Litio: el mejor aliado del gobierno en el pacto fiscal
Aunque el 2023 no terminó bien en términos de actividad económica, el 2024 nuevamente estará marcado en lo económico por el debate tributario. El gobierno presentó su propuesta para aumentar el cumplimiento tributario con lo que busca recaudar 1,5% del PIB y comenzó una mesa de trabajo para impulsar un alza de impuestos que le permita recaudar 0,6% del PIB adicional. Existen dudas justificadas respecto de la capacidad de recaudar lo que se plantea por cumplimiento, al tiempo que parece insuficiente el esfuerzo de generar espacios vía eficiencia del gasto (0,1% del PIB) y se cuestiona si están o no dadas las condiciones para subir impuestos.
Por otra parte, a todas las medidas pro crecimiento se le está asignando un potencial recaudador de 0,5% del PIB en régimen. Esta cifra parece conservadora dado que considera, por ejemplo, la reducción de los plazos de los permisos y el desarrollo del potencial del litio y del hidrógeno verde, entre otras medidas.
Si bien cada uno de los temas anteriores requiere un análisis más detallado, en el caso de litio es importante tener claridad sobre cuál será su potencial aporte a los ingresos del gobierno y los supuestos en los cuáles descansan las estimaciones. Este asunto es necesario a la luz del debate tributario que se reinicia en marzo, para saber responsablemente qué se podrá financiar y qué deberá esperar, dados los recursos disponibles.
Aunque corría por un carril diferente, el preacuerdo entre Codelco y SQM ayuda a avanzar en la dirección de las medidas procrecimiento estudiadas en el informe de la Comisión Marfán convocada por el gobierno. En efecto, una mayor producción de litio permitirá aumentar los ingresos fiscales por concepto de rentas de arrendamiento y pago de impuestos. Los expertos estimaron que si era posible aumentar la producción del salar de Atacama se obtendrían recursos adicionales sólo por los arriendos pagados a Corfo por más de US$1.000 millones anuales adicionales al año 2028 (0,3% del PIB). A esta cifra se debe agregar la recaudación adicional por pago de impuestos y el desarrollo de otros salares que no fueron estimados.
Considerando la distribución entre las rentas de arrendamiento y los impuestos pagados por la industria del litio, suponiendo un precio de US$20 mil por tonelada -que es una cifra que genera cierto consenso entre los especialistas- y el aumento de producción que contempla el memorándum de entendimiento suscrito entre las dos firmas, los mayores ingresos fiscales anuales serían equivalentes a 0,43% del PIB. Para tener una referencia, esta cifra es equivalente a lo que se espera recaudar con el aumento del royalty minero aprobado el año pasado -que recae sobre toda la industria mineray es, prácticamente, todo el aporte que se atribuye en el pacto fiscal a las medidas pro crecimiento. Esta cifra no considera la explotación de otros salares, por lo que, a pesar del ajuste realizado a las cifras para considerar el pago de impuestos, esta medida sigue siendo un piso del impacto potencial del litio en los ingresos fiscales.
Una parte importante del financiamiento del pacto fiscal dependerá de la capacidad del Estado para elevar el cumplimiento tributario y la eficiencia del gasto público, así como de lo que se acuerde (o no) en el Congreso en materia de impuestos. Otra parte se obtendrá del litio. Poniendo estos elementos en la balanza, el desarrollo de la industria del litio parece ser una de las fuentes más seguras de generación de ingresos fiscales en el corto plazo. Maximizar su aporte requiere, sin embargo, que se concrete el acuerdo entre Codelco y SQM y que se definan pronto los demás salares que serán explotados, junto con el mecanismo que permitirá la llegada de nuevos actores a la industria.
Coordinador Macroeconómico de Clapes UC.