Plazos oportunos para inversión deben integrarse más al presupuesto

Aveces el fallecido expresidente Sebastián Piñera conversaba simultáneamente con colegas de distintas sensibilidades políticas para debatir. Recuerdo la primera vez que participé en una de esas reuniones colectivas con él, hacia marzo del 2019. En esa oportunidad - unos seis meses antes del estallido social - el desafío era parecido al de hoy, pues se trataba de mejorar el crecimiento de tendencia y de facilitar proyectos de inversión productiva. Ahí dije algo que quiero recalcar nuevamente con ustedes, en el contexto de destrabar proyectos. Sólo el Ministerio de Hacienda o Presidencia tienen el poder suficiente para poder negociar con un servicio público que apure de las decisiones sobre proyectos. Esto no es sino una aplicación de la teoría de negociación eficiente de Coase.

Porque las burocracias -estatales o corporativas- están separadas en silos. Digamos que cada ministerio o servicio puede ser un silo separado. Donde a veces un silo debe velar por un objetivo, como el crecimiento, pero resulta que es otro silo el que tiene las herramientas para conseguirlo. Pensemos en herramientas como plazos efectivos de permisos de una desaladora o una certificación arqueológica.

En términos técnicos, la solución pasa por que el silo estatal que genera la externalidad negativa en la inversión -por las demoras- internalice dicho costo social. Eso alinea incentivos. El problema es quién lo negocia. Cuando un ministro de Economía, de Agricultura o de Minería van a la Directemar a pedir una aceleración de trámites para una desaladora, resulta que ese ministro va esencialmente a pedir favores, no a negociar. Porque su cargo no le da las herramientas para transferir recursos con otro ministro o servicio. En contraste, cuando el tema se negocia desde Hacienda, con alguien cercano al Presupuesto de la nación, entonces las cosas funcionan más rápido. En ese caso, el líder del servicio público internaliza que para poder acceder a recursos fiscales, entonces debe poner urgencia para evitar cuellos de botella innecesarios a la inversión. Porque dos más dos es cuatro, pero dos menos dos es cero. Sin inversión productiva, hay menor PIB de tendencia, y con menos PIB en un par de años habrá menos recursos para financiar objetivos de cada servicio público, ya sea un nuevo barco para la marina o un nuevo estudio arqueológico.

Nada de esto implica bajar estándares ni dejar pasar proyectos malos. Eso sería absolutamente nefasto. Siendo precisos, la externalidad que se busca mitigar es la demora innecesaria en la evaluación de proyectos. Eso debe estar en los convenios de desempeño de cada servicio, ya sea explícita o implícitamente. Cada sectorialista debería monitorearlo la Dipres.

Por cierto, esto no es completamente novedoso. Algunos recuerdan que el ex ministro Büchi llamaba por teléfono para facilitar inversiones en los años 80. Pero claro, la verdadera gracia está en poder hacerlo en nuestra democracia, con mejores estándares, y donde el ministro de Hacienda ocupa gran parte de su tiempo en el Parlamento y en construir acuerdos. Por eso, más allá de los cambios legales y los comités interministeriales de crecimiento, la autoridad fiscal debería contar con una mano derecha y un sistema presupuestario para alinear a los silos estatales que demoran la inversión.

PhD Harvard y profesor en la Escuela de Negocios de la UAI.