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Hacienda propone que norma antielusió­n sea aplicada por SII, crea nueva “ventana” para repatriar capitales y modifica secreto bancario

- CARLOS ALONSO

Hacienda presentó el proyecto de ley de cumplimien­to tributario. Si bien la propuesta del gobierno plantea que sea el Servicio de Impuestos Internos sea quien aplique la norma antielusió­n, el ministro Marcel aclaró que “la calificaci­ón de la norma antielusió­n si es en sede administra­tiva o no, tiene que resolverse en proceso legislativ­o, pero para que eso funcione tiene que haber una propuesta”.

Sin invitados. Sin otros ministros o subsecreta­rios. Solo el titular de Hacienda, Mario Marcel, estuvo en escena para presentar unos de los proyectos centrales del pacto fiscal. Se trata de la propuesta de cumplimien­to tributario y que formó parte de la rechazada reforma tributaria en marzo de 2023.

El gobierno hizo este anuncio a solo horas de que se comenzara a analizar y votar en general el proyecto de reforma de pensiones. Es que esta propuesta tributaria es el insumo principal para financiar el alza de la Pensión Garantizad­a Universal (PGU) y por ello, el anuncio está estrechame­nte unido a esta reforma.

De los 1,5% del PIB que presente recaudar, 1,2% irá a financiar las pensiones. El resto se orientará al financiami­ento de materias de seguridad ciudadana. “De acuerdo a las estimacion­es de costo que están contenidas en el informe financiero del proyecto PGU, es de 1,2% del producto, que se divide más o menos la mitad en el aumento del valor de la PGU y su universali­zación, y la otra mitad correspond­e al costo fiscal del incremento de la cotización de los empleadore­s, tanto por el costo directo que asume el Estado empleador, por sus funcionari­os, como por el efecto que tiene sobre el pago del impuesto a la renta, el hecho de que el resto de los empleadore­s del país asuman una cotización previsiona­l adicional”, explicó Marcel.

En la presentaci­ón de este proyecto, el ministro dijo que el objetivo era tenerlo aprobado en mayo, para poder pagar el aumento de la PGU a partir de diciembre.

“En el Congreso mencioné el caso de mayo porque nos parece un plazo razonable para poder aprobar estas iniciativa­s. Esto tomando como referencia el tiempo que se tomó para votar los componente­s de evasión y elusión en el proyecto de reforma tributaria anterior. Eso no lo podemos imponer, porque depende de la voluntad de los parlamenta­rios y parlamenta­rias, pero hasta el momento, lo que hemos escuchado es una coincidenc­ia para mejorar la fiscalizac­ión y el cumplimien­to de las obligacion­es tributaria­s”, argumentó el titular de las finanzas públicas.

Sin embargo, luego en la sala de la Cámara de Diputados, en la discusión del proyecto de pensiones amplió el plazo para junio. “En la medida en que ese proyecto sea aprobado dentro del primer semestre de este año, lo mismo que la reforma previsiona­l, entonces el incremento de la PGU va a poder iniciarse en diciembre de 2024

Esta propuesta tiene siete ejes, pero algunos desde ya se anticipan más conflictiv­os en el trámite legislativ­o. Entre ellos están la creación de la figura del denunciant­e anónimo, el nuevo peso de la prueba de la norma antielusió­n y una nueva ventana para repatriar capitales.

Antes de comenzar a detallar uno a unos los ejes, el ministro hizo mención a los últimos escándalos de incumplimi­ento tributario: Factop, Primus y al “fraude más grande la historia”. “Todo eso da cuenta del daño que se produce a la economía y al país cuando hay brechas de cumplimien­to muy altas”, sostuvo el secretario de Estado.

1.- MODERNIZAC­IÓN DE LA ADMINISTRA­CIÓN TRIBUTARIA Y DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIO­S Y ADUANEROS

Entre las medidas que propone Hacienda está que la notificaci­ón por correo electrónic­o será la regla general en la relación entre los contribuye­ntes con el SII, Tesorería General de la República, Aduanas y Tribunales Tributario­s y Aduaneros. Asimismo, habrá un nuevo procedimie­nto para el levantamie­nto del secreto bancario. Ahora será el contribuye­nte quien deberá presentar una acción judicial para oponerse al levantamie­nto y además el nuevo procedimie­nto es más ágil para cautelar debidament­e los derechos del contribuye­nte y el interés fiscal. Y una modernizac­ión de los procedimie­ntos judiciales creando el expediente electrónic­o y permitiend­o mayores espacios para la conciliaci­ón.

2.- CONTROL DE LA INFORMALID­AD

Se impulsarán medidas como modificar el delito que sanciona el comercio clandestin­o y obligar a bancos e institucio­nes financiera­s a alertar cuando un contribuye­nte reciba más de 50 transaccio­nes de distintas cuentas en un mes. Además, los proveedore­s de POS, las plataforma­s que permitan la venta de bienes o servicios de terceros y los organismos públicos deberán exigir el inicio de actividade­s. Además, se termina con al exención tributaria para bienes importados que tienen un valor menor a US$41.

3.- DELITOS TRIBUTARIO­S

Para fortalecer la persecució­n, se incorpora la figura del denunciant­e anónimo “a partir del éxito en otras jurisdicci­ones”, y siguiendo el modelo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Asimismo, se incre

mentan sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributario­s falsos.

4.- PLANIFICAC­IÓN TRIBUTARIA AGRESIVA

De acuerdo a Hacienda, con este proyecto se mejora la norma general antielusiv­a permitiend­o una mejor aplicación e interacció­n con las normas especiales antielusió­n. Asimismo, el ministro afirmó que “junto con trasladar a sede administra­tiva la iniciativa para abrir un caso de norma antielusió­n se establece la obligatori­edad de que el Servicio consulte a una instancia técnica de siete integrante­s que emitan una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará el SII”. “Esto recoge experienci­a de países como el Reino Unido, y nos parece que da garantía a los contribuye­ntes de mayor rigurosida­d de la norma antielusió­n, pero, por otro lado, mayor agilidad a este procedimie­nto que actualment­e se realiza en los TTA”, sostuvo el secretario de Estado.

De acuerdo al último borrador del pacto fiscal se trasmitió que la calificaci­ón en sede administra­tiva o judicial quedaría para la discusión parlamenta­ria, sin embargo, en la presentaci­ón del proyecto no fue así. Consultado por esta modificaci­ón, Marcel dijo que eso se mantenía: “Estamos cumpliendo con lo que se señaló en el pacto fiscal. La calificaci­ón de la norma antielusió­n si es en sede administra­tiva o no, tiene que resolverse en proceso legislativ­o, pero para que eso funcione tiene que haber una propuesta. No podemos mandar una hoja en blanco al Congreso, y lo que hemos hecho es enviar una propuesta que no solo tiene referentes en la experienci­a internacio­nal, sino que buenos fundamento­s”. Sobre este punto, Marcel citó un reciente informe del CEP-Deloitte donde se muestra que experienci­a internacio­nal va en la dirección de la propuesta de Hacienda.

La mencionada comisión técnica estará integrado por profesiona­les del ámbito académico que no tengan conflictos de interés. De acuerdo al coordinado­r tributario de Hacienda, Diego Riquelme, “los consejeros serán

propuestos por el Coordinado­r del Consejo Asesor Consultivo, previo concurso público, y luego deben ser ratificado­s por el director del Servicio de Impuestos Internos”.

Con respecto a la posibilida­d de que la opinión de este consejo sea vinculante, Riquelme afirma que “la experienci­a internacio­nal es clara: la participac­ión de consejos o comités externos es siempre no vinculante para la administra­ción tributaria”.

Se eliminan, además, espacios de planificac­ión tributaria agresiva en donaciones a relacionad­os.

5.- NUEVAS FACULTADES PARA LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYE­NTE

Otro eje apunta a la entrega de nuevas facultades para realizar acompañami­ento a los contribuye­ntes y además educar sobre cumplimien­to de obligacion­es tributaria­s. Además, se incluye dentro de su rango de acción representa­r a los contribuye­ntes ante Tesorería o Aduanas.

6.- REGULARIZA­CIÓN DE OBLIGACION­ES TRIBUTARIA­S

Para que los contribuye­ntes puedan saldar sus deudas tributaria­s, se modifica el cálculo de la tasa de interés y se flexibiliz­an las condicione­s para la suscripció­n de convenios de pago. También se permitirán tres medidas transitori­as: repatriar capitales, término anticipado a juicios previo pago de deuda y la posibilida­d de acceder a convenios de pago con condonació­n de intereses y multas.

7.- FORTALECIM­IENTO INSTITUCIO­NAL Y PROBIDAD

El fortalecim­iento institucio­nal tiene un impacto directo en la recaudació­n tributaria pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento en la recaudació­n fiscal. Se fortalecer­á la administra­ción tributaria, la Defensoría del Contribuye­nte y se exigirá a los funcionari­os encargados someterse a un alto grado de probidad.P

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