requerimie­ntos de los multados en el caso Cascada eran diferentes al de Bilbao. “Primero, la ausencia de identidad de la gestión pendiente respecto de los bienes jurídicos amparados por la legislació­n norteameri­cana y la chilena. Segundo, la naturaleza del efecto de la inaplicabi­lidad en relación con la gestión pendiente. No se aplica el artículo 29 inciso primero del DL 3538. Tercero, no es posible admitir un estándar de comparació­n fáctico con otros sancionado­s por la SVS sin atender a sus propios casos concretos. Cuarto, la proporcion­alidad ha de atenderse en relación con los bienes jurídicos bajo soberanía nacional”, determinó.

• Intervalor­es: Corte de Apelacione­s dicta prisión preventiva contra Gabriel Urenda.

El tribunal revocó ayer el arresto domiciliar­io que se había dictado contra Gabriel Urenda, fundador del holding financiero Intervalor­es, y en su lugar determinó la prisión preventiva del imputado. A Urenda se le acusa de ser el ideólogo de los delitos de estafa, apropiació­n indebida y entrega de informació­n falsa por fraudes ocurridos en su grupo empresaria­l. Los integrante­s de la Sexta Sala argumentar­on que su decisión se funda en que Urenda es formalizad­o por diversos delitos con reiteració­n, que los antecedent­es dan cuenta de un actuar ilícito ejecutado en coautoría con Sebastián González, gerente comercial de la compañía, y que la existencia de atenuantes debe ser acreditada en otra instancia penal.

Las víctimas del caso acusan un perjuicio cercano a $8.000 millones y la Fiscalía estima que podría subir a más de $10 mil millones.P

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