Construir una nueva legitimidad
Cofundadores de Dinámica Plataforma
La actual movilización de las comunidades atacameñas a propósito del acuerdo entre Codelco y SQM plantea una pregunta profunda: ¿cómo puede la explotación del salar de Atacama obtener la legitimidad que necesita? Heredamos nuestro actual concepto de legitimidad de la Roma imperial, en la que las guerras debían resolverse con un tratado o alianza. Para los romanos, este acuerdo es la continuación natural de todo enfrentamiento, porque el conflicto crea un mundo en común entre los bandos. Parafraseando a la filósofa Hannah Arendt, este mundo en común solo puede existir cuando la guerra da lugar a una nueva convivencia, a una coexistencia entre las partes.
La palabra legitimidad proviene, en última instancia, del griego legéin, que puede traducirse como “decir, hablar o contar”, pero también como “reunir o juntar”. Ambas acepciones aluden, finalmente, a la construcción de un mundo común, que agrupa a las personas alrededor de una experiencia compartida. La legitimidad conduce así al acuerdo, al entendimiento.
En lugar de este mundo compartido, existe cierto consenso en la ciencias sociales de que los tiempos que corren se caracterizan, en gran medida, por una crisis de legitimidad que se expresa en diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad. De hecho, autores como Kathya Araujo y Danilo Martuccelli plantean que una de las pocas experiencias compartidas de la ciudadanía en nuestros tiempos es la sensación de no ser escuchados, de ser ignorados por parte de las instituciones. Así las cosas, el malestar y descontento aparecen como reacciones ante el vacío de legitimidad que experimenta la mayoría de las personas.
El 27 de diciembre pasado, las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) se enteraron por WhatsApp de que Codelco y SQM habían logrado un acuerdo para la extracción de litio desde el salar de Atacama. Ambas empresas actuaron según los procedimientos institucionales establecidos para definir en conjunto las condiciones de la explotación del litio hasta el año 2060. El Consejo considera que debió haber sido parte de esa discusión desde el principio y denuncia que el acuerdo se realizó a sus espaldas. La reacción del CPA tiene lugar, además, en un momento en el que se perfilan nuevos actores y demandas territoriales, en el marco del convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en 2008.
Las manifestaciones que hemos visto en torno al acuerdo entre SQM y Codelco son, entonces, una denuncia de falta de legitimidad que ocurre en un escenario complejo. Esta situación, que necesariamente hay que enmarcar dentro del naciente proceso de la Estrategia Nacional del Litio, conduce a una pregunta: cómo lograr que un acuerdo que nació con cuestionamientos profundos, adquiera legitimidad en el camino, para permitir el desarrollo de un proyecto nacional de esta escala y relevancia, más allá de la propia minería del litio.
La apertura al diálogo es un buen comienzo: esta crisis evidencia la necesidad de que las comunidades afectadas tengan una experiencia concreta de integración, que las haga partícipes de un proceso que hoy las excede. Siguiendo la interpretación romana, tenemos que reunirnos para establecer las bases de convivencia futura de las contrapartes, para crear un mundo en común, “ecosistémico” diríamos en nuestra terminología actual. A partir de ese inicio, se podrán sentar las bases de nuevos modelos de gobernanza territorial que creen las condiciones y los acuerdos que permitan llevar adelante la Estrategia Nacional del Litio en el salar de Atacama, la mayor y mejor reserva global de este mineral.
Es el momento de pensar en cuáles son las condiciones que hacen falta para dar origen a esta nueva legitimidad, y de preguntarse cómo el Estado será capaz de conjugar de manera coherente la demanda global de litio con los desafíos locales de legitimidad. Es el momento de preguntarse seriamente cómo encontraremos maneras de invitar al otro a construir un nuevo mundo en común.
La industria salmonera llegó a los peaks de producción hace unos cinco años, entre el 2017 y el 2018, manteniéndose en 900 mil toneladas anuales, consolidándose como la segunda productora a nivel mundial, superada sólo por Noruega. Junto con este crecimiento también partieron los problemas: los robos. Entre 2022 y 2023 estos hechos experimentaron un alza considerable, los que desde 2019 a la fecha implican cerca de US$ 22 millones -según cálculos de SalmonChile-, aunque la cifra podría ser mayor considerando que hay ciertos robos que no se denuncian. De hecho, en la industria circula que este problema podría estar en torno a los US$ 70 millones.
Desde SalmonChile -gremio que agrupa a productores y proveedores de la industria-, señalan que ven con creciente preocupación cómo ha seguido aumentando el fenómeno delictual. Explican que este delito se comete en distintas etapas del proceso de producción, pero estos últimos años ha tenido un gran incremento y visibilidad en el transporte terrestre de producto terminado que se exporta principalmente por los puertos de Biobío y Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Pero también hay ilícitos en las regiones del Maule y Los Lagos, en Aysén y Magallanes.
Según el Consejo del Salmón -que agrupa a Aquachile, Australis Seafoods, Cermaq, Salmones Aysén y Mowi Chile-, las toneladas robadas han crecido un 47% en estos últimos dos años y de un 100% en términos de valor, pero no dieron las cifras en dólares. Esto va asociado a que los productos sustraídos tienen un mayor valor agregado, de ahí el salto en el crecimiento de los montos respecto al tonelaje.
Las estadísticas delictuales dan antecedentes de la problemática. Desde el 2019 se reportan 160 denuncias por robos de carga y por robos en centros de cultivo, plantas de proceso y otros, de las empresas asociadas a SalmonChile. Dichas denuncias han sido presentadas por empresas representadas por la Oficina Anti Robo de la asociación gremial, la cual fue creada el año 2011 para enfrentar estos hechos.
La historia de los robos
Los robos afectan toda la cadena, desde el transporte a los centros de producción, por lo cual el espacio de afectación es bastante amplio. Según información de SalmonChile respecto a sus asociados, desde 2018 a la fecha, de los 160 robos que han sufrido, 139 han sido en el transporte de salmones, 19 en centros de cultivos y uno en plantas de procesos.
El problema también es extenso en el espectro geográfico. En los últimos dos años hay presencia de ilícitos desde la Región del Maule al sur, por lo cual es un fenómeno que se ha expandido afectando a toda la zona centro-sur.
“Vemos que este fenómeno se puede parecer a la evolución del robo de madera que requirió de una ley especial cuando ya estaba bajo control de bandas criminales. Además de la violencia de las bandas por el secuestro y ataque a choferes, vemos otras aristas preocupantes a tener en consideración, tales como el riesgo para la salud de las personas por comercialización de salmones en procesamiento de mortalidad, pérdida de cadena de frío (entre otros