Corfo a un paso de recuperar el jarrón. Llega a acuerdo con La Pintana y Viña
El municipio viñamarino acordó pagar $1.934 millones en seis cuotas anuales, mientras que La Pintana, los $1.377 millones en 12 cuotas.
—Cada vez más cerca de recuperar las pérdidas originadas por el caso Inverlink está Corfo. Cerró un acuerdo con las municipalidades de La Pintana y Viña del Mar. Ahora falta la disputa con BBVA (ahora Scotiabank).
—El lunes 29 de enero de 2003, un hecho fortuito destaparía uno de los escándalos económicos más relevantes en la historia de Chile. Ese día, el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, recibió por error un correo electrónico que develó que su secretaria, Pamela Andrada, filtraba información privilegiada a la extinta corredora de bolsa Inverlink.
Tras ello, se inició una investigación que descubrió a Javier Moya, tesorero de Corfo, robando documentos de depósitos a plazos para enviarlos a Inverlink. La pérdida se cifró en nada menos que $85 mil millones. De este modo, Corfo presentó una querella ese año y abrió diversas aristas, que luego involucraron nuevas acciones legales y que hasta ahora han permitido recuperar más de $55 mil millones y condenar a varios de los involucrados.
En ese contexto, esta semana Corfo firmó dos convenios, por separado, con las municipalidades de Viña del Mar y La Pintana. Lo anterior, en el marco de una de las aristas civiles del caso Inverlink, denominada “demandas de restitución por provecho del dolo ajeno”.
En el caso de Viña del Mar, según conocedores de la operación, el organismo estatal acordó con el municipio el pago de una deuda por $1.934 millones, dividido en seis cuotas anuales. La primera cuota deberá ser pagada en 2018 y la última en 2023.
Respecto al convenio al que llegó con La Pintana, implica que la municipalidad pagará una deuda por sobre los $1.377 millones, en 12 cuotas anuales. La primera de ellas se debe efectuar en 2018 y la última en 2029.
De este modo, Corfo se acerca a recuperar los recursos sustraídos, o el “jarrón perdido”, como lo calificó en su momento Ricardo Lagos, quien era Presidente cuando explotó el caso. PROVECHO DEL DOLO AJENO. Cuando se conoció el uso de información privilegiada por parte de Inverlink, gran parte de sus inversionistas corrieron a efectuar rescates de los fondos que tenían depositados en la firma financiera.
Y como el holding ya no tenía recursos propios para costear los retiros, el dueño de Inverlink, Eduardo Monasterio, y sus cómplices sustrajeron papeles de Corfo. Así, una vez que los liquidaron en el mercado pudieron pagar los retiros de los inversionistas, sin que estos supieran que provenían de fuentes mal habidas.
Entre los clientes que recibieron dinero de estas operaciones se encuentran, justamente, los dos municipios que acaban de llegar a acuerdo con el organismo estatal.
Dentro de ese grupo, que involucró a unas 26 entidades, también se encontraban algunas grandes empresas, tales como Sacyr y la Compañía Chilena de Tabacos.
En algunos de sus fallos sobre estos casos, la Corte Suprema determinó que “tal suma fue íntegramente pagada a la demandada con dineros ‘mal habidos’, obtenidos mediante actuaciones financieras fraudulentas cometidas en perjuicio de la demandante, Corporación de Fomento de la Producción”.
CORREDORA DE BBVA. Otra de las aristas que aún no se cierra es la que involucra a BBVA Corredora de Bolsa, que fue absorbida por Scotiabank Chile al igual que el banco del mismo nombre.
Del total del monto que Corfo dio por perdido en su minuto, cerca de $29 mil millones se perpetraron mediante operaciones triangulares a través de dos intermediarias: BBVA y la otra, paradójicamente, Scotiabank.
Mientras esta última llegó a un acuerdo con Corfo, acordando el pago de cerca de $3 mil millones, la corredora de BBVA se seguía oponiendo, no obstante en abril de 2016 provisionó $15 mil millones a raíz del caso.
Actualmente, se está a la espera de lo que decida la Corte Suprema, instancia a la que acudió la intermediaria para rechazar ciertos aspectos del pago.P
Arista del caso Las deudas de los municipios se enmarcan dentro de las “demandas por restitución por provecho del dolo ajeno”.
El caso se destapó de forma fortuita en enero de 2003, cuando el presidente del Banco Central descubrió que su secretaria enviaba información privilegiada a Inverlink.