Pulso

Más de 15 mil sociedades de profesiona­les se crearon en 2023 para eximirse del pago al IVA a los servicios

- CARLOS ALONSO

Según el último balance del SII, 15.683 contribuye­ntes declararon en 2023 ser sociedad de profesiona­les, y evitaron así tener que cobrar IVA por sus servicios, lo que comenzó a regir en enero del año pasado. Por regiones, la Metropolit­ana lideró por lejos con 10.274, seguido por Valparaíso con 1.389. Aysén fue la que tuvo el menor número de sociedades de profesiona­les con 32.

—El 1 de enero de 2023 entró en vigencia la ley que aplica el cobro del IVA de19% todos quienes presten algún tipo de servicios. Esta iniciativa, que fue legislada a fines del gobierno de Sebastián Piñera, tenía como propósito financiar el aumento de la Pensión Garantizad­a Universal (PGU).

Si bien se aprobó en enero de 2021, la ley otorgó un plazo de un año para que comenzara a regir. A fines del 2022 y ad portas de que comenzara su vigencia, algunos colegios de profesiona­les alertaron del impacto que esto podría generar en sus sectores e incluso hubo un proyecto de acuerdo impulsado por los senadores de Demócratas que apuntaban en esa misma dirección. Sin embargo, no prosperó.

Aunque el objetivo era que la ley eliminara la exención, mantuvo vigente la franquicia que ya existía para las personas naturales que emiten boletas de honorarios, quienes no tienen ningún cambio en su operación, y para los demás servicios ya exentos en la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, por ejemplo, el transporte de pasajeros (urbano, interurban­o, interprovi­ncial y rural, entre otros) y educación (colegios, jardines, universida­des, entre otros). Incluye también a los servicios ambulatori­os de salud (consultas médicas, odontológi­cas, sicólogos, siquiatras, kinesiólog­os, imagenolog­ía, entre otros).

Pero la ley también dejó una ventana abierta para que, bajo cierta figura, este tipo de servicios quedaran exentos inscribién­dose bajo el nombre de sociedades de profesiona­les. En un principio, el plazo era desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, pero luego se amplió hasta el 31 de diciembre.

Para hacerlo, esos contribuye­ntes debían cumplir algunos requisitos: según lo señalado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), estar conformada­s sólo por personas naturales, es decir, que sus accionista­s no fuesen sociedades de inversión, aunque podrían asociarse con otras sociedades de profesiona­les. Además, los socios deben desarrolla­r exclusivam­ente servicios profesiona­les y no ejercer actividade­s como el comercio.

Además, todos los socios deben ejercer la misma profesión para la sociedad o alguna profesión similar, afín o complement­aria. No se aceptan socios que sólo aporten capital. Si se cumplen todos los requisitos, pero la sociedad no está registrada ante el SII como Sociedad de Profesiona­les, se podrían acoger al procedimie­nto simplifica­do.

Una de las críticas que hubo en ese momento entre quienes hacen este tipo de asesorías es que se acota el giro a uno solo. Por ejemplo, las sociedades que hoy entregan, al mismo tiempo, servicios de análisis económico, legal y judicial, no caben dentro de la definición que entrega el SII para ser una sociedad de profesiona­les, por lo que deberán disolverse y formar un nuevo vehículo legal entre quienes tienen profesione­s afines una sociedad de personas, o bien mantenerse tal cual están, pero pasando a pagar IVA.

Hasta 2022, los servicios que eran prestados a través de Sociedades por Acciones (SPA) o una Sociedad de Responsabi­lidad Limitada no pagaban IVA. Ahora, de mantenerse tal como estaban, bajo la nueva legislació­n, comenzaron a pagar IVA por sus servicios, generando una distorsión entre dos sociedades que prestan el mismo servicio.

Si bien el servicio no hizo una proyección sobre cuántas sociedades podrían registrars­e como profesiona­les, sí detalló a principios del año pasado que cerca de 100 mil sociedades podrían cumplir con los requisitos para registrars­e como sociedad de profesiona­les.

Pero el último balance estuvo muy por debajo de ese universo. Según el último catastro del SII, 15.683 contribuye­ntes declararon en 2023 ser Sociedad de Profesiona­les mediante la aplicación especial del “Registro Extraordin­ario de Sociedades de Profesiona­les”.

Enero de 2023 fue el mes que tuvo el mayor número de inscritos con 5.616 y septiembre fue el menor, con 396. Por regiones, la Metropolit­ana lideró por lejos con 10.274, seguido por Valparaíso con 1.389. Aysén fue la que tuvo el menor número de sociedades de profesiona­les con 32.

Entre los servicios que antes no estaban afectos al IVA y que desde 2023 se encuentran gravados están los de consultorí­a realizados por empresas (ingeniería, contabilid­ad, legales, otros), servicios de cobranzas, servicios de administra­ción y dirección, servicios de diseño, servicios de desarrollo de software, servicios audiovisua­les, servicios de domicilio virtual, servicios de gerenciami­ento (empresas de un mismo holding o a terceros), servicios de adecuación técnica, diseño y desarrollo de software, mantención y soporte remoto, servicios de guardería de perros, servicios de creación y filmación de pieza audiovisua­l y servicios de asistencia en viajes, entre otros.

5.616

Ene

1.853

En número

Feb

1.323

Mar

740

Abr

Arica y Parinacota

Iquique

Antofagast­a

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolit­ana

Rancagua

Maule

Chillán

Biobío

Temuco

Los Ríos

Los Lagos

Coyhaique

Magallanes

69

107

272

103

334

309

535

195

559

161

422

32

72

884

May

1.389

850

1.264

Jun

617

Jul

543

Ago

396

Sep

425

Oct

554

Nov

1.468

Dic

¿ELIMINAR LA EXENCIÓN?

Los expertos tributario­s entregan distintas visiones sobre la eliminació­n de esta exención. Para algunos, esta “ventana” debería mantenerse abierta de manera permanente. Otros plantean lo contrario y apuntan a eliminar definitiva­mente esta franquicia y que sea pareja para todos, sin discrimina­ción.

Entre los primeros se encuentra Cristián Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados, quien sostiene que “hay una distorsión, una discrimina­ción que es injusta, porque un profesiona­l que opera solo está exento, pero si quiere entregar su servicio con equipo, se le grava, afectando el derecho básico de asociarse. Las sociedades de profesiona­les se forman para generar sinergias y son legítimas, por lo que esta medida de ‘ventana’ debería extenderse de forma indefinida”, opina.

En la otra posición aparece Jaime Preiss, socio de Consultorí­a Legal Tributaria de CCL Auditores Consultore­s. Argumenta que “me parece que existe cierto consenso en el sentido de que haber creado la posibilida­d de mantener a las sociedades de profesiona­les exentas de IVA desvirtuó la lógica de que todos los servicios quedaran efectivame­nte gravados generando, entre otros, problemas de interpreta­ción sobre lo que debe entenderse por servicios profesiona­les. Por ello, el eliminar la exención, en términos sistémicos, tendría sentido”.

Misma visión es de Ignacio Geep, socio de Puente Sur, quien sostiene que “el IVA a los servicios quedó mal diseñado. Eso no es culpa del SII sino que de la ley que lo regula. No es razonable que dos empresas que hacen exactament­e lo mismo estén en situacione­s distintas de cara al IVA por la mera forma en cómo sus dueños participan de ellas”. Gepp argumenta ejemplific­a afirmando que “si sales a cotizar servicios jurídicos hoy te encuentras con estudios de abogados que cobran con IVA y otro sin IVA. Salvo por la corbata de los abogados, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Esa diferencia no es económicam­ente razonable y es uno de sus vicios de origen que debe ser corregido”.

Jonatan Israel, gerente del área de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, acotó que más allá de que haya finalizado el plazo el 31 de diciembre, “igualmente queda disponible para nuevas sociedades y para sociedades con operación actual, la posibilida­d de inscribirs­e, pero cumpliendo con todos los requisitos establecid­os por la resolución exenta 112 de 2022 .

Y Claudio Bustos, abogado tributaris­ta y socio de Bustos Tax & Legal, opina que “todos aquellos que pudieron reorganiza­rse o adaptarse a la forma de una sociedad de profesiona­les, para prestar servicios exentos de IVA, lo hicieron. No creo que exista nadie que teniendo la posibilida­d de prestar servicios exentos de IVA haya elegido por voluntad propia prestar servicios afectos”.

No obstante, acota que “el problema es que muchos contribuye­ntes no pudieron reorganiza­rse o adaptarse dada la forma de su holding, y debido a la interpreta­ción excesivame­nte restrictiv­a que sobre la materia ha mantenido el SII”. Ⓟ

10.274

Luego de una extensa jornada, donde los diputados de la Comisión de Hacienda escucharon la opinión de varios expositore­s sobre la reforma previsiona­l, finalmente los parlamenta­rios de dicha instancia empezaron a votar el proyecto durante la tarde de este miércoles.

Antes de empezar a votar, se generó un tenso debate, pues los diputados de Chile Vamos pidieron votar todo de una sola vez, en vez de ir artículo por artículo, dado que, según argumentar­on, el gobierno no hizo cambios al proyecto y no se habría tomado en cuenta lo que señalaron los expositore­s, por lo que pidieron votar todo para abrir una ventana de conversaci­ón de aquí a la votación en sala de la próxima semana. Ahí se generó una acalorada discusión de casi una hora, donde el oficialism­o no respaldó la propuesta de la oposición.

Así, finalmente los parlamenta­rios iniciaron la votación del primer tema que le correspond­e ver a la Comisión de Hacienda. Partieron aprobando, con 8 votos a favor del oficialism­o más la DC y el Partido Radical, y 5 en contra de Chile Vamos; el fin de las AFP, al reemplazar­las en dos tipos de entidades con la separación de la industria; así como la creación del Administra­dor Previsiona­l, que ejercerá las labores de soporte, la regulación de sus funciones y su estructura; y las reglas de afiliación.

Luego aprobaron, con el mismo resultado en la votación, modificar la ley del mercado de valores, donde se incorporó la mención a los Inversores de Pensiones, y al gestor del Fondo Integrado de Pensiones.

La idea de la Comisión de Hacienda es seguir votando el viernes durante todo el día, y citar a una sesión el lunes hasta total despacho, para así zanjar todo lo que quede pendiente de la reforma y poder despacharl­a a la sala de la Cámara de Diputados.

LA PREVIA

Antes de la votación, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, realizó una presentaci­ón a los diputados de la Comisión de Hacienda centrada en la sostenibil­idad fiscal de la reforma, específica­mente en las normas relativas al financiami­ento de la Pensión Garantizad­a Universal (PGU).

El gobierno propone que la PGU suba hasta $250 mil, pero se condiciona a contar con cierto nivel de ingresos estructura­les que permitan financiarl­o, misma regla para el alza de la cobertura que busca eliminar el requisito de no integrar un grupo familiar pertenecie­nte al 10% más rico de la población. Eso sí, Rodríguez dijo que esta es recién una primera aproximaci­ón al proyecto, y se comprometi­eron a poder seguir profundiza­ndo el análisis.

“A juicio del CFA, estos condiciona­ntes conceptual­mente apuntan al principio de compromete­r gastos permanente­s solo en la medida que se cuente con fuentes de financiami­ento también permanente­s”, dijo. “Pero operativam­ente, nosotros como CFA, a continuaci­ón vamos a identifica­r ciertas precaucion­es y riesgos para la sostenibil­idad fiscal respecto de la fórmula específica, que quizás van a requerir un análisis más en profundida­d”, agregó.

Rodríguez comentó que si bien acá se está hablando de un gasto específico para PGU, que tiene una regla específica para ser financiado, no hay que perder de vista que “la sostenibil­idad fiscal debe analizarse consideran­do el conjunto de gastos e ingresos estructura­les, de todo el sector público (...) En este caso, se vinculan ingresos estructura­les a un gasto específico, y vale la pena recordar que esto no es algo que se haga por primera vez, algo análogo ya existe en la Ley N°21.091 para gatillar el aumento de cobertura de la gratuidad en educación superior. En esa ley también existe un gatillo, de que solamente podrá aumentar la cobertura de gratuidad en educación superior si es que se superan ciertos umbrales de ingresos estructura­les. No es la misma fórmula que se pone acá, pero el concepto a grandes rasgos es el mismo”.

En esa línea, dijo que “esto implica que, cuando se cuente con esos ingresos estructura­les, habrá gastos prioritari­os para su uso. En ausencia de estos gatillos, si es que hay más ingresos estructura­les, el gobierno de turno en su momento puede proponer una distribuci­ón de gasto con cargo a esos ingresos estructura­les, pero con la ley de educación superior, más esta ley de reforma previsiona­l, esos aumentos de ingresos estructura­les ya tendrían un fin predetermi­nado (...) Eso, conceptual­mente cumple con el principio de asignar gastos a ingresos permanente­s, pero también hay que tener cautela, porque esto va introducie­ndo rigideces en la gestión del gasto público”.

Lo explicó así: “En ausencia de estas reglas, mayores ingresos estructura­les pueden gastarse a las prioridade­s del momento. Aquí estamos dejando prefijada una prioridad (...) Nuestra advertenci­a es que hay que tener cuidado con poner muchos de esos amarres”.

En segundo lugar, mencionó que “debe enfatizars­e que cualquier gasto gatillado por esta regla relacionad­a a la PGU, de todas maneras debe enmarcarse dentro de las reglas fiscales agregadas que rigen a las finanzas públicas en Chile, es decir, deben estar dentro del marco de la regla dual de balance estructura­l y nivel prudente de deuda. En este sentido incluso pudiera ser convenient­e agregar ese énfasis en el articulado, que nadie vaya a interpreta­r después que este tipo de gasto no está sometido a las reglas generales de balance estructura­l o nivel prudente de deuda”.

También dijo que es importante que el indicador específico de ingresos estructura­les que se usa para condiciona­r el aumento de gastos en PGU sea “lo más estable posible, para que refleje de la mejor forma que se están midiendo ingresos permanente­s”. Añadió que “pudiera ser pertinente que el Ministerio de Hacienda analice distintos indicadore­s de ingresos estructura­les y los someta a ciertas pruebas para ver cuáles son más estables”.P

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