Los nuevos plazos para Codelco y su compra en el salar de Maricunga
Pese a la aprobación por amplia mayoría de los accionistas de Lithium Power International para que la estatal chilena adquiera en US$244 millones el proyecto Blanco, la materialización del acuerdo sufrió una reprogramación ante una extensión en el plazo para obtener el visto bueno para inversiones extranjeras. La “incertidumbre creada para los financistas de proyectos por la estrategia nacional del litio” fue uno de los argumentos que el directorio de la australiana esgrimió a la hora de recomendar en forma unánime la operación.
En exactos 31 días, Codelco concretaría la compra del 100% de Lithium Power International (LPI), firma australiana propietaria de Salar Blanco, un proyecto que le aportará 2.541 hectáreas en pertenencias del salar de Maricunga, adyacentes a las otras 2.500 con que ya cuenta la firma en el segundo depósito salino con mayor concentración de litio conocida en el mundo, solamente superado por el salar de Atacama.
Así se confirmó este martes, luego que la junta de accionistas de la compañía oceánica diera luz verde a la operación, anunciada el pasado 18 de octubre, y que involucra el pago de US$244 millones.
La operación, que de acuerdo con la legislación local requería al menos el 75% de los votos para ser aprobada, superó por amplio margen el mínimo legal exigido. Según detallan las actas de la junta especialmente citada para pronunciarse sobre el esquema, de los 638 accionistas que concurrieron –sólo tres en persona y el resto en forma telemáticaa la votación, representativos del 94,51% del total, recibió el respaldo del 99,54% de las acciones presentes, y un 0,46%, equivalente a 35 accionistas, lo hizo en contra.
El visto bueno de la junta de accionistas llegó así dentro del plazo originalmente contemplado en el esquema, que consideraba una segunda audiencia de la Corte de Justicia de Australia a realizarse el próximo 29 de enero. Sin embargo, el pasado martes LPI comunicó a la Australian Securities Exchange (ASX) un retraso en el calendario inicial, debido a la ampliación del plazo legal solicitada por la Comisión de Revisión de Inversiones Extranjeras (Foreign Investment Review Board, FIRB) para entregar su aprobación del acuerdo. Dicho pronunciamiento debería ser emitido el 9 de febrero, pero el cambio en el calendario obligó a mover la audiencia con la corte para el próximo 13 de febrero.
De sortear ambas fases, las acciones de LPI deberán dejar de ser transadas en la ASX al día siguiente, el 14 de febrero, y a los dos días se cerrará el registro de accionistas que recibirán el monto acordado en octubre. Con ello, el plan quedaría implementado el viernes 23 de febrero, misma fecha en que se espera se produzca el pago a los accionistas.
El acuerdo considera el pago en efectivo de 0,57 dólares australianos por cada acción, totalizando 385 millones de la divisa, equivalentes a unos US$244 millones. Los recursos para financiar la operación provendrían de fondos propios, según explicó previamente la estatal.
CODELCO Y EL LITIO
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, valoró la decisión de los accionistas de LPI, y destacó que “con esta compra, Codelco consolida su propiedad minera en el salar de Maricunga y avanza en la configuración de un proyecto de clase mundial, que, además, tendrá credenciales excepcionales de sustentabilidad ambiental y de relacionamiento comunitario. También nos posiciona en nuestra estrategia de convertirnos en líderes en la producción de minerales críticos para la transición energética”.
El éxito de la operación marcaría la concreción de uno de los dos pasos que está dando Codelco para su incursión en el negocio del litio. El otro es el acuerdo alcanzado con SQM en el salar de Atacama, donde comenzaría a operar en enero de 2025, en caso que las partes cierren en forma exitosa las negociaciones pactadas para concluir dentro del primer trimestre de este 2024.
En Maricunga, la operación de Codelco enfrenta aún importantes desafíos, en un depósito donde hay otras 40 empresas mineras presentes. Entre ellas Simco, el consorcio entre la firma asiática Simbalik y la chilena Cominor, de Francisco Javier Errázuriz. A diferencia del resto, Salar Blanco cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero ello aún debe ser confirmado. Un fallo que el Segundo Tribunal Ambiental entregaría durante las próximas semanas, ante una reclamación de las comunidades indígenas colla de Copiapó y Pai Ote, podría revertir la autorización entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en febrero de 2020.
LOS ARGUMENTOS ANALIZADOS
Las actas de la junta de accionistas de Lithium Power International revelan los argumentos que fueron analizados para adoptar la decisión final. Entre las razones esgrimidas para votar a favor, los directores de la firma australiana resaltaron que la oportunidad que ofrecía el esquema de aportar valor a los accionistas tenía “el potencial de proporcionar mayores beneficios que cualquier otra alternativa actualmente disponible, incluyendo el financiamiento independiente y el desarrollo del Proyecto Maricunga, que podría ser difícil de obtener debido a la incertidumbre creada para los financiadores de proyectos por la Política Nacional del Litio”.
Además, remarcaron que desde el anuncio del acuerdo entre LPI y Codelco, no hubo propuestas superiores de valor, y los directores “no tienen conocimiento ni han recibido ninguna propuesta o acercamiento de ninguna persona que ellos esperen que pueda conducir a una propuesta superior”.
Además, leyeron la recomendación presentada por BDO como experto independiente que evaluó los méritos del acuerdo, señalando que los términos del esquema resultaban “justos y razonables”.
En los cálculos de BDO, cada acción de LPI “sobre la base de una participación mayoritaria se sitúa entre 30 y 68 centavos”, por lo que la oferta del plan por 0,57 dólares australiano por cada papel “se sitúa en la mitad superior de esta gama y supera el punto medio de valoración de 49 centavos”.
En contra, además de contemplar el potencial desacuerdo con la propuesta del directorio y la conclusión del experto independiente, se mencionaba el posible interés por continuar en solitario el desarrollo del proyecto, así como la tarea de conseguir su financiamiento. Sin embargo, a favor del esquema, la mesa de LPI destacó que seguir adelante con el proyecto “requeriría un capital significativo con el cual LPI actualmente no cuenta”. En su tramitación ambiental, la firma cifró en US$527 millones la inversión necesaria.P