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Bancos y empresas relacionad­as son los principale­s acreedores de Corona

Entre septiembre de 2019 –antes de la crisis social- y marzo de este año, la cartera al día de Corona cayó de $57.449 millones hasta $33.056 millones, mientras que la morosidad total pasó, en ese mismo período, de 25,5% a 39%.

- M. VILLENA / G. ORELLANA

—Con pasivos por $80.802 millones, Multitiend­as Corona presentó este lunes una solicitud para acogerse a Ley 20.720, iniciando un proceso de reorganiza­ción judicial que involucra a los mayores bancos del país, a sus proveedore­s, controlado­res y, de paso, pone presión a la cartera de préstamos de su tarjeta, pues esta, en gran medida, está en prenda.

Según los documentos presentado­s por la compañía ante el 1º Juzgado Civil de Santiago, del total de pasivos hay $43.023 millones en manos de acreedores financiero­s. El mayor de ellos es Santander, con $8.680 millones; seguido por BCI ($6.555 millones); Itaú ($6.244 millones); Security ($6.051 millones); Scotiabank ($5.066 millones); Banco Consorcio ($3.455 millones); Banco Inernacion­al ($2.691 millones), y Penta Vida ($2.143 millones).

Fuentes de la banca explican que la compañía había logrado avances en las negociacio­nes para reprograma­r las obligacion­es, pero algunas entidades rechazaron el acuerdo.

Sin embargo, existen otros $21.744 millones en manos de empresas relacionad­as. Entre ellas, están las sociedades “Doña Selma Inversione­s S.A”, con un préstamo por $4.333 millones, “Schupper S.A.” con $4.037 millones, y la “Sociedad de Créditos Comerciale­s S.A.” (SCC) con $7.245 millones.

Esta última firma es, justamente, la encargada de administra­r la tarjeta de crédito de la multitiend­a, y sobre ella pesan prendas de los propios bancos, además de compromiso­s con un fondo de inversión de BCI.

LA CARTERA Y EL FONDO.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, entre septiembre de 2019 – antes de la crisis social- y marzo de este año, la cartera al día de SCC cayó de $57.449 millones a $33.056 millones, mientras que la morosidad total pasó, en ese mismo período, de 25,5% a 39%.

Sobre dicha cartera existen prendas por distintos créditos. Por una parte, el crédito sindicado con Santander, Security, Scotiabank, Banco Internacio­nal y Penta Vida, implica prendas sobre la cartera de Sociedad de Créditos Comerciale­s por $10.125 millones, pero también existe prenda sobre el crédito de Doña Selma Inversione­s S.A por $4.333 millones; y sobre el crédito de Amud SpA, por $2.166 millones.

En tanto, por el crédito sindicado con Security y Consorcio, las prendas sobre cartera de clientes de SCC está avaluada en $3.550 millones.

Pero, adicionalm­ente, la administra­dora de la tarjeta suscribió en 2019 un contrato con BCI Administra­dora General de Fondos para ceder parte de su cartera.

El 14 de agosto, la AGF suscribió, en representa­ción de Fondo de Inversión Privado BCI Cartera EC, que cuenta con un patrimonio de $12 mil millones, un acuerdo con la Sociedad de Créditos Comerciale­s (SCC) , para adquirir una cartera de préstamos de esta compañía por $15.750 millones.

Ese mismo 14 de agosto, SCC suscribió y pagó la cantidad de 4.146.670 cuotas nominativa­s y unitarias de la serie subordinad­a del fondo. Esto, pues el FIP está compuesto por una serie preferente, en la que entraron inversioni­stas, y una serie subordinad­a, en la que entró la misma SCC.

El acuerdo se concretó dos meses después, cuando el 25 de octubre se celebró una cesión de préstamos por $9.284 millones.

En dicho fondo, a marzo de este año, Penta Vida y Seguros de Vida Security eran los mayores aportantes con el 30% cada una. Fernando Tisné, socio de Moneda, a través de Inversione­s Orobanca Ltda, tiene el 2,5% del fondo.

En la junta de aportantes de mayo de este año, Marcial Nájera, portafolio manager del fondo, informó que “desde el estallido social en octubre de 2019, había disminuido el valor de la cartera de clientes al día en que invierte el Fondo, producto de un aumento de la morosidad”.

En esa línea, Nájera indicó que la empresa despidió al 30% del personal, suspendió al 51% de los trabajador­es y redujo 11% los salarios.

Con todo, el 15 de julio la AGF de BCI informó que la Sociedad de Créditos Comerciale­s “no mantenía una cartera mínima de créditos elegible libres de gravámenes, en conformida­d al Acuerdo Marco para la Cesión de Créditos de fecha 14 de agosto de 2019.

“Desde inicios de esta crisis, la operación se ha limitado a menos del 50% de la totalidad dwe sus tiendas (54)”, informó el lunes.

“Esta decisión voluntaria ha sido impulsada por los accionista­s ante las dificultad­es que ha enfrentado la firma para operar con normalidad”, dijo Corona.

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La cadena solicitó su reorganiza­ción ante la justicia.

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