Costo del cumplimiento contra los delitos financieros para las empresas chilenas sería de unos US$762 millones en 2021

Un informe de LexisNexis Risk Solutions destaca que los tres principales sectores en Chile que presentan el mayor riesgo de lavado de dinero son los servicios legales de contabilidad (89%), comerciantes minoristas (74%) y comerciantes de comercio electrón

—Un informe sobre el verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros en América Latina realizó LexisNexis Risk Solutions, concluyendo que el valor total proyectado en 2021 para todas las empresas de la región que participaron en el estudio es de US$6,96 mil millones.

En el caso de Chile el costo proyectado es de US$762 millones para este año, mientras que en 2020 fue de US$500 millones, lo que implica un aumento de 52,4%. El informe destaca que los tres principales sectores en Chile que presentan el mayor riesgo de lavado de dinero son los servicios legales de contabilidad (89%), comerciantes minoristas (74%) y comerciantes de comercio electrónico (51%).

En total el estudio encuestó a 260 tomadores de decisiones responsables de supervisar los procesos de Conozca a su Cliente (KYC), las sanciones y el monitoreo de transacciones o las operaciones de cumplimiento. En Chile, 53 empresas financieras fueron entrevistadas para este reporte.

Los encuestados incluyeron a los tomadores de decisiones dentro de la función de delitos financieros que supervisan la remediación de KYC, el monitoreo de sanciones, el monitoreo de transacciones de delitos financieros o las operaciones de cumplimiento en América Latina.

En el detalle, el informe señala que la mano de obra representa más costos que la tecnología. “Se proyecta que el costo anual promedio del cumplimiento para la prevención de los delitos financieros entre las grandes empresas latinoamericanas encuestadas aumentará entre 14,2% y 25,8% en 2021, dependiendo del país, con los costos más altos en Colombia y Chile”, puntualiza.

Y añade que “la mano de obra representa unos costos ligeramente superiores en América Latina que el gasto en tecnología”. Allí se especifica que particularmente en Chile, la mano de obra representó el 55% de los costos en 2021, mientras que en 2019 fue de un 44%. El gasto en tecnología fue en promedio de 38% en 2021, en comparación con el 49% en 2019 para todas las empresas encuestadas.

Asimismo, cerca del 66% de las empresas en Chile apuntaron a un aumento en el equipo de operaciones de cumplimiento, con el 67% señalando una mayor carga de trabajo debido al crecimiento de las transacciones de delitos financieros.

Otra de las conclusiones fue que “la pandemia continúa impactando negativamente las operaciones y los costos de cumplimiento, especialmente para el perfil de riesgo del cliente y la gestión de la eficiencia de los recursos, lo que resulta en el retraso de la incorporación y la reducción de la productividad. Las instituciones chilenas más grandes también se han enfrentado a un mayor tiempo para completar la due diligence -auditoría externa- (70% en 2021, frente al 50% en 2020), mientras que las más pequeñas luchan más con la reducción de los controles y las actividades de supervisión del cumplimiento”.

También se advierte que la productividad se ha visto impactada negativamente. “Los desafíos de cumplimiento continúan teniendo un impacto negativo en la productividad de los empleados de tiempo completo para el 78% de las firmas financieras chilenas que participan en el estudio de LexisNexis Risk Solutions, mientras que el 71% de los encuestados en Chile indican un impacto negativo en la adquisición de cliente”, detalla.

Adicionalmente, el estudio dice que la rápida evolución digital ha impulsado los costos. “Los delitos financieros que involucran pagos digitales y criptomonedas están en aumento. El 60% de las empresas financieras chilenas indican que los delitos financieros que involucran pagos digitales se encuentran entre los principales delitos financieros que han afectado el costo del cumplimiento en los últimos 12 meses. Las nuevas transacciones digitales y las regulaciones de criptodivisas añaden presión adicional y causan más adiciones humanas y tecnológicas a los programas de cumplimiento”, explica.

Pero donde sí se ve una relación a la baja en los costos generales de cumplimiento, es cuando hay tecnología detrás. “Las instituciones financieras que han invertido en recursos tecnológicos se ven menos afectadas por el aumento de los costos y los desafíos de la evolución de los delitos financieros, en particular los delitos asociados con los pagos digitales y las criptomonedas. Entre las grandes instituciones financieras de Latinoamérica, las que utilizan tecnología vieron un impacto negativo del 41% en su capacidad para combatir los delitos relacionados con los pagos digitales, en comparación con el 66% de las que no utilizan tecnología proporcionada por terceros”, advierte. Ⓟ