Tributaristas centran sus dudas en denunciante anónimo y norma antielusión en manos del SII

Con dudas quedaron los expertos tributarios al conocer los ejes del proyecto de cumplimiento tributario que presentó Hacienda. Entre los temas más cuestionados está la creación de la figura del denunciante anónimo y la calificación de la norma antielusión por el SII. Hay otros reparos por la repatriación de capitales y el levantamiento del secreto bancario.

“Si la norma antielusiva general queda con aplicación administrativa, el SII queda nuevamente como juez y parte, algo que se había logrado evitar con la creación de los tribunales tributarios”, sostiene Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax & Legal.

Otra visión entrega Gonzalo Ferraz de Andrade, abogado tributario de Arteaga Gorziglia, quien plantea que “el problema de este mecanismo es que el SII termina siendo juez y parte, y no están claras las condiciones y espacio para arbitrariedades del SII. La actual norma logra controlar que el SII a diestra y siniestra aplique la NGA, obligándolo a preparar muy bien sus casos”.

Álvaro Moraga, abogado tributario de Moraga y Cía, suma reparos: “Pretender sacar el análisis de los Tribunales Tributarios independientes, para llevarlo a una decisión de un órgano administrativo cuyo Jefe Superior es el político de turno, como es el SII, es una regresión que lleva a la época en que el SII era juez y parte”.

El gobierno se mostró abierto a modificar esta idea en caso que el parlamento así lo resuelva y resaltó el hecho que se creará una comisión de expertos para asesorar el SII, pero su opinión no será vinculante.

“El generar una comisión de expertos, en ese escenario, podría justamente proteger los derechos señalados, pero para que ello fuere efectivo, haría más sentido que su opinión sea vinculante”, puntualiza Jaime Preiss, socio Consultoría Legal Tributaria de CCL Auditores Consultores.

En esa línea, el experto acota que “si la opinión del comité de expertos es vinculante y se incluye en dicho comité a académicos y especialistas sin conflictos de interés, haría más factible que en el debate legislativo primara la idea de que la calificación sea finalmente tomada en sede administrativa. Eso, más la revisión jurisdiccional posterior a la que tendría derecho el contribuyente, asegurarían de mejor forma la protección de los derechos de los contribuyentes”.

Una opinión distinta entrega Pablo Quezada, socio de Tax Controversy en Deloitte, quien afirma que “la propuesta va en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de la OCDE, donde la aplicación de la NGA se hace en sede administrativa, sin perjuicio del derecho del contribuyente de impugnar la calificación ante un tribunal independiente e imparcial”.

Quezada explica que “el proyecto recogería la normativa del Reino Unido, donde existe un panel de expertos independiente que emite una opinión no vinculante. Ahora bien, siguiendo el mismo ejemplo del

También existen dudas entre los expertos sobre la aplicación y el alcance que tenga la repatriación de capitales. Si bien el gobierno no entregó detalles sobre este tema en particular, en la reforma de 2014 hubo un plazo de un año para que los contribuyentes declararan bienes o rentas en el exterior, pagando una tasa especial de 8%.

Reino Unido, la normativa que se proponga debería incluir que, en caso que el comité emita una opinión favorable al contribuyente, el SII tendría que explicar por qué la desestima en caso que quiera persistir en aplicar la NGA”.

Sobre la figura del denunciante anónimo, Preiss puntualiza que “se debe ser cuidadoso con este tipo de medidas que pueden afectar derechos de los contribuyentes afectados que no tendrían por qué ver expuestos sus derechos ante otros contribuyentes, especialmente en los casos en que las denuncias terminan siendo falsas o utilizadas para otros fines distintos a los tributarios”. Por la misma razón, enfatiza que “de incorporarse la figura en la legislación, es fundamental que existan contra incentivos impordidas tantes para que la denuncia no sea utilizada de mala fe, como por ejemplo lo serían multas de monto elevado”.

Bustos sostiene que esta figura puede “dar lugar a un incentivo perverso, para que especialmente contadores y otras personas de confianza de ciertos contribuyentes comiencen a delatar ciertas situaciones de las cuales puedan haber tenido conocimiento, y que evidentemente influye también en los deberes de lealtad y confidencialidad con la respectiva empresa”.

REPATRIACIÓN DE CAPITALES, LUCES Y SOMBRAS

En el punto seis de la minuta que entregó el gobierno se establece la regularización de obligaciones tributarias. Este eje tiene mepermanentes y otras transitorias. Entre estas últimas se encuentra una nueva ventana para repatriar capitales. Si bien Hacienda fue consultado sobre los detalles de esta medida no hubo respuestas.

Por ello, a modo de referencia, esto mismo se fijó en la reforma de 2014. Ese proyecto entregó un año plazo para que los contribuyentes declararan bienes o rentas en el exterior, pagando una tasa especial de 8%. Aunque la expectativa inicial de recaudación ascendía a US$ 128 millones, el Servicio de Impuestos Internos reportó ingresos por US$1.502 millones en 2015 por este motivo.

De acuerdo a lo informado ese año por el SII, se recibieron 7.832 declaraciones por parte de contribuyentes que se acogieron al sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el exterior.

Los expertos tienen distintas miradas sobre la efectividad de abrir nuevamente esta opción. Para Bustos “es una buena medida, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque implica que mucha gente va a repatriar, va a pagar el impuesto, lo que va a significar un aumento en la recaudación fiscal, pero eso implica que esas personas dejan de tributar en el futuro porque van a empezar a consumir y a utilizar esas rentas ya tributadas. Por lo tanto, en el futuro no pagarían impuestos”.

Mientras que para Preiss, “es cierto que este es un mecanismo que ya fue utilizado el año 2015 y que generó bastante más recaudación que la esperada, y, por tanto, en principio el reiterar el mismo mecanismo podría verse como problemático si se considera que abrir estas ventanas debiera ser algo excepcional”.

Quezada argumenta que “la exitosa ventana que se abrió el año 2015 se dio en un contexto institucional y jurídico muy distinto al de hoy, por lo que veo pocas probabilidades de que esta propuesta repita los US$1.500 millones que se recaudaron en esa oportunidad. Si ahora se recaudara el 10% de esa cifra, sería algo positivo”.P

El 7 de junio de 2023,el vicepresidente ejecutivo de Primus Capital, Eduardo Guerrero, prestó declaración ante el fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda. Sus palabras quedaron plasmadas en un documento de siete páginas y ahí detalla paso a paso lo que, a su juicio, fue el origen del millonario fraude que sacude al segundo factoring no bancario más relevante de la plaza en una trama que incluye acusaciones de cheques falsos, lujosos viajes, modelos peruanas y el supuesto envío de dinero en maletas a Panamá.

Según Guerrero, el gerente general, Francisco Coeymans, y el gerente comercial, Ignacio Amenábar “tenían montada una estructura defraudatoria para robarnos”. Ambos “se organizaron con terceras personas para la creación de sociedades instrumentales que dieron paso a una organización criminal a través de la cual se logró desfalcar a la compañía, simulando negocios reales, para justificar las operaciones que aprobaban y transfiriendo muchas veces los fondos a las sociedades que integran la organización criminal en vez de al supuesto cliente que debería ser el receptor”.

En su relato, el ejecutivo sostuvo que en los primeros años, Primus “superó sistemáticamente las proyecciones iniciales, lo que determinó un crecimiento mucho más rápido al previsto originalmente, lo que se vio acompañado por importantes premios a los socios gestores, tanto en mayor participación en la compañía (llegando al 16,79%), como en incrementos de renta, bonos e incluso dividendos antes de lo contemplado en base al presupuesto original”.

“Recuerdo cómo a mediados de marzo del 2019, Francisco (Coeymans) nos contó que estaba muy complicado por la aparición de un tumor cancerígeno en la cara de su hijo, y que requería de manera urgente poder tratarlo en el Hospital de Boston, donde estaban los expertos a nivel mundial para tratar ese tipo de casos, ante lo cual no tenía dinero para poder ingresarlo de inmediato, por lo que apenas nos contó, le transferimos directamente al Children’s Hospital Intenational de Boston los US$150 mil necesarios para que pudiera iniciar sin demora el tratamiento de su hijo”, acotó.

“Relato estos eventos para que se pueda dimensionar el nivel de confianza que les teníamos, y por tanto, el grado de traición que sentimos al enterarnos de la cantidad de ilícitos cometidos por Francisco e Ignacio, dañando irremediablemente a quienes fuéramos no sólo sus socios, sino también sus leales amigos quiénes los apoyamos tanto en sus temas personales como en el supuesto afán de crecimiento profesional a través del desarrollo de Primus”, acotó.

En su declaración, Guerrero explicó que la compañía encomendó una auditoría a KPMG, y se ha podido acreditar “un perjuicio de proporciones que a la fecha asciende al menos a $9.200 millones asociados a documentos falsos que simulaban ser cheques, $700 millones en un depósito a plazo falso que si bien era una garantía da cuenta del nivel de la contraparte que teníamos, $3.080 millones entre facturas falsas de lansa y Minera Gaby, más una cartera comprometida por al menos $25.000 millones adicionales, monto que podría crecer y respecto del cual no tenemos certeza de las reales posibilidades de recuperación atendida a esta situación”.

También comentó, en una de las primeras declaraciones prestadas en la investigación de la Fiscalía, que “en estos días la empresa ha sido víctima de un verdadero ciber ataque, dado que se han realizado un sinnúmero de intentos de ingreso a nuestros servidores y los directores hemos recibido correos falsos, que simulan provenir de una supuesta cuenta del presidente del directorio Raimundo Valenzuela, para que les informemos del estado de avance del informe que encomendamos a la auditora KPMG”.

EL FISCAL DEL FACTORING

Luego de la declaración de Guerrero, ese mismo día el fiscal continuó escuchando el rela

nal organizada, de la cual aún no tengo claro su real alcance, pero que operaría tanto en Primus como en otras compañías financieras y operativas, del mundo privado y estatal, con alcance tanto en Chile como en el extranjero”. “En esta organización participarían a lo menos 8 personas centrales, en conjunto con más colaboradores operacionales y/o instrumentales”, concluyó.

“CUESTIONAMIENTOS WEONES”

El 26 de julio, Ian Ukrow, gerente de Riesgo de Primus prestó declaración ante el cuartel Borgoño de la PDI. Su relato comienza explicando que desde los primeros años Amenábar y Coeymans conformaron un equipo de ejecutivas comerciales conocidas como “Las VIP”. Se trataba de ejecutivas comerciales que tenían contrato con una alta remuneración y de carácter fijo sin variable, pero que la mayoría de sus negocios eran gestionados por ellos.

También sostuvo que un día encaró a Francisco Coeymans por otorgar créditos que superaban el límite establecido por la sociedad de $2.000 millones a las sociedades que conforman el supuesto esquema defraudatorio. “Hoy tengo la certeza y evidencia de que mientras a mí me negaba todo, les escribía a las ejecutivas de que no volvieran a solicitar desbloqueos a riesgo, sino que debían hacerlo al área de operaciones para evitar cuestionamientos weones”, añadió.

Por último, dijo que “se percibía también un descontrol en su vida persona, ya que cuando venían a la oficina llegaban muy tarde y se iban muy temprano, a veces llegaban con claras señales de resaca u olor a alcohol”. “Cuando se iban a Perú supuestamente a trabajar no iban a la oficina, y que su vida social estaba llena de juntas y fiestas con varios de los asesores de los clientes de Primus, de las cuales exhibían fotos con mujeres”, concluyó.

“Te saqué de la empresa donde eras junior” Por su parte, el 5 julio del año pasado, declaró ante el Cuartel Borgoño, Brian Moore, gerente corporativo de operaciones y finanzas de Primus. Ante la PDI sostuvo que en ocasiones fue denostado por Coeymans en los partidos de futbol que organizaba en su casa su amigo Antonio Guzmán en Chicureo.

“Iba invitado bajo presión y casi como obligación por Coeymans donde no me atrevía a decir que no, dado su fuerte carácter y el efecto que pudiera tener en mi puesto de trabajo”, sostuvo. En una ocasión recodó que Coeymans, al ver que él se iba al terminar el partido, le dijo: “Cómo te atreves a irte tan temprano si yo te cambié la vida y te saqué de la empresa donde eras junior”.

También sostuvo que “todas las operaciones fraudulentas se hacían al cierre de la jornada laboral e incluso posterior, cuando las personas ya tienen un desgaste físico y la presión de revisión disminuye. Se ejercía una presión de curse urgente y encima de las personas de operaciones que revisan los documentos para obtener una revisión en tiempos anímalos. Una vez aprobados los negocios del día, el cheque falso se entregaba al área de tesorería para su administración”.

“Me decía que tenía absolutamente controlada la situación y que estaba sobre garantizando con activos, así que no me preocupara. Esto definitivamente se transformó en mi calvario, situación que duró desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 30 de julio de 2021, luego de esto tuvimos un fuerte altercado y terminó”, comentó Moore.

La Fiscalía, hasta ahora, ha pedido formalizar a cuatro personas. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió fijar para el 27 de febrero de 2024 la audiencia de formalización de ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans y el ex gerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, el técnico de cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. Los cuatro serán formalizados por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, “blanqueo de capitales y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso cometidos durante enero de 2019 y junio de 2023.P