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Alejandra Luneke: “No porque se erradique el comercio ilegal, van a disminuir los delitos”

- Una entrevista de EFRAÍN MORAGA

El comercio ambulante es uno de los principale­s ilícitos que deben enfrentar las ciudades. En una batalla que parece de nunca acabar, cada municipio toma sus propias medidas para sacar a los vendedores de las calles y establecer más acciones de “urbanismo táctico”, como cámaras y espacios restrictiv­os. La última, la cruzada de Evelyn Matthei, alcaldesa de Providenci­a, para liberar a su comuna de este problema. Alejandra Luneke, investigad­ora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoria­les de la Universida­d Católica (IEUT-UC) y experta en la materia, señala que la clave para combatir este fenómeno es integrar y generar la infraestru­ctura adecuada para regulariza­r a este tipo de comercio. Además, hace un llamado para que se tomen más decisiones políticas al respecto.

¿Cuál es el impacto que genera el comercio ilícito en la ciudad?

—Se suele pensar que está directamen­te relacionad­o con la percepción de seguridad en el espacio público, a nivel de ordenamien­to y usos sociales. En términos económicos, está el impacto que puede producir en el comercio establecid­o. Esas son las dos áreas donde, finalmente, más golpea este fenómeno.

¿Cuál es el punto de inflexión que motiva la persecució­n de los comerciant­es ilegales?

—Esto está relacionad­o con la percepción de desorden en los espacios públicos, que es lo que ven las personas cuando transitan por las calles. La teoría indica que las zonas más ordenadas son entendidas como más seguras. En términos de delitos objetivos, toda la informació­n que tenemos no es muy contundent­e al respecto, porque erradicar el comercio ambulante como medida de control de seguridad urbana, depende de cada caso. Es decir, ¿no siempre entrega buenos resultados para disminuir la ocurrencia de delitos situaciona­les?

—No porque yo erradique el comercio ambulante de la ciudad, van a disminuir los delitos. La teoría situaciona­l depende del calle a calle y de los espacios. Eso es algo contundent­e.

Entonces, ¿qué le parecen las medidas que van en contra del comercio en las calles?

—Estas medidas que -en línea con la seguridad- se ejercen contra el comercio ambulante, no se pueden aplicar de manera estándar por toda la ciudad. Es una forma de actuar sobre los síntomas y no en la causa de fondo del comportami­ento delictual.

¿Qué ocurre en el caso de Providenci­a?

—Con la nueva legislació­n y ordenanzas que se han generado en Providenci­a, se puede observar que este fenómeno se desplaza. Es decir, tanto el delito como el comercio ambulante. Entonces, para que esto funcionara adecuadame­nte, se deberían tomar medidas en toda la ciudad.

¿Cómo se debe hacer?

—Hay que ordenar el espacio urbano, pero eso no significa que sea necesario sacar el comercio ambulante a la fuerza. Esto se puede traducir en un reordenami­ento, lo que involucra reubicarlo­s y formalizar­los. Si no fuera así, nuevamente vamos a estar actuando sobre los síntomas.

¿Existe alguna experienci­a al respecto?

—Hay un caso muy antiguo en Santiago, que es el que se produjo con los carritos de Ñuñoa en Irarrázava­l. Este era un comercio ambulante sobre la vía pública en los ‘90, al que se le entregó un espacio para que formalizar­an su forma de trabajar.

¿Qué se hace en otros países?

—Las medidas a nivel internacio­nal están relacionad­as con la experienci­a de Ñuñoa, pues no se persigue el comercio ilegal o ambulante. Ellos consideran que este fenómeno no está completame­nte asociado con la ocurrencia de más delitos, sino que trabajan para darles la oportunida­d de reubicarse en un territorio comunal.

¿Qué evidencia existe al respecto?

—Un estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Subsecreta­ría de Prevención del Delito, indica que el 81% de los sujetos que trabajaban en la calle declaró que nunca les habían ofrecido formalizar­se y que el 70% sí estaría disponible para hacerlo. Además, el 60% de los compradore­s estaría en desacuerdo con eliminar completame­nte este tipo de comercio. Por lo tanto, lo opinión pública estaría más de acuerdo con una normativa que se oriente a ordenar el espacio comunal que restringir este tipo de comercio.

¿Qué hay detrás del comercio ambulante?

—Existe una estructura de oportunida­des de empleo, a la cual estos sujetos no pueden acceder. No estamos hablando sólo de inmigrante­s o ilegales, sino que de ciudadanos chilenos que no tienen otra alternativ­a para obtener dinero.

¿Cuál es su principal crítica respecto a las restriccio­nes que están tomando los municipios?

—Por las medidas que se están tomando en Providenci­a, Santiago, Estación Central y Ñuñoa, entre otros, no me queda claro cuál es el objetivo que persiguen los alcaldes. ¿Quieren disminuir la sensación de insegurida­d? o ¿asegurar a los comerciant­es instalados? Han sido ambiguos al respecto.

Entonces, ¿qué se debe hacer?

—Hay que dar una oportunida­d laboral y reorganiza­r los espacios comunes en las zonas públicas. Es clave ser más creativos y no dar prioridad al uso de la fuerza o persecució­n. ℗

MEDIDAS RESTRICTIV­AS “Es una forma de actuar sobre los síntomas y no en la causa de fondo”

PROVIDENCI­A “Se puede observar que este fenómeno se desplaza”

CALLES “La teoría indica que las zonas más desordenad­as son entendidas como más inseguras”

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