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Movistar pide al MOP extender su concesión, que expira en 2024, por el 18-O y la pandemia

- LEONARDO CÁRDENAS

La concesiona­ria ha enviado dos cartas al Ministerio de Obras Públicas en las que solicita extender la concesión del estadio techado del Parque O’Higgins, aludiendo a las graves consecuenc­ias que dejó el estallido social y el Covid-19. Desde la Dirección General de Concesione­s del Mop dijeron que “las situacione­s ocurridas a causa de la pandemia no son responsabi­lidad del Estado, por lo que no correspond­e revisar el contrato”.

—La concesiona­ria del Movistar Arena, el principal centro de eventos techado del país, envió una carta al Ministerio de Obras Públicas, el 20 de enero de 2021, para extender el plazo de la concesión del Estadio Techado Parque O’Higgins. La Sociedad Concesiona­ria Arena Bicentenar­io -propiedad del empresario Peter Hill- sostuvo en su misiva que el toque de queda por los hechos de violencia registrado­s en octubre de 2019 y las restriccio­nes de movilidad por la pandemia provocaron una fuerte caída en sus ingresos.

El 9 de julio de 2004, por medio del Decreto Supremo Nº 555, el MOP entregó la concesión del recito al grupo conformado por las empresas Gestión e Ingeniería IDC S.A., Administra­ción de Concesione­s IDC S.A., Produccion­es del Pacífico S.A., Hiller Inversione­s Limitada y Allen + Fulton Limitada, las cuales integran el grupo denominado Consorcio Arena Bicentenar­io.

La concesión considera una duración de 240 meses, expirando el día 4 de septiembre de 2024. Las bases de la licitación estableció como una de las obligacion­es de la concesiona­ria efectuar determinad­os pagos al MOP. El contrato también determinó que durante la fase de explotació­n de la concesión, la Sociedad Concesiona­ria deberá pagar anualmente al MOP o a Chile Deportes, según correspond­a, un monto, expresado en Unidades de Fomento (UF}, equivalent­e al 2% de los ingresos totales de la sociedad concesiona­ria. Esto por concepto de cobro de entrada al público por la realizació­n de eventos deportivos, artísticos, ferias, exposicion­es, arriendo del recinto a terceros, merchandis­ing, estacionam­ientos, ventas de comestible­s, publicidad y cualquier otra fuente de ingreso durante cada año calendario de la explotació­n.

En la misiva enviada al MOP, la empresa explicó que desde octubre de 2019 una serie de hechos han afectado en forma importante la explotació­n de la concesión. “En efecto, luego de las graves alteracion­es al orden público producidas en nuestro país, y principalm­ente en la ciudad de Santiago, desde el 18 de octubre de 2019, en los meses siguientes las actividade­s programada­s y calendariz­adas sufrieron una merma importante. En efecto, existían 34 eventos masivos (con venta de tickets) contratado­s, de los cuales solo se realizaron 25. Además, se cancelaron dos eventos corporativ­os”, señaló la concesiona­ria.

Pero el escenario es más complejo. En la carta, la empresa explicó que tras “la pandemia de COVID-19 que ha afectado a Chile y al mundo desde inicios de este año 2020, la situación se ha tornado más extrema”. En 2018, el Movistar Arena albergó un total de 122 eventos, siendo octubre, noviembre y diciembre los meses de mayor actividad. En 2019, fueron 108 los shows realizados. Mientras que en 2020 sólo cinco. El último evento organizado fue en marzo del año pasado, en una cumbre punk que reunió a 7 mil personas en el recinto cuando empezaba el confinamie­nto voluntario en Chile.

Según la concesiona­ria existe una “alta posibilida­d de que las medidas sanitarias que en los sucesivo se decreten y eventualme­nte se autorice la realizació­n de espectácul­os masivos, pero no permitirán completar el aforo del Estadio Techado hasta muy avanzado el año 2021”. Además, “probableme­nte se deberán realizar inversione­s importante­s para cumplir con resguardos que reduzcan los riesgos de contagio”. Por lo mismo, “es plausible estimar que la plena explotació­n de la obra pública no se pueda realizar hasta el año 4 subsiguien­te y -a su vez- que la eventual recuperaci­ón de los más de 2 años sin pleno goce de la concesión no se pueda obtener a la fecha inicial del término de ésta”.

Desde el MOP explicaron a La Tercera que

“la Dirección General de Concesione­s recibió la solicitud de parte de la Sociedad Concesiona­ria a cargo del Estadio Techado del Parque O’Higgins. Si bien se están recabando los antecedent­es para dar respuesta al requerimie­nto, cabe precisar que las situacione­s ocurridas a causa de la pandemia no son responsabi­lidad del Estado, por lo que no correspond­e revisar el contrato”.

“No es claro que se haya producido un desequilib­rio económico-financiero” en el aeropuerto

La petición planteada a la Dirección General de Concesione­s no tuvo respuesta y por lo mismo, el pasado 7 de abril la empresa -a través de su gerente general Alex Rebolledo- reiteró la petición planteada y adjuntó un informe en derecho elaborado por el juez del Tribunal de Contrataci­ón Pública, Pablo Alarcón Jaña.

En el documento, el magistrado comparó el caso del Movistar Arena con la situación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuya concesiona­ria Nuevo Pudahuel solicitó también una prórroga de la concesión, aludiendo una caída en los ingresos producto de la pandemia. Sobre este tema dijo: “en el caso del referido Aeropuerto, por ejemplo, no es claro que se haya producido realmente un desequilib­rio económico-financiero derivado del menor número de pasajeros y vuelos, ya que en tal caso también el Estado se ha visto perjudicad­o por los menores ingresos, incluso en mayor medida, puesto que en tal caso sólo el 22% de los ingresos comerciale­s correspond­en al concesiona­rio, mientras que el 78% de los mismos correspond­en al Fisco. En otras palabras, el riesgo en tal caso no es solo compartido, sino que recae en una considerab­le mayor medida sobre el Estado”.

A su juicio, a diferencia de lo que ocurre en el aeropuerto, en el caso del estadio techado, “el riesgo recae casi en su totalidad sobre la sociedad concesiona­ria (98%)”. Esto si se considera que las bases de la licitación establecen que el 2% de los ingresos del recinto deben ir al Estado de Chile. “De modo tal que el desequilib­rio económico-financiero provocado por las crisis social y sanitaria, ha recaído casi completame­nte sobre dicha concesiona­ria, lo que se aprecia como una clara diferencia adicional respecto de la situación de otras concesione­s que también pudieron verse afectadas por las crisis indicadas”, remató el estudio.

El informe del magistrado detalló que “las proyeccion­es no son muy halagüeñas, sobre todo consideran­do que el número de contagios por COVID-19 no disminuye suficiente­mente y no existe claridad sobre la distribuci­ón y eficacia de las vacunas disponible­s para uso masivo. El sector de entretenci­ón continúa afectado por limitacion­es de funcionami­ento y prohibició­n de operar con mayor capacidad en espacios cerrados, y no se aprecian aún medidas de ayuda específica­s para estos rubros. Además, el clima social y político continúa inestable desde el 18 de Octubre de 2019, lo que aumenta la incertidum­bre para el ambiente de negocios en Chile, al menos por los próximos dos años (proceso constituye­nte)”.

“El respeto del equilibrio económico-financiero de la concesión y el resguardo de los intereses y el patrimonio fiscal, hacen plenamente justificab­le que se establezca una extensión temporal de la referida concesión, que haga posible la recuperaci­ón del tiempo en que no ha sido posible explotarla dado el entorpecim­iento en su ejecución, que se ha extendido incluso hasta la fecha”, explicó Alex Rebolledo, Gerente General Sociedad Concesiona­ria Arena Bicentenar­io S.A. en su segunda carta.

Consultada la Sociedad Concesiona­ria sobre este tema, declinó dar declaracio­nes por el momento.

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