La gobernanza de la permisología
Resulta paradójico que como país tengamos una de las más grandes oportunidades para ser protagonistas en una nueva era de inversión de descarbonización, pero contemos al mismo tiempo con una parálisis permisológica que más allá de dar una protección al medioambiente, logra un inmovilismo que sólo consigue perpetuar un lento declive ambiental, social y económico de todos los chilenos.
Hemos perdido valiosísimos momentos para sellar acuerdos que han sido capitalizados por la dinámica de parálisis que lentamente nos carcome como nación, llevándonos a un PIB tendencial menor al 2%, lo cual es el mejor indicador de que si no se promueve la inversión, la calidad de vida de las personas no va a mejorar. El llamado que hizo el gobierno las últimas semanas en relación a detener la vorágine permisológica unido a una propuesta a discutir la Ley 19.300 y permisos va en la dirección correcta. Este llamado debe ser entendido en un momento oportuno para cimentar un criterio fundamental de largo plazo que busque cumplir con los objetivos de (i) reducir los plazos (ii) aumentar la certeza jurídica y (iii) mantener estándares adecuados de evaluación ambiental.
Es sabido que todo proyecto genera impactos, pero para aprobarse, debe cumplir con el principio de sustentabilidad, vale decir, debe balancear adecuadamente los criterios ambientales, sociales y económicos, lo cual fue inicialmente cautelado por un Comité Ministerial (Coeva) y posteriormente fue balanceado por un Comité de Ministros que le daba un contrapeso más político a la resolución. Resulta fundamental que habiendo pasado 14 años desde la creación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), si va a haber una reforma, se evalúe bien la gobernanza del SEA. En concreto, si se elimina el Coeva y el Comité de ministros, ¿cuál es la garantía de que con el tiempo no sea apropiada por criterios puramente ambientalistas sin ningún contrapeso? ¿Puede una adecuada gobernanza ser una garantía para lograr una resolución en origen sin seguir aumentando iterativamente los plazos del proceso completo (administrativo y judicial)? ¿Podemos aspirar a tener certeza jurídica con una evaluación adecuada y oportuna mejorando estándares y tiempos?
La respuesta puede ser positiva dependiendo de cómo se implemente, ya que toda adición de consultas, revisiones y chequeos por terceras partes puede generar mayores tiempos y burocracias, en donde el hecho de tener una decisión clara en el origen resulta crucial para cualquier propuesta. Si hay consenso en avanzar hacia un SEA referente a nivel técnico que sea dirigido por un director que tenga capacidad resolutiva ambiental y sectorial sin un balanceo de un Coeva o apelación a un Comité de Ministros, necesariamente debería ser amparado por un Comité autónomo tipo Banco Central y no por un ministerio. Este Comité independiente, debe tener la capacidad de remover a su director no por criterio político de turno, sino de acuerdo a un mandato de aprobar proyectos que promuevan el bien común basado en un pilar social, ambiental y económico. Estos principios deberán estar bien representados en la gobernanza que sostiene al SEA, al igual como lo es el mandato del Banco Central de mantener la inflación baja y estable.
Si gran parte del problema permisológico se va a atacar con una propuesta que mejora el proceso ambiental y sectorial otorgando facultades resolutivas al SEA, habría una debilidad latente que dejaría vulnerable la legitimidad de una resolución en función de vaivenes políticos de turno. El camino adecuado necesariamente debería plantear una gobernanza independiente cuyo ejercicio de garantías que las resoluciones emanadas al momento emitir una RCA, persigan el principio superior de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Consejero de la Sofofa