El acuerdo de impuesto global se dirige a un camino arriesgado en el Congreso de EE.UU.
Un complejo acuerdo internacional sobre impuestos corporativos que tardó años en concretarse pronto se enfrentará a una de sus pruebas más difíciles: el Congreso de Estados Unidos. El Grupo de las 20 principales economías respaldó el plan este fin de semana en Venecia, Italia, luego del respaldo anterior de un grupo más amplio de 130 países. El plan, destinado a limitar la elusión de impuestos corporativa, renovaría las normas internacionales de larga data y es crucial para los planes del presidente Biden de aumentar los impuestos corporativos.
“El mundo está listo para poner fin a la carrera global a la baja en materia de impuestos corporativos, y existe un amplio consenso sobre cómo hacerlo”, afirmó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
A medida que continúen las negociaciones en detalle, otros países buscarán ver si los legisladores estadounidenses implementan un impuesto corporativo mínimo de al menos el 15% y adoptan nuevas reglas para dividir el poder de gravar a las empresas más grandes. El Congreso mirará hacia atrás, monitoreando la rapidez con la que otros países crean impuestos mínimos y eliminan los impuestos unilaterales a las empresas digitales que han generado una oposición bipartidista de Estados Unidos.
“El resto del mundo es muy consciente de que la administración no puede obligar al Congreso”, afirmó Chip Harter, el principal negociador de impuestos internacionales de la administración Trump, que ahora está en PwC LLP (firma de consultoría sobre impuestos y seguros). “Están observando muy de cerca”.
Los negociadores internacionales dividen su trabajo en dos ideas separadas, conocidas como pilares. El Pilar Uno, impulsado por países europeos, incluido el Reino Unido, asignaría más poder impositivo a países con grandes mercados de consumidores y quitaría poder a jurisdicciones de impuestos bajos como Irlanda.
El Pilar Dos, impulsado por Estados Unidos, impondría al menos un impuesto del 15% sobre las ganancias mundiales de las empresas. Establecer ese piso hace que sea más fácil para la administración de Biden aumentar la recaudación de los impuestos a las empresas estadounidenses hasta en US$2 billones (millones de millones) durante una década, porque las tasas estadounidenses podrían subir más sin crear oportunidades significativas para que las empresas eludan impuestos cambiando las ganancias y las direcciones.
Ambos pilares presentan difíciles desafíos legislativos. Es probable que se muevan por separado en el Congreso, pero el consenso internacional se basa en emparejarlos y completar ambas tareas. Biden y Yellen enfatizan el impuesto mínimo, pero otros países se preocupan más por obtener el poder de expandir sus impuestos corporativos. Han establecido impuestos a los servicios digitales de compañías de tecnología como Facebook Inc. y Alphabet Inc. —que dicen que no pagan suficientes impuestos corporativos— y solo renunciarán a esa idea si pueden gravar a esas empresas de otra manera.
“El papel del Congreso será muy importante, porque si el resto del mundo no cree que va a conseguir lo que esperaba en (las reglas de asignación de ganancias), perderá el apetito” por el resto del acuerdo, afirmó Robert Stack de Deloitte LLP, negociador fiscal internacional de la administración Obama.
El gobierno de Biden intentará convertir su campaña por un impuesto mínimo más estricto en una legislación este otoño sin votos republicanos, mediante el uso del proceso de reconciliación presupuestaria que requiere una mayoría simple en el Senado, en lugar de los 60 votos necesarios para la mayoría de los proyectos de ley. Entonces, la Casa Blanca intentaría cambiar las reglas internacionales, quizás a través de un tratado que requiera el apoyo republicano.
Los cambios tributarios internacionales de la administración por sí solos recaudarían alrededor de US$1 billón durante una década para ayudar a pagar políticas como un crédito tributario por hijos ampliado y exenciones tributarias de energía renovable.
instan a retrasos, mientras los legisladores estadounidenses se preparan para un complejo proceso de dos etapas.