Fiscalía amplía delitos que imputará a exgerentes de Primus: ahora los acusa de asociación ilícita por millonaria estafa
El Ministerio Público pidió sumar a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar los presuntos delitos de asociación ilícita, espionaje informático y acceso Ilícito a un sistema informático, y agregar el delito de asociación ilícita a las otras dos personas que formalizará: Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán. También solicitó cambiar la fecha de la audiencia de formalización, programada para el 27 de febrero. El tribunal acogió la petición y fijó la audiencia para el próximo 3 de abril, a las 9.00 horas.
El fiscal Felipe Sepúlveda solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago ampliar la lista de presuntos delitos que imputará a los cuatro principales imputados por la millonaria defraudación de Primus Capital, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela.
La petición ocurre, luego de que el 5 de enero de 2024, el persecutor solicitara la formalización del exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, y el exgerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, además del técnico en cocina Marcelo Rivadeneira por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales” cometidos durante enero de 2019 y junio de 2023. A mediados de diciembre del año pasado, la entidad había solicitado formalizar al abogado Antonio Guzmán por los presuntos delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado, a quien Primus considera una pieza clave del entramado defraudatorio urdido con sus exejecutivos.
En esta nueva solicitud, el Ministerio Público pidió sumar a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar los presuntos delitos de asociación ilícita, espionaje informático y acceso Ilícito a un sistema informático. Mientras que en contra de Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán sólo asociación ilícita.
A raíz de esta nueva solicitud, que amplía los cargos, el Ministerio Público solicitó también al tribunal postergar la audiencia de formalización, programada para el próximo 27 de febrero debido a “la proximidad y la complejidad del caso”.
“Se estima que la audiencia de formalización solicitada tendrá una duración superior al promedio de esta clase de audiencias, ruego a usted habilitar un bloque horario prolongado para efectos de realizar la audiencia solicitada”, consignó el escrito presentado por el fiscal Felipe Sepúlveda.
El tribunal acogió la petición y fijó la audiencia para el próximo 3 de abril de 2024, a las 9.00 horas.
La nueva arremetida del Ministerio Público se produce luego que Pulso detallara las declaraciones de Francisco Coeymans y Antonio Guzmán. Los otros imputados, Marcelo Rivadeneira e Ignacio Amenábar, aún no han prestado declaración.
En su declaración, Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, reconoció haber ingresado a los sistemas computacionales de la compañía a través del perfil del vicepresidente ejecutivo, Eduardo Guerrero.
El 18 de diciembre de 2023, el fiscal Felipe Sepúlveda le consultó a Coeymans: ¿Accedió a los sistemas autorizando operaciones o prórrogas después de que se implementaron estas restricciones?
“Sí, pero se trata de operaciones sin giro, para mantener la vigencia de cartera o renovar una que iba a vencer. Usé el perfil de Eduardo Guerrero. Una ejecutiva de nombre Daniela Vargas se consiguió esa clave”, respondió.
ORIGEN DEL CASO
Todo comenzó cuando en marzo de 2023,
Primus Capital informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el hallazgo de una serie de operaciones respaldadas con cheques falsos. Según la empresa, el exgerente general y el exgerente comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar llevaron adelante un esquema defraudatorio al interior de la empresa que provocó cuantiosos perjuicios.
Según cercanos a la operación del factoring, los daños provocados por la presunta estafa asciende a más de $100.000 millones.
Al ser apartados de la compañía, los ex ejecutivos presentaron demandas laborales, aduciendo un autodespido y exigiendo el pago de $2.500 millones en indemnizaciones. En sus acciones judiciales, denunciaron que el propio controlador de Primus conocía de las operaciones que hoy son sindicadas como truculentas e ilícitas.
En el marco de este proceso, la defensa del factoring, encabezada Domingo Eyzaguirre, socio de Dmey Abogados, adjuntó a la causa el informe forense que encomendó la empresa a la auditora KPMG. El documento, al que tuvo acceso Pulso, realiza un pormenorizado análisis del caso y aborda no sólo la trama del origen de los cheques cuestionados, sino que también los millonarios traspasos a empresas creadas en un día.
La auditora obtuvo información sobre la incorporación en la cartera vigente de la compañía de clientes sin inicio de actividades económicas y de las autorizaciones de excepciones de manera anómala, junto con los vínculos societarios y personales entre los beneficiarios finales de los fondos y los altos ejecutivos de la compañía, causando un perjuicio económico a la cartera de Primus Capital al respaldar sus operaciones con la entrega de 213 cheques cuestionados que, según el informe pericial, suman un total de $9.408 millones.
A través del Servicio de Impuestos Internos, KPMG pudo corroborar que 42 de los 55 clientes cuestionados comenzaron a operar con Primus Capital sin tener registrado el inicio de actividades económicas, es decir, estas empresas no estaban formalizadas con todos los permisos necesarios para operar. Incluso cuatro clientes operaron con una diferencia de más de 300 días transcurridos entre la fecha de su primera operación con Primus y la fecha de inicio de actividades económicas.P