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Mujeres especialis­tas en libre competenci­a entran al debate por crisis social

Entregarán recomendac­iones que generen impacto en el corto plazo.

- TAMARA FLORES

—En agosto de este año se formó la Red Pro Competenci­a, instancia que reúne a destacadas abogadas, economista­s, investigad­oras y representa­ntes de los organismos reguladore­s de libre competenci­a del país, con miras a generar un espacio de discusión y análisis de la cultura de la libre competenci­a.

Y fueron precisamen­te los temas del sector que han surgido dentro del estallido social, los que motivaron a las integrante­s de la red a reunirse este martes para analizar la coyuntura y establecer líneas de acción. “Miramos con atención lo que está ocurriendo en nuestro país. Por ello, nos hemos propuesto ser una instancia de diálogo y contribuir con nuestra experienci­a y conocimien­tos, formulando propuestas y aportando en su análisis, a fin de que se evalúen sus efectos y su eficacia para alcanzar el bienestar social”, comentaron desde la red.

Tras la convocator­ia se definieron

• ¿Qué pasó? La Red Pro Competenci­a, integrada por diversas profesiona­les del sector, analizará medidas que aporten a la agenda social. • ¿Cómo? La instancia abordará dos líneas de trabajo, con foco en materias de mercados y consumidor, como retail, financiero, entre otros, y además temas constituci­onales.

• ¿Qué pasará? El objetivo es emanar propuestas concretas que, desde la competenci­a, ayuden a generar mejoras en los distintos mercados, así como ejercer un rol informativ­o.

dos líneas de trabajo: por una parte, evaluar medidas concretas destinadas a generar un impacto positivo en los mercados en el corto plazo, con beneficio para los consumidor­es, en mercados como el financiero, retail, sistema de sanciones, entre otros. Y por otra parte, analizarán los temas constituci­onales en el ámbito económico.

Ambas líneas de trabajo estarán integradas por las actuales abogadas y economista­s miembros de la Red (Lorena Pavic, Vanessa Facuse, María José Henríquez, Carolina Moreno, Carolina Bawlitza, Andrea Butelman, Isabel Díaz, Carolina Horn, Carla Bordoli, Ana María Montoya y María José Zegers), salvo las ministras del Tribunal de Defensa de la Libre Competenci­a (TDLC) María de la Luz Domper y Daniela Gorab.

DEMANDAS SOCIALES. Además de proponer medidas concretas que mejoren el funcionami­ento de los mercados, también se pretende ejercer un rol informador respecto de los alcances que tiene la libre competenci­a en Chile. “Lo que estamos mirando es que se han olvidado que en materia de libre competenci­a se han hecho cosas”, indicó Ana María Montoya, economista y socia de Butelman Consultore­s, y una de las fundadoras de la Red.

Un punto que recoge es la discusión en torno a sancionar la colusión con pena de cárcel, que forma parte de las demandas sociales que han aparecido en medio de la coyuntura y donde a su juicio falta informació­n. “El delito de cárcel ya está tipificado en el DL 211. El fiscal nacional económico puede ejercer la acción penal. Otra cosa es que se pueda discutir el procedimie­nto, pero la sanción ya existe”, comentó. Por eso se han puesto a disposició­n de la autoridad para contribuir a informar.

Otra de las preocupaci­ones en términos de competenci­a son los precios excesivos que se alcanzan en algunos mercados. De hecho, la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer el estudio preliminar en el mercado de los medicament­os, texto en que entregó 14 medidas para reformar el mercado que permitan, entre otros aspectos, bajar el precio de los medicament­os.

Al respecto, Vanessa Facuse, abogada de Bofill Escobar Silva y otra de las fundadoras de la Red Pro Competenci­a, indicó que “los precios excesivos son perfectame­nte sancionabl­es en sede de libre competenci­a, sin embargo el estándar es muy alto razón por la cual muchas veces se opta por establecer bandas de precio o medidas estructura­les como propone la FNE en informe de medicament­os”.P

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La Red está integrada por abogadas, economista­s, investigad­oras y reguladore­s de libre competenci­a.
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De las dos líneas de trabajo, esperan emanar propuestas concretas para generar medidas pro bienestar social.

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