¿Cómo funciona el “negocio” tras la defensa de los consumidores?

El millonario pago que recibieron Conadecus y Odecu de parte de CMPC tras el caso tissue generó dudas respecto de sus fuentes de financiamiento. Las asociaciones defienden su labor y el gobierno abrirá proceso fiscalizador.

U Una veintena de años llevan las asociaciones de consumidores operando en el país. Desde la década de los 90 que estas organizaciones son la voz de los usuarios, y desde 2004 tienen legitimidad para litigar en nombre de los clientes. Hoy, están en todo tipo de casos y se hacen parte de múltiples juicios, forzando cambios radicales en industrias, como es el caso de las telecomunicaciones y el reciente fallo de la Corte Suprema respecto de la banda 700. Todo ello ha abierto un debate complejo entre el interés que mueve a estas asociaciones bajo la bandera de los consumidores. Nadie desconoce su rol y la necesidad de su existencia como contrapeso de las empresas, pero sí miran con resquemor el límite entre defender a los usuarios y los honorarios que ello conlleva.

Hasta los millonarios pagos por parte de CMPC nunca se había puesto el foco en el hecho de que estas entidades sí reciben dinero de las compañías -bajo el concepto de costas o gastos procesales-, en el marco de acuerdos con estándares desconocidos.

Hoy, la legislación prohíbe que las asociaciones de consumidores reciban ayudas o subvenciones de empresas que suministren bienes o servicios a consumidores. La legislación plantea que no pueden desarrollar actividades lucrativas, con excepción de aquellas necesarias para el financiamiento o recuperación de costos en el desarrollo de actividades que les son propias. El problema -subrayan en el sector- es que esos pagos se acuerdan al margen del público.

Todo esto ha derivado en peticiones de más transparencia. El 25 de septiembre, el diputado Sebastián Torrealba presentó un proyecto para justamente elevar esos estándares.

En marzo, en tanto, empieza a regir la nueva normativa del Sernac, que obligará a estas organizaciones a transparentar sus fuentes de financiamiento, incluidos los montos que reciben por concepto de costas. Esto vendrá de la mano de más atribuciones: podrán hacer mediaciones y juicios individuales, van a poder reconocer excedentes y distribuir costas y utilidades.

Al alero de ello, la División de Asociatividad y Economía Social (Daes) del Ministerio de Economía proyecta el próximo año realizar un plan de fiscalización sobre todas estas organizaciones.

¿Quién es quién?

Las llamadas acciones de clase o

class action partieron en 2004 en Chile. El hecho de poder litigar dinamizó el negocio detrás de la defensa de los consumidores, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de las mismas. Antes de que se masificaran las demandas colectivas, sus únicos retornos derivaban de los socios, donaciones o el llamado Fondo Concursable del Sernac, un instrumento destinado a financiar proyectos que partió distribuyendo, en 2005, $ 50 millones y hoy ya bordea los $ 400 millones a distribuir entre todas las que presentan iniciativas. En marzo se duplicará; cifra menor para los $ 5 o $ 6 millones que cuesta mantener una asociación al mes, según reconocen Conadecus y Odecus.

Este escenario dio pie a que se potenciara la opción de litigar, una industria con abogados que encuen-

la legitimidad para actuar con la firma de una asociación. La ley dice que las asociaciones no pueden recibir plata de los juicios. En Estados Unidos los juicios pueden derivar en pagos de US$ 5 millones a los abogados, el equivalente a un 33% del monto a consumidores. En Chile hubo una propuesta de fijar las costas a asociaciones entre 2,5% y 4% del total, respaldada por las asociaciones, pero no avanzó.

Actualmente existen más de 140 asociaciones de consumidores -sin fines de lucro- registradas en la Daes. Tal proliferación se debe a que solo bastan 25 personas para constituirlas; en España te exigen mínimo 10.000. Del total de estas entidades, cerca de 35 mantienen sus datos al día y están vigentes. De ellas, del orden de 10 litigan.

Según información del Poder Judicial, ha habido 83 causas impulsadas por asociaciones de consumidores -se elevan a cerca de 330 si se suman las del Sernac- desde 2004. De las 83, en 24 se ha llegado a acuerdo, y hay más de 20 que se han archivado; aparece solo una sentencia. Es que las partes prefieren el avenimiento antes de avanzar en un extenso juicio. Situación que concuerdan en el sector- no está mal si primero se privilegia la compensación a los consumidores, el problema está cuando los consumidores pasan a un segundo plano. “La idea es que haya la mayor cantidad de demandas posibles. No está mal que las asociaciones demanden, el problema es lo que viene después y que se hagan ricos a costa de los consumidores. No solo abusó del consumidor el proveedor, sino que ahora lo hace quien lo defendía, eso es lo grave. Y se abusa inventando juicios y ganando lo que les correspondería a las víctimas”, explica el abogado de Puga & Ortiz, Matías Cortés, quien ha escrito varias columnas sobre la materia.

“En este caso (tissue) se trata de sumas exorbitantes, muy alejadas del sentido y espíritu de la ley, y que más bien muestran el germen de un negocio que, de fomentarse, parece más lucrativo para las asociaciones y sus asesores antes que un beneficio para los consumidores”, señaló el abogado Álvaro Ortúzar en una columna en octubre.

Tissue no ha sido la única empresa que ha pagado a las asociaciones. En los balances de Conadecus aparecen $150 millones por pago de costas en 2017, mientras que para 2016 declaran $ 63 millones. Ambos bajo el concepto de pasivos, ya que según detallan de ahí deben limpiar el monto con los gastos en los que incurren. Una vez limpios aparecen como ingresos. Así en 2016, como ingresos por costas aparecen $ 82 millones, derivados de los $ 160 millones que -señalan- les pagó Banco Estado, tras el término de una demanda colectiva.

Con esta fórmula, la última línea siempre ha redundado en resultados negativos. Y se mantendrían así este 2018, pese a los retornos del tissue. De hecho, confidencian que mostrarían una pérdida de $ 64 millones, pero que ahora han decidido imputar todas las costas como ingresos -ya no más como pasivos-, por lo que sus resultados ascenderán a $ 800 millones en excedentes.

En Odecu, en tanto, se detallan dos juicios con Banco de Chile, donde obtuvieron $ 17 millones y $ 26 millones por concepto de costas; $ 64 millones en 2014 también por juicios, y $ 167 millones en 2013 por igual concepto. De esos montos salen los honorarios y pagos a los asesores.

Según los balances de Odecu, en 2017, la asociación obtuvo ingresos por $ 92 millones -de ellos $ 5 millones vinieron de cuotas de los socios-, y su utilidad ascendió a los $ 9 millones. Por concepto de remuneraciones pagaron $ 30 millones.

Conadecus, en tanto, detalla ingresos por $ 8,2 millones -solo cuentan las donaciones y las capacitaciones.

Las más poderosas

Las asociación más importante es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), fundada en 1996 y presidida por Hernán Calderón, constructor PS, quien fue precandidato a concejal por Maipú, y que intentó ser candidato a diputado por la misma comuna. Hoy tienen 150 socios, y según la página del Poder Judicial ha interpuesto cerca de 24 demandas colectivas desde 2004 a la fecha.

En los casos emblemáticos, Conadecus es asesorado por el Estudio Bravo, liderado por el ex FNE Mario Bravo. Con ellos están en casos como la Banda 700 y el acuerdo de la FNE con Tianqi. Ese estudio recibió $ 540 millones por el caso tissue. Setran gún el estudio, es primera vez que reciben un pago en cinco años. Tras ello, dejaron sus oficinas en el centro para trasladarse a Isidora Goyenechea.

En materia de derechos del consumidor trabajan con Andrés Parra y también con Jimena Orrego, del estudio Juan Agustín Figueroa. Esta última lleva adelante una demanda contra Enel por las inundaciones del año pasado. Calderón precisa que aún ahí no hay un acuerdo firmado, pero que la compañía también se haría cargo del pago de honorarios.

Luego está la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) -con 42 socios activos-, liderada por Stefan Larenas, exiliado, que retornó a Chile el 93 y se incorporó en 1996 a Consumer International, organización de consumidores que tenía su sede latinoamericana en Chile. Recibe $ 1 millón por presidir la organización. “Vivo de eso más lo que tiene mi mujer”, dice.

Odecu trabaja desde sus inicios con el estudio Pérez Donoso. En el caso tissue, quien lideró el equipo fue el abogado Sebastián Reyes.

La primera acción colectiva impulsada fue de Conadecus contra BancoEstado -por el cobro indebido de comisiones- a tres meses de que se les autorizara litigar en 2004. Duró nueve años el juicio.

En 2006, Odecu se fue contra siete bancos, Boston, Santander, BBVA, Bci, Banco de Chile, Corpbanca y Estado por cobro indebido y cláusulas abusivas. Recuerda que con los tres últimos perdieron, “porque no quisieron avenir”. Con el resto “recibimos plata. El Boston, que fue el primero y lo único que quería era irse, pagó en dólares”, dice.

Destaca Larenas, eso sí, que solo han recibido dinero unas seis o siete veces y que han pasado años sin tener recursos. De hecho, asegura que desarrollaron una Otec donde cobran por realizar capacitación a empresas para tener dinero para la asociación. Y el mismo Larenas ha pedido dinero a familiares y amigos para mantener Odecu.

Conadecus, en tanto, también desarrolló una Otec. Calderón asegura que han recibido pago de compañías por concepto de costas solo “unas pocas veces”. Las únicas donde no se ve dinero es en aquellas que avanzan en tribunales, es decir, donde no se negocia con las compañías. “Es mejor una conciliación, porque el fallo no da la garantía de que se pueda ganar”, dice el dirigente. Reconoce, eso sí, que son las costas las que terminan de cubrir los gastos de la asociación, porque con los socios y capacitaciones no alcanza. En 2017, por estos conceptos, sumaron ingresos por solo $ 8,2 millones.

Ahora entrarán las costas provenientes del juicio que mantienen con Enel por las inundaciones. “Los abogados no son gratis, son a resultado”, dice el dirigente.

Es que 2018 ha sido de grito y plata. Con CMPC alcanzaron un acuerdo millonario por el caso tissue. En total, Conadecus obtuvo $ 2.275 millones, y Odecu, $ 520 millones. Cada consumidor recibió $ 7 mil -US$ 150 millones en total-. Solo por concepto de abogados se pagaron -en algunos casos- más de $ 500 millones. “No hay montos preestablecidos. Los abogados negocian. Conozco casos donde alguien que se hizo parte cobró US$ 5 millones para desistirse y nadie dice nada”, explica Calderón, sin querer revelar el nombre de esa parte. Ante la pregunta de si no considera alto lo pagado: “Los que alegan son los envidiosos y oportunistas”, señala. “Aquí nadie se reparte un peso”.

Y si bien en el acuerdo con el Sernac se hablaba de pago de gastos, el mismo Conadecus reconoció que solo el 60% sería para ello. De hecho, aseguran que con el saldo depositaron, en septiembre, $ 720 millones en un fondo mutuo, y $ 100 millones en un depósito a plazo, instrumento que ya habían utilizado en 2016 cuando se les pagaron $ 160 millones tras el caso BancoEstado. A raíz de eso obtuvieron intereses cercanos a los $ 2 millones y el Servicio de Impuestos Internos pidió explicaciones. Son asociaciones sin fines de lucro.

En Odecu, en tanto, aseguran que harán una auditoría para ver realmente los gastos en que incurrieron. Además, harán un directorio para evaluar el hecho de que un monto vaya al presidente.

En su oportunidad, el Sernac -al mando de Ernesto Muñoz- señaló que vigilarían esos reembolsos a las asociaciones. Muñoz precisa a Pulso Domingo que Sernac no tuvo injerencia en el pago a las asociaciones, y que solo supo los montos vía trascendidos informales de prensa. “El acuerdo se logró en el marco de una mediación colectiva iniciada por Sernac, y las condiciones del acuerdo fueron aprobadas por un tribunal. Entre esas condiciones está que la empresa reembolsaría los gastos incurridos por las asociaciones en la mediación y en el juicio, por lo que el servicio puede monitorear el cumplimiento de esta y cualquier otra parte del acuerdo”.

Desde el Sernac actual precisan, no obstante, que el acuerdo no explicitó ningún mecanismo de transparencia, o algún procedimiento público de vigilancia a esos gastos entregados a las asociaciones. “La cláusula indica que solo se reembolsarán los gastos incurridos, pero nada indica sobre costas o el pago de otros servicios ni del procedimiento para ello. El Sernac no tiene atribuciones legales para fiscalizar estos montos”.

“Hasta el caso tissue nadie sabía cuánto se llevaban las asociaciones de consumidores. A lo mejor, de haber sabido un consumidor podría haberla desautorizado, diciendo que ‘por qué se llevan $ 2.750 millones y yo $ 7 mil”, precisa Correa.

Pese a ello, las asociaciones son tajantes: “Nunca hemos bajado un juicio por concepto de costas”, enfatiza Larenas. Detalla que solo una vez -este año- perdieron con la Caja de Compensación Los Héroes, y pese a eso avenimos. Había como 5.000 personas que serían beneficiadas. Y nosotros nos quedamos como con $ 6-$ 10 millones”.

“Siempre hemos puesto por delante el interés de los consumidores”, enfatiza Calderón. Y emplaza: “Han tenido una campaña de desprestigio. Y sé de dónde viene. Yo sé que están mandatados”. No quiso decir por quién. ℗

“Estos no son aportes de las empresas, son gastos procesales. (...) No tenemos por qué comunicarles a ustedes esto. Tenemos los balances y se van a Economía”. HERNÁN CALDERÓN Presidente de Conadecus “Las acciones colectivas nunca han sido vistas por Odecu como un instrumento para ganar plata. Hemos recibido dineros por concepto de pago de honorarios unas seis o siete veces”. STEFAN LARENAS Presidente de Odecu

En septiembre, Conadecus destinó -de los excedentes del tissue- $ 720 millones a un depósito a plazo y $ 100 millones a fondos mutuos.

En los balances de Odecu aparecen cerca de $ 40 millones por conceptos de juicios con el Banco de Chile.

En marzo empieza a regir una nueva legislación que obliga a las asociaciones a informar sus fuentes de financiamiento, incluidas las costas.