¿Puede llegar a Chile?: la disputa cultural en EE.UU. que tiene en el ojo del huracán a los fondos ESG

En el estado de New Hampshire se discute una ley que busca penar con cárcel de hasta 20 años a quienes inviertan dinero estatal o de los contribuyentes en fondos ESG (que consideran criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Para los expertos, no está claro si la discusión llegará a Chile, pero apuntan a que estos instrumentos tampoco han mostrado una rentabilidad por sobre el resto de las empresas.

—Retiro de fondos por parte de algunos estados dominados por al Partido Republicano, o leyes pasadas por el Congreso de EE.UU. para castigar las inversiones en fondos ESG (que consideran criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo), son parte de la guerra cultural que se vive actualmente en Norteamérica y que en los últimos años ha tenido como protagonistas a los fondos de inversión enfocados en compañías sustentables, algo que desde los sectores favorables a Donald Trump ha sido denominado como “capitalismo woke”.

El último capítulo al respecto es la propuesta de ley que se discute en el estado de New Hampshire, la cual busca penar con cárcel de hasta 20 años a quienes inviertan dineros estatales o de los contribuyentes en fondos ESG, es decir, un tipo de instrumento que busca lograr retorno en empresas que cuiden del medioambiente (environmental), la sociedad (social) y que posean buenos gobiernos corporativos (governance).

Pero lo que ocurre en New Hampshire es sólo una fracción de lo que ha sucedido en los últimos años. En 2023, la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. aprobaron una ley que impedía a los gestores de fondos de pensiones guiarse por estos criterios, la cual posteriormente fue vetada por el Presidente Joe Biden. A fines de marzo de ese año, se conformó una alianza impulsada por el gobernador de Florida y exprecandidato presidencial, Ron DeSantis, y que unió a los gobernadores de Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming, que tenía por objetivo coordinar acciones para “proteger” a los individuos del movimiento ESG.

En medio de estos acontecimientos, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha sido uno de los focos de ataque, toda vez que el CEO de la compañía, Larry Fink, ha resaltado los valores ESG en reiteradas oportunidades. Por ello, los gobernadores republicanos de Florida, Texas, Louisiana y Carolina del Sur han castigado a la compañía retirando los fondos de pensiones de dichos estados de los vehículos de BlackRock.

Manuel Bengolea, socio de Octogone Chile, señala que el ataque a dichos fondos ha sido “fácil”, considerando que su desempeño “ha sido una decepción al compararlos con sus equivalentes no ESG. Por ejemplo S&P500 versus S&P ESG”. De hecho, en los últimos 12 meses, el índice S&P500 ESG ha subido 22,93%, algo más que el índice S&P500 que lo ha hecho en un 21,05%, pero en los últimos cinco años su retorno ha sido del 53,84%, muy por debajo del 81,1% del índice general.

A juicio de Bengolea, si bien estos instrumentos son relevantes en EE.UU., Europa y Japón, para el resto de los mercados es insignificante, y “por lo demás, la tecnología ha sido el gran driver de los mercados globales ( en los últimos años). Eso es pseudo ESG”, pero no necesariamente lo recogen los índices.

Los efectos de la disputa en EE.UU., por ahora, no se han expandido fuera de ese territorio, pero los inversionistas locales siguen atentos a la discusión en el país del norte.

¿Es posible que este debate llegue a nuestro país en el marco de una creciente polarización?: “Sería bastante difícil ver un fenómeno similar en Chile”, sostiene Ramiro Torres, subgerente de estudios y análisis cuantitativo de Principal, una de las más relevantes gestoras de fondos del país. A su juicio, a diferencia de EE.UU., en Chile “la participación directa (no a través de ahorros previsionales) en activos financieros es muchísimo menor, por lo que la percepción de este tema no influiría en su discusión mayormente”.

“Lo que sí es cierto es que estos criterios, más allá de cómo sean conocidos, apuntan a una mayor exigencia y fiscalización hacia las empresas en general, y eso es difícil que se abandone”, apunta Torres.

Por su parte, Matías Canelo, socio de Gestión Social -consultora especialista en planificación y gestión de sostenibilidad- plantea que “Chile es un país inmerso en el mundo, con una economía especialmente abierta, contabilizando 33 tratados comerciales con diferentes países y estados, por lo que sin duda, lo que pase afuera es algo que eventualmente puede ocurrir acá. Además, el mercado de capitales es cada vez más global y masificado, por lo que es fácil exponerse a tendencias en el exterior”.

Además, indica que “lo que preocupa, en definitiva, es que se politice este asunto, ya que el desarrollo sostenible no es parte de “lo woke” o de grupos ambientalistas, es una preocupación que va desde la sociedad civil hasta los accionistas, pasando por los trabajadores y todos los grupos de interés que una corporación puede tener”. Y en esa línea argumenta que si bien en las empresas en el país, a nivel general, “hay un convencimiento de que ese es el camino”, también es cierto que eso “no quita el que estas voces o visiones no estén haciendo eco a nivel local en ciertos grupos o sectores, donde probablemente los estándares ESG nunca convencieron por completo”.P