Pulso

El último hito: logro en telecomuni­caciones

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El último gran logro de una asociación de consumidor­es se dio en junio pasado. Ese mes, la Corte Suprema falló a favor de Conadecus en una demanda que interpuso la asociación contra Claro, Entel y Movistar en 2014, acusándolo­s de acaparamie­nto del espectro de la banda de 700 MHz, sin respetar el límite de 60 MHz que pueden tener las compañías. El máximo tribunal ordenó devolver espectro, gatillando que la autoridad definiera un límite que las firmas pueden manejar. Abogados de la plaza concuerdan en que nunca pudieron entender cuál era el interés que la asociación aseguraba defender, mientras que expertos aseguran que la resolución perjudicar­ía el servicio de los usuarios.

De hecho, el ex Subtel Pedro Huichalaf, le hizo ver a Conadecus su escepticis­mo al alero de una comisión en la Cámara de Diputados, señalan conocedore­s. Conadecus se molestó de solo escuchar tal emplazamie­nto. “Todos los subsecreta­rios han sido capturados por la industria. Las empresas de telefonía tienen capturada a la Subtel”, señala a PULSO el presidente de la asociación, Hernán Calderón. En septiembre de 2017, el exsubsecre­tario de Telecomuni­caciones, Rodrigo Ramírez, convocó a una mesa de trabajo a Entel, Movistar y Claro. En la oportunida­d también participó el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, y sus asesores, Óscar Cabello e Israel Mandler. En esta instancia, las compañías ofrecieron extender la gratuidad de internet a un sinnúmero de escue- las públicas, entre varios otros puntos, donde hubo acuerdo, pero finalmente la mesa se cayó. Conocedore­s precisan que esto se debió a las tratativas de las costas del proceso. Al margen de la mesa pidieron US$ 800 mil por empresa. Las compañías se negaron. Meses después fueron demandadas. Calderón niega estos hechos. Asegura que lo ofrecido para los usuarios no fue suficiente: “Daban dos años de gratuidad a 500 escuelas rurales, y les pedimos cinco mínimo (...). Es falso (lo de pedir dinero)”. El estudio externo de la asociación, Estudio Bravo, liderado por el abogado Mario Bravo, precisa que “difícilmen­te podría haberse concretado esto sin haberse acordado previament­e medidas procompeti­tivas entre las partes”.P

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