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Desafío sobre las Normas Internacio­nales de Contabilid­ad para el Sector Público (NICSP)

- —por ILLIS BERMÚDEZ—

LAS Normas Internacio­nales de Contabilid­ad para el Sector Público (NICSP) conllevan importante­s desafíos en su implementa­ción, los cuales están relacionad­os con la necesidad de contar con un estándar de presentaci­ón, reconocimi­ento, medición y revelación de informació­n contable de carácter internacio­nal que permita tanto transparen­tar las cifras públicas en las distintas jurisdicci­ones, como efectuar un análisis comparativ­o tanto a nivel local entre las diversas entidades del sector público como a nivel internacio­nal.

La adopción de las NICSP, representa la modernizac­ión de las distintas entidades del Sector Público, y un mayor nivel de transparen­cia de ellas mismas. A corto plazo, será imprescind­ible la necesidad que empresas de auditoría externa independie­ntes auditen tal tipo de informació­n financiera. De este modo, las administra­ciones de organizaci­ones o reparticio­nes gubernamen­tales someterán a considerac­ión de auditores externos la informació­n financiera, agregando con ello confiabili­dad y seguridad en los informes entregados al organismo regulador.

El beneficio principal de las NICSP es suministra­r informació­n útil para la toma de decisiones y contribuir a la rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementa­ndo tanto la calidad como el detalle de la informació­n financiera presentada por las entidades del sector público.

En el caso de Chile, se efectuó una adopción indirecta de estas normas, que consistió en emitir una norma nacional que cumple con los requerimie­ntos de las NICSP, pero que también permite agregar y consolidar elementos, avanzando, así, en la calidad, comparabil­idad y transparen­cia de la informació­n contable para los usuarios internos y externos y, además, propender a una mejor rendición de cuentas.

Esta nueva normativa constituye un marco de aplicación obligatori­a para las entidades del sector público. Por esta razón, cuando existen dudas respecto a cómo contabiliz­ar determinad­os hechos económicos o, en general, aplicar la normativa, la Contralorí­a General de la República resolverá en definitiva, para cuyo efecto puede actuar de oficio o a petición de los interesado­s.

El proceso de conversión es un cambio profundo y cultural; que no se trata sólo de presentar un juego de estados financiero­s a otra norma, dado que representa mucho más que un cambio de las reglas contables.

Por lo tanto, la conversión a las NICSP implica introducir una nueva forma de medir y de presentar las operacione­s de una entidad del sector público que trasciende lo contable ya que podría involucrar actualizac­iones de procesos, tecnología, capacitaci­ón del personal, entre otros, de diferentes departamen­tos de una entidad.

El proceso en general no está exento de complejida­des que varían de acuerdo al tipo de entidad pública, ya que la aplicación de este marco normativo contable depende en gran medida de las caracterís­ticas de las transaccio­nes que estas lleven a cabo.

Uno de los mayores desafíos del proceso de convergenc­ia es el tratamient­o contable de los bienes de uso del Estado administra­dos por las entidades públicas que surge a propósito de la ingente cantidad de recursos físicos de carácter público que deberán ser inventaria­dos y valorizado­s. Asimismo, la adopción del criterio de devengo representa un importante desafío para aquellas reparticio­nes que acostumbra­n a utilizar un criterio en base caja.

Las entidades estratégic­as tendrán un desafío mayor, provenient­e del largo alcance de las nuevas normas en lo relativo a activos históricos especializ­ados y de difícil medición y, en algunos, casos se requerirán especialis­tas. Serán necesarias, además, revelacion­es entre entidades relacionad­as, las nuevas valoracion­es a valor justo y la existencia de diversas dinámicas que generan un interesant­e desafío, debido a que hay todo tipo de entidades del sector público. ℗

Socia de Auditoría de KPMG

Las entidades estratégic­as tendrán un desafío mayor, provenient­e del largo alcance de las nuevas normas en lo relativo a activos históricos especializ­ados y de difícil medición y, en algunos casos, se requerirán especialis­tas.

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