Inocencia interrumpida,

Amediados de este año, Chile se adjudicó el puesto 26 en el indicador Country RepTrak® sobre reputación de países, informe que elabora el Reputation Institute. El estudio se basa en el análisis de variables que incluyen seguridad, entorno natural, ética y ausencia de corrupción, estilo de vida y hasta simpatía de la gente.

Allí se establece una relación directa entre reputación y desempeño económico: “1 punto de incremento en la reputación del país resulta en 0,9% de incremento en la proporción de llegadas de turistas per cápita, y 1 punto de incremento en la reputación del país resulta en 0,3% de incremento en ratios de exportaciones”.

Tiene lógica y resulta del todo razonable pensar que un país con buena reputación ofrece más confianza, más interés y mejores perspectivas de asociación. Sabemos muy bien que esto mismo se aplica a las empresas que gozan de buena reputación; éstas tienen mejores resultados globales que las que no.

La reputación, explica el Country RepTrak®, determina e influencia las experiencias directas de las personas, los estereotipos y las opiniones de terceros, lo que a la larga termina modelando las percepciones, las actitudes que finalmente afectan la creación de valor respecto de una marca; en este caso, una marca país. Y así es que -en nuestra inocencia- nos solazamos cada vez que Chile aparece mencionado en rankings como este u otros sobre transparencia o corrupción. Sí, en muchos de ellos ocupamos puestos de avanzada, pero nuestra inocencia se ve interrumpida cuando de la nada, nos enteramos de escándalos como los eventuales desfalcos en Carabineros o el Ejército o de prácticas como destrucción o falsificación de prue- bas por parte de la policía.

¿Por qué menciono todo esto? la falta de transparencia impacta de manera irremediable el normal funcionamiento del Estado, afectando al estado de Derecho. Y lo sabemos de sobra: la corrupción tiene efectos devastadores en la confianza en las instituciones, en la eficacia del gasto público y en servir de aliciente para prácticas inadmisibles de públicos y privados.

Esto a la larga se traduce en pérdida de confianza de los mercados, aumento de los costos en las deudas soberanas, menos productividad, menos innovación, menos crecimiento y en el estancamiento de las políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad.

El asunto que inquieta es que ya llevamos décadas de escándalos financieros y comerciales, casos de financiamiento ilegal de la política y –ahora- se suman prácticas delictivas en instituciones que antes gozaban de gran confianza y adhesión entre la ciudadanía, lo que parece ser síntoma sólo de dos cosas: o que el fenómeno de la corrupción pública y privada ha aumentado, o que ahora ésta está saliendo a flote gracias a mejores mecanismos de detección.

Cualquiera sea el caso, es hora de ponerle freno de golpe, porque un punto menos en nuestra reputación de país -construida por gobiernos, empresarios, instituciones sociales, ciudadanía y fuerzas armadas y de orden- nos va a impactar de lleno en nuestras perspectivas de crecimiento, desarrollo humano, clima de negocios y quién sabe qué más. La inocencia ya fue interrumpida, así que ¿ahora qué hacemos? ℗

Experta en compliance, prevención de delitos y anticorrupción