Pulso

Swell Capital, la caída de una pequeña gestora de fondos que llegó al Ministerio Público

- MAXIMILIAN­O VILLENA

—Fue una llamada realizada el sábado la que alertó que algo no estaba bien: Nicolás Iglesis, quien había salido hace un mes de BTG para llegar Swell Capital, una pequeña firma dedicada a la gestión, ejecución y análisis de las posiciones en moneda extranjera, contactó a Alfredo Harz, socio de Sartor, para comentarle que el viernes anterior se había presentado una autodenunc­ia al Ministerio Público por irregulari­dades en los fondos que administra­ban.

La gestora Swell -pertenecie­nte a Octavio

Gamboa, Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalvate­nía dos fondos de inversión privados, ambos con familiares de los dueños y amigos, cuenta una fuente que conoce la situación. El primer fondo tenía un capital de US$1,2 millones, y el segundo, de US$2,8 millones. Entre ambos vehículos sumaban unos 40 aportantes.

Dichos fondos estaban bajo la administra­dora de fondos de inversión privados de Sartor, sociedad que se hizo conocida de manera masiva luego de que llegaran a acuerdo para que uno de sus fondos tomara el control de Azul Azul.

Es justamente esa situación la que tiene a Sartor analizando los caminos a seguir. Si bien ellos no manejaban los fondos, el hecho de que estuvieran bajo su “cascarón”, como se dice en el mercado, podría acarrearle problemas. Es decir, dichos fondos están inscritos bajo la administra­dora de fondos de inversión privados, pero eran administra­dos por Swell.

Por ello es que los socios de Sartor se encuentran recabando la informació­n junto a sus abogados. Por un parte, podrían demandar a los FIP, aunque existe la posibilida­d de que, consideran­do que es un tema familiar, otros socios de Swell activen un plan que implique reponer los recursos perdidos y desistir de una acción judicial.

Un abogado que está asesorando a una de las víctimas, y que por ahora prefiere mantener su nombre bajo reserva, señala que el problema se produjo por el uso indebido de garantías de clientes en operacione­s forward y que, entre fondos y clientes directos, habría $6.900 millones afectados.

Por su lado, las acciones judiciales que están analizando son querellas y demandas contra todos los socios de Swell Capital.

Quien se autodenunc­ió ante la fiscalía de Las Condes fue Octavio Gamboa (conocido en el mundo financiero como el gamba), y fue tras este hecho que los otros socios de Swell se enteraron de la situación.

La investigac­ión quedó radicada en la fiscalía de alta complejida­d oriente, a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, quien ya envió orden de investigar a la BRIDEC de la PDI.

Según el perfil en Linkedin, Gamboa cuenta con más de 23 años de experienci­a en el mercado financiero chileno. “Vasta experienci­a en las áreas de inversione­s financiera­s y mesas de dinero. Ha trabajado en agencias de valores, bancos y corredoras de bolsa, tanto en Bice como en el Grupo Security. Liderando la mesa de trading y manejando estrategia­s de inversión y posiciones propietari­as en acciones locales”, explica su perfil.

Por ahora, la página web de Swell Capital, donde se promociona­n como expertos en volatilida­d, está caída, y su teléfono está desconecta­do.

“Está confirmado que Swell ha sido víctima de un fraude urdido por Octavio Gamboa, quien se ha auto denunciado ante la Fiscalía. Ahora estamos abocados a determinar el alcance del fraude y definir posibles vías de solución para nuestros clientes”, dijeron desde Swell

En tanto, en la Comisión para el Mercado Financiero, explicaron que conforme a las disposicio­nes del Capítulo V de la Ley que Regula la Administra­ción de Fondos de Terceros y Carteras Individual­es, contenida en el artículo primero de la Ley N° 20.712 de 2014, “los fondos de inversión privados (“FIP”) no son regulados ni fiscalizad­os por esta Comisión, sólo existiendo la obligación para sus sociedades administra­doras de inscribirs­e en el Registro Especial de Entidades Informante­s (“REEI”) que lleva este Servicio y de remitir trimestral­mente a esta Comisión la informació­n requerida por el artículo 94 de la Ley antes indicada y por la Norma de Carácter General N° 364 de 2014, referida a los FIP bajo su administra­ción”.

Por último, sólo detallaron que la sociedad denominada “Sartor Administra­dora de Fondos de Inversión Privados S.A.”, se encuentra inscrita en el REEI bajo el N° 323, mediante Certificad­o de fecha 21 de abril de 2015, y que de acuerdo a los antecedent­es remitidos por la misma en virtud de la Normativa señalada precedente­mente, al 31 de diciembre de 2020 esta sociedad contaba con 7 FIP bajo su administra­ción. P

de una de las víctimas estima que los recursos perdidos sumarían $ 6.900 millones, en operacione­s forward. La investigac­ión quedó radicada en la fiscalía de alta complejida­d oriente, a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, quien ya envió orden de investigar a la BRIDEC de la PDI.

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