Los acreedores privados de la deuda argentina con los que debe negociar Fernández
Se trata de colosos del mercado financiero internacional, entre ellos Pimco, Black Rock y Fidelity. Habría buen ánimo para negociar, aunque les preocupa la poca claridad sobre un plan económico para el país.
—A diferencia del proceso de reestructuración anterior, esta vez con respaldo del FMI de por medio, el gobierno de Argentina llegará en mejor posición para negociar con los acreedores privados de su deuda pública. Es a ellos a quienes el organismo internacional solicitó una “amplia colaboración”, frente a la propuesta formal que presentaría durante marzo el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, tras una ronda de conversaciones.
El gobierno de Alberto Fernández tendrá que vérselas con grandes jugadores de Wall Street. De hecho, de acuerdo a lo consignado por el diario local el Cronista, PIMCO (de Allianz SE), el líder de renta fija que en el mundo tiene bajos su administración US$1,9 billones (millón de millones), es el que figura a la cabeza de la lista, con una cartera de deuda argentina de casi US$5.000 millones.
Luego aparece Templeton con unos US$4.000 millones de bonos de la república transandina, otra gigante con una cartera global de US$717 millones. Algo más atrás se asoman Blackrock y Fidelity, que cuentan con alrededor de US$2.000 millones y US$1.500 millones de deuda argentina, respectivamente. En el primer caso, los activos bajo su administración a nivel planetario ascienden a US$6,96 billones, y en el segundo a US$2,96 billones.
La lista continúa con Northem Trust, Prudential Financial, T Row Price, AllianceBernstein y Neuberger Berman, los cuales acaparan bonos argentinos por menos de US$1.000 millones, un monto similar al que manejan algunas corredores locales, como Schroders, Consultatio y Delta.
De acuerdo a datos del ministerio de Hacienda, el 61,7% de la deuda en manos de privados está en dólares, un 16,1% está en euros y recién en tercer lugar, con 15,1%, aparece la que está en pesos argentinos.
Además, el 66,4% se acordó bajo la legislación local, mientras que un 33,6% se ampara bajo reglas extranjeras.
Considerando todas estas condiciones y el generalizado conocimiento respecto a que la deuda pública, que en su conjunto asciende a US$310.000 millones, es insostenible, “los acreedores están preparados para negociar y abiertos a escuchar al Gobierno. Saben que puede haber un recorte de capital, alargamiento de los plazos y hasta baja de intereses”, asegura Diego Traferro, presidente de ARG Asset Allocation.
Sin embargo, el éxito de la negociación no está garantizado. “El riesgo más grande es que no hay un plan económico a la vista y sin un plan económico es difícil generar un acuerdo”, resalta Traferro, quien cree que la falta de información podría ser una estrategia de adhesión al plan, ante los temores de un default.P