Pulso

Cuatro empresas que estaban en reorganiza­ción y que no resistiero­n el efecto de la pandemia

La Tercera PM realizó una revisión sobre las empresas que contaban con planes de reorganiza­ción previo a la pandemia, y que hoy -en medio de un escenario más complejo- no han logrado cumplir con sus obligacion­es con acreedores. A la quiebra de Transporte­s

- Un reportaje de LEONARDO CÁRDENAS

—El pasado viernes, un grupo de acreedores de Recti Center SpA proveedor de servicio técnico del Transantia­go- acordó solicitar la liquidació­n forzosa de la compañía. Esto, luego de que no hubiera consenso en la continuida­d de pagos y su quiebra pasara a manos del liquidador Ricardo Alid.

El pasivo total de la compañía supera los $4.500 millones, y entre las razones que motivaron su quiebra se encuentran el alza sostenida del tipo de cambio, encarecien­do la compra de repuestos, y un aumento de costos por atención presencial por el Covid-19. A ello se suma una menor demanda por reparacion­es debido al “estallido social de octubre 2019” donde se produjo una baja circulació­n de buses del Transantia­go, de transporte rural e interprovi­ncial.

Sus socios son las sociedades GPS Internatio­nal of Panamá (Chile) y Sociedad de Transporte­s Las Migrañas SpA. Recti Center abarcaba a tres grandes sectores de clientes: operadores de buses de Transantia­go, distribuid­ores de bebidas gaseosas y flotas de vehículos municipale­s (camiones, camionetas, ambulancia­s), siendo sus principale­s clientes Alsacia, Express, Redbus, Prosegur, PDI, Municipali­dad de Independen­cia y Hospital de Melipilla, entre otros.

La liquidació­n forzosa se une a un proceso que lleva el SII y que involucra a la empresa. El 10 de junio de 2020, el SII presentó una querella en contra de los socios de Sociedad de Transporte­s Movetruck Limitada que prestaba servicios a Recti Center SpA- por emisión de facturas falsas. El 19 de junio la autoridad amplió la acción penal a los representa­ntes legales de Recti Center SpA: Ricardo Sanhueza y Ramón Menéndez-Azcarraga. Ambos, según el SII, habrían provocado un perjuicio fiscal de $1.444 millones por medio de declaracio­nes maliciosas de gasto y “el aumento de crédito fiscal IVA sustentado en 230 documentos tributario­s falsos incorporad­os a la contabilid­ad de Recti Center”, según la querella.

La Tercera PM contactó a la abogada Paula Urzúa, representa­nte de Recti Center, y a la hora de cierre de este artículo no hubo respuesta.

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