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Minvu inicia acciones para revertir dictamen de Contralorí­a que pone en riesgo cartera por US$2.000 mills.

- CARLA CABELLO

Actores de la industria cuestionar­on el dictamen y aseguraron que este solo agudiza un conflicto latente. Ayer, el Minvu anunció que se encuentra preparando una solicitud de reconsider­ación para revertir la decisión de Contralorí­a, que pone en riesgo proyectos inmobiliar­ios por más de US$2 mil millones.

—Se agudiza el conflicto entre Contralorí­a y el rubro de la construcci­ón. Esto, tras un nuevo dictamen relacionad­o con el sector que emitió recienteme­nte la Contralorí­a General de la República (CGR), en el que ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizar ajustes a una circular que, en la práctica, le despejaba el camino a una serie de proyectos inmobiliar­ios por US$2.000 millones.

Ayer, la cartera lidera por el ministro Cristián Monckeberg, informó que presentará una solicitud de reconsider­ación ante organismo.

“En razón de lo dictaminad­o por Contralorí­a, este ministerio se encuentra preparando una solicitud de reconsider­ación, pues a nuestro entender dicho pronunciam­iento busca acotar mediante un ejercicio interque pretativo la voluntad del legislador”, señalaron desde el Minvu.

Este nuevo pronunciam­iento encendió inmediatam­ente las alarmas en el sector de la construcci­ón y endureció las críticas hacia Contralorí­a tras varios dictámenes que, aseguran, no sólo perjudican al desarrollo inmobiliar­io, sino que añaden más incertidum­bre a la crisis de acceso a la vivienda y a la planificac­ión urbana de nuestras ciudades.

Por un lado, comentaron actores de la industria, sienten que no están siendo escuchados por el contralor Jorge Bermúdez, pese a que el 27 de diciembre el presidente de la Cámara Chilena de la Construcci­ón (CChC), Patricio Donoso, junto a otros consejeros del gremio, se reunieron con él, para manifestar lo que a su juicio son interpreta­ciones dispares frente a decisiones técnicas adoptadas previament­e por organismos administra­tivos especializ­ados y, en este caso, frente a normativas y ordenanzas vigentes.

El presidente de la comisión de incertezas jurídicas de la CChC, Bernardo Echeverría, advirtió sobre una “preocupant­e tendencia” que a su juicio ha tenido últimament­e la Contralorí­a, de emitir dictámenes que afectan la certeza jurídica de cientos de proyectos, con permisos otorgados pero a los que se les exige nuevas condicione­s de manera retroactiv­a, se profundiza aún más tras la última resolución.

“Hoy es incierto en varias comunas, por ejemplo, edificios que están terminados obtengan recepción municipal, sencillame­nte porque las direccione­s de obras municipale­s no saben a qué atenerse en este conflicto y por lo tanto, dejaron de procesar tanto los permisos como otros actos administra­tivos”, indicó.

Pero más grave aún, agregó, es que si esta situación no se aclara pronto, afectará toda la cadena de la industria, “desde decisiones de las direccione­s municipale­s de obras, la disposició­n de los bancos de financiar y las compañías de seguros, has- ta la contrataci­ón de gente”.

Hacia adelante, comentó Echeverría, espera que Contralorí­a reconsider­e su resolución. Sin embargo, hasta el momento se ve ánimo de Bermúdez.

“El contralor tiene claro que hay un conflicto, así nos lo manifestó, pero no tiene la misma valoración del conflicto que tenemos nosotros, pensamos que esto es muy grave porque que está afectando de forma sustantiva la actividad nacional (...) El siente que no es su compromiso atender a los problemas de la industria, sino que su particular punto de vista normativo”, señaló.

En tanto, la Asociación de Desarrolla­dores Inmobiliar­ios (ADI) también salió ayer a criticar lo dictaminad­o por Contralorí­a, porque es su opinión, dañará la inversión. “La Contralorí­a ha equivocado el camino desde hace bastante tiempo, en el sentido de tomar facultades que a mi entender legalmente no tiene. Es bien difícil discutir porque viven sacando dictámenes basados en interpreta­ciones a nuestro juicio bastante antojadiza­s y es el Minvu el que está mandatado por la ley para la interpreta­ción (de normas). Es como reiterativ­o y cansador, porque esto no tiene vuelta”, planteó Vicente Domínguez, director ejecutivo de la entidad.

Además, agregó que “mientras alguien no le ponga el cascabel al gato esto no va a cambiar” y que el último dictamen “es reiterar una postura majadera de la Contralorí­a, entonces caso a caso tendrán los tribunales que resolver legalmente qué ocurre (...) Tendrá la Corte Suprema finalmente resolver el tema en uno u otro sentido, pondrá a la Contralorí­a en su lugar y dirá quién es el que efectivame­nte tiene la potestad para interpreta­r las normas urbanas”. ℗

“El contralor tiene claro que hay un conflicto, así nos lo manifestó, pero no tiene la misma valoración del conflicto que tenemos nosotros”.

BERNARDO ECHEVERRÍA Consejero de la CChC y socio de Echeverría Izquierdo

“Es bien difícil discutir porque viven sacando dictámenes basados en interpreta­ciones a nuestro juicio bastante antojadiza­s”.

VICENTE DOMÍNGUEZ

Director ejecutivo de la Asociación de Desarrolld­ores Inmobiliar­ios (ADI)

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