“No abogaría por una ley que les esté pasando directo recursos a las grandes empresas”

Vivianne Blanlot, directora de empresas y exministra

La vicepresidenta de Icare y directora de empresas asegura que lo obrado por Cencosud solo sirve para alimentar la idea de que las compañías priorizan sus finanzas sobre el entorno. Si bien se muestra contraria a que aquellas empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo no puedan repartir dividendos, sí asegura que es de toda lógica distribuir solo el mínimo legal. En esta entrevista analiza el actuar del gobierno, la nueva normalidad y el difícil escenario que se abrirá pospandemia.

Vivianne Blanlot dice transitar entre el optimismo y el temor respecto a lo que pasará con Chile. Si bien asegura que siempre fue la primera sensación la imperante, desde el 18 de octubre eso cambió. “Siempre he creído que este es un gran país, con un altísimo nivel de gente y con instituciones muy sanas, pero después del estallido social ese optimismo tambaleó, y me sentí muy angustiada, porque vi que todo lo anterior no bastaba para poder salir bien de una crisis como esa”, explica. “Ahora, fluctúo entre el optimismo y un temor grande sobre lo que va a pasar con mi país”, reconoce. Hoy, la vicepresidenta de Icare, exministra de Defensa y directora de varias empresas como Colbún, CMPC y AMSA, sostiene que Chile está en una situación extremadamente difícil. Y salir de ella no será fácil. Dentro de ese contexto, mira como hay una parte del sector empresarial que destaca, y otra que no da el ancho. Asimismo, valora el actuar del gobierno y delinea la nueva normalidad. Estamos en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, tras varios meses de estallido social. ¿Cómo está hoy Chile? -Estamos en una situación extremadamente difícil. Obviamente el estallido social reflejó una precariedad económica y social de buena parte de los chilenos y lo que va a ocurrir ahora, como consecuencia de la pandemia, va a ser un aumento del desempleo, caída del producto y eso va a golpear aún más fuerte a los sectores de menores ingresos. Entonces, evidentemente vamos a tener una situación agravada desde el punto de vista social y eso probablemente va a hacer que nuestro proceso de recuperación sea más difícil de manejar. Ahora, por otra parte, Chile dentro de los países afectados por la pandemia lo ha hecho bastante bien; es decir, tenemos instituciones que han mostrado que pueden responder y en forma bien organizada.

¿Cómo se ha manejado el sector empresarial en ese contexto? —Soy de la creencia de que no existe un solo sector empresarial. Por una parte, existe un número creciente de compañías que entienden que la sostenibilidad de la empresa solo se puede dar dentro de un ambiente de sostenibilidad social. Esas empresas han reaccionado con criterios claros de que la prioridad es proteger la salud de los colaboradores y, en la medida de lo posible, el empleo; ahora, hay otras empresas que no tienen esa posibilidad, y necesariamente tienen que hacer uso, por ejemplo, de la Ley de Protección al Empleo. Y después, hay un grupo de empresas que parece no haber entendido lo que está pasando, ni tampoco da la sensación que se hayan puesto muy a tono con la empresa del siglo XXI que está evolucionando hacia otro lado y no parecen estar privilegiando esa posición de la empresa dentro de la sostenibilidad social. ¿Existe un ejemplo de este último grupo?

—Sí. Respecto al uso de la Ley de Protección al Empleo uno espera que sea utilizada como complemento de usar los propios

recursos de la empresa para proteger el empleo. Eso significa que las empresas deberían repartir dividendos en el mínimo legal, o sea me parece tan simple, no se me ocurriría otra cosa. Pero tampoco está bien este otro tema de prohibir el reparto de utilidades, ya que existe un mínimo legal porque muchos de sus accionistas son personas que han puesto los ahorros de toda su vida ahí y ese es el ingreso del que dependen. Entonces, no es tan simple que, lo que es legítimamente de ellos, se diga que no se les va a entregar.

Hace mención a lo ocurrido con Cencosud. ¿Esa compañía es un ejemplo de este grupo que no ha entendido nada? —Evidentemente, así es como lo entiendo.

¿Y cuánto complica al sector lo realizado por Cencosud? —Lamentablemente, cuando ocurre este tipo de cosas, se alimenta la impresión en la ciudadanía de que la empresa es un actor indiferente a su entorno y que solo le importan las finanzas. Eso hace que haya una visión de la ciudadanía muy anti gran empresa, lo que obviamente tiene consecuencias políticas respecto a que se legisla de una manera que tampoco es virtuosa. Pero creo que mientras no evolucione un porcentaje más alto de las empresas hacia una visión diferente, vamos a estar teniendo estos tropiezos.

A nivel general, la Ley de Protección al Empleo ha sido objeto de críticas por el número de grandes empresas que se ha acogido. ¿Cuál es su visión de la normativa?

—La mayor parte de los recursos ha ido a parar a pequeñas empresas que tienen menos de diez empleados y eso significa que se le está dando buen uso; puede haber excepciones, pero es imposible en tiempos tan cortos lograr procesos que sean completamente impermeables a actitudes que no son las correctas.

¿Se debería anunciar un paquete de ayuda para las grandes empresas?

—Para las grandes empresas la ayuda tiene que venir principalmente a través de fórmulas que faciliten el acceso a crédito en el período de reducción de ingresos. No creo que se deban usar directamente recursos del Estado para eso, porque la mayor parte de estas grandes empresas, una vez que se empiece a recuperar la economía, va a recuperar su potencial y, por lo tanto, tienen espaldas como para decir ‘obtengo crédito ahora y lo voy a pagar cuando se normalice’. Creo que va por ese lado, no abogaría por una ley que les esté pasando directo recursos a las grandes empresas.

¿Podrían ser suficientes los créditos suprapreferentes que se han planteado?

—Sí, claro.

¿Y que tengan el aval del Estado?

—Un aval del Estado puede ser, pero parcial, de tal manera de aminorar el riesgo para la banca, pero tampoco se les pueden dar estos créditos a empresas que están destinadas a no poder recuperarse, debe ser bastante focalizado.

¿Se debería ayudar a Latam?

—Latam es una empresa que tiene capacidad para endeudarse, que tiene acceso a financiamiento; es una empresa de operaciones en toda América Latina, y también hacia afuera de la región, con capitales de distintos orígenes. Entonces, yo no veo que sea el Estado chileno el que tiene que salir en su rescate. ¿Los paquetes de ayuda anunciados son suficientes?

—Chile no tiene el nivel de recursos que pueden asignar las grandes potencias a una situación como esta, por lo que pensar que de esto vamos a salir sin costo, no es así. Y, por lo tanto, los recursos del Estado van a tener que estar asignados, en gran medida, a la sobrevivencia de los sectores más carenciados. Entonces, no vamos a sentir que es suficiente, pero sí creo que se está haciendo todo el esfuerzo posible.

¿Y se debe lanzar otro paquete de ayuda?

—Esta es una crisis que nos va a perseguir por dos o tres años probablemente, y el Estado va a tener que estar preparado para tener recursos por un período más largo, y eso significa que hay que hacer una evaluación: cuánto se puede endeudar el Estado realmente, sin poner en peligro la sostenibilidad de ese

esfuerzo. Por lo tanto, hay que dejar al gobierno –le tengo mucha fe al equipo económico- que evalúe y presente las justificaciones de los equilibrios que está tratando de alcanzar. ¿Hay un antes y un después del Covid-19 para la economía y para las empresas?

—Va a haber una transformación importante. Muchas empresas van a entender la importancia que tienen sus colaboradores en la vida de la compañía. Además, en aquellos sectores donde se está dando una preocupación particular por los colaboradores y el entorno, se va a lograr un grado de cohesión y de confianza que quizás no existía antes. Por otro lado, se están acelerando procesos que ya venían: la automatización, el trabajo más flexible, el trabajo a distancia se han acelerado indudablemente y están aquí para quedarse, y eso va a tener efectos virtuosos como mayor eficiencia, pero también efectos que son devastadores, como mayor desempleo. Y no es solo eso, también el comportamiento de los consumidores. Tenemos bastantes meses en los cuales vamos a estar descansando en las compras a distancia, en trámites no presenciales, entonces nos vamos a encontrar con una demanda y una oferta que van a estar comportándose distinto, y eso significa cambios bruscos a los cuales vamos a tener que adaptarnos, y un cuidado con la situación social que va a ser muy difícil. ¿Qué tan difícil? ¿Podría retornar la violencia?

—Eso es imposible de predecir. Tengo una cierta esperanza, porque siempre creo que los chilenos, en su gran mayoría, son personas muy sensatas, y ese perfil mayoritario hace que ante esta situación de pandemia se genere una actitud de más prudencia. Sin embargo, los grupos violentos no responden a las mismas lógicas, entonces simplemente van a retornar a la violencia, y le tengo mucho temor a eso.

Hay múltiples demandas sociales que habían surgido en el estallido. ¿En qué pie quedan, tendrán que esperar?

—En absoluto, eso sería extremadamente peligroso. Ahora, creo que ha habido una cierta continuidad de criterio en el manejo de la pandemia respecto a las medidas que se habían tomado antes como resultado de la crisis social; los subsidios o los apoyos que han surgido van dirigidos al mismo grupo, y

eso es bueno. Ahora, lo que sí creo es que el apoyo a esos grupos va a tener que continuar por bastante tiempo y, en ese sentido, es muy prudente esta petición de tener una línea de crédito con el FMI en prevención de que efectivamente esto no es que si en tres meses más podemos empezar a reactivar la economía, el problema se acabó.

Como directora de empresas del sector eléctrico, ¿cómo evalúa la Ley de Servicios Básicos que busca retrasar el pago de cuentas dada esta emergencia?

—Creo que es riesgoso y tiene costos el legislar de que no se corten los servicios a quienes no pagan. Ahora es una necesidad y si eso se hace bien acotado, no queda más que estar de acuerdo, pero tiene que ser extraordinaria, hay que tener mucho cuidado de que no se convierta en un concepto permanente. Aunque independientemente de si se legisla o no sobre eso, las empresas –conozco las eléctricas y las de aguano van a cortar, van a buscar maneras de no hacerlo.

¿Y en qué pie queda el sector eléctrico? ¿Quién debe hacerse cargo de este no pago?

—El criterio lógico es que ese costo se comparta en forma proporcional en todas las empresas del sector y esto tiene que ser específicamente para el sector regulado; no puede ser para todos los usuarios del sector eléctrico.

Como vicepresidenta de Icare, ¿qué ha estado haciendo esa organización empresarial en este contexto?

—Icare, desde que esto se precipitó, decidió transformarse. Discutimos mucho sobre qué era lo más importante y el empleo ganó como tema focal para al menos los primeros meses. De ahí se ha desarrollado un programa que se basa en tener conversaciones con todos los sectores sobre el desempleo y los efectos políticos y sociales del impacto económico. Estamos recopilando opiniones. Una segunda parte es que deberemos tener un programa que se enfoque en todos los problemas que van a venir en esta sociedad durante la segunda parte del 2020 y en 2021 y quizás en 2022. Está muy enfocado en cómo se sale de esto conjuntamente. Aún hay una incertidumbre muy grande. Si logramos hacer eso con un cierto grado de cohesión, vamos a salir muy bien, si no, no quiero ni pensarlo.P