Tutela laboral a sector público: comisión de Trabajo de Senado rechaza veto del gobierno
El gobierno busca modificar dos materias con este veto: que la supervigilancia de este derecho no recaiga en la Dirección del Trabajo sino en la Contraloría, y excluir a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de recurrir de tutela ante los tribunales.
Veto aditivo
El reglamento faculta al presidente de la Comisión a calificar qué tipo de veto se presentó. Nadie objetó decisión de Letelier.
—Partió con el pie izquierdo el veto presidencial al proyecto de tutela laboral para los funcionarios públicos, pues la Comisión de Trabajo del Senado lo rechazó ayer por 3 votos contra 1.
Pero no sólo eso, sino que el debate subió de tono durante el encuentro de esta instancia especializada por un sinfín de razones. Primero, desde la oposición rea clamaron que el gobierno no les haya anunciado previamente de la presentación de un veto, sobre todo, dijeron, cuando durante el trámite de esta iniciativa no participaron activamente. Segundo, porque el proyecto fue aprobado transversalmente en ambas cámaras por mayorías sustanciales. Tercero, porque no había ningún ministro presente en la sesión para defender el veto, sino que sólo el subsecretario general de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, y el jefe de gabinete del ministro de Defensa. Y cuarto, porque el veto fuera calificado como sustitutivo y supresivo por el Ejecutivo, lo que requiere un quórum más alto para ser refrendado o desestimado.
“Quiero dejar establecido mi asombro de que intenten pasar un veto aditivo como sustitutivo, porque no corresponde. Este veto es absolutamente sorpresivo, hasta molesto y marca un pésimo precedente para la relación con el gobierno”, indicó el presidente de la Comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS), manifestando que había expresado su molestia a los ministros del Trabajo y de la Segpres.
“Este proyecto fue aprobado por unanimidad, porque es una ley interpretativa basada en la jurisprudencia. El veto lo encuentro insólito. Creo que el uso de un mecanismo excepcional como el veto debe ser explicado por las más altas autoridades, sobre todo cuando no se ha tenido la deferencia de una conversación previa”, sostuvo por su parte la senadora Carolina Goic (DC).
Para entender este tema cabe recordar que los trabajadores privados cuentan con este privilegio por el cual pueden recurrir a un proceso expedito en tribunales, cuando creen que sus derechos fundamentales no están siendo respetados. “En términos generales, la tutela laboral tiende a proteger cualquier vulneración a las garantías constitucionales, principalmente el derecho igualdad, no ser discriminado. El trasfondo es que con cambio de gobierno hay cambio de funcionarios públicos y, en ese caso, se dice que se podría recurrir de tutela por discriminación por tener un partido político o pensamiento distinto al nuevo empleador. Ahí está el fortalecimiento más fuerte de la carrera funcionaria”, explicó el abogado de Moraga y Cía, Diego Messen.
DISCUSIÓN VETO.
En términos generales, el veto propone dos temas. Uno, que la fiscalización que tiene la Dirección del Trabajo respecto de los empleados privados para el trámite previo de investigación y resolución, sea traspasado a Contraloría. “Para evitar el conflicto de interés porque la DT tendría ámbito de acción sobre funcionarios públicos”, explicó Ossa.
El otro aspecto del veto es excluir a las FF.AA. de este derecho: “Nos parece que en el proyecto no quedaba claro si estaban dentro o fuera.
Creemos que la naturaleza de la carrera militar tiene ciertas particularidades distintas a un funcionario público, ¿que pasaría si un funcionario de las FF.AA. deja de pertenecer y se ampara en tutela, ésta es acogida y al reincorporarlo significa que toda la carrera de ascensos vuelve atrás?”, preguntó el subsecretario al defender que el veto fuera sustitutivo y asegurar que no buscaba modificar lo esencial del proyecto.
“Este veto interrumpe un buen diálogo con el gobierno, podrían haberse dado estas observaciones durante la tramitación”, respondió la presidenta del Senado, e integrante de la comisión, senadora Adriana Muñoz (PPD).
Los parlamentarios señalaron que estas materias expresadas en el veto son adicionales y que no fueron cuestionadas durante el debate, en que el Ejecutivo no emitió ni opinión ni presentó una indicación sobre el texto, acotaron.
“La tutela es respecto de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y no corresponde sacar a ningún funcionario público porque en las Fuerzas Armadas hay civiles y uniformados”, recalcó el senador Letelier.
El presidente de la Comisión manifestó que si el gobierno quiere hacer un debate para que los ascensos en las FFAA no sean objeto de tutela, que envíe un proyecto de ley.