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Imagínese la siguiente situación. Amazon, uno de los principales empleadores privados a nivel mundial, con cerca de 1,5 millones de colaboradores, durante la presentación de los resultados anuales, recibe la siguiente pregunta de un grupo de inversionistas: ¿cómo se explica el aumento de 100 mil empleados en la compañía? Y su presidente, J. Bezos, le responde: “Mire, en las oficinas centrales donde yo trabajo no ocurrió, esa pregunta la deben responder los ejecutivos a cargo del resto de las filiales de la compañía”. Es probable que en cosa de minutos comenzara el desplome de la acción, revelando una evidente falta de control y consecuente pérdida de confianza de los inversionistas en la administración.
Aunque parezca increíble, es la pregunta que aún no logra dilucidar el principal empleador de nuestro país: el Estado de Chile. Así se vio reflejado a fines de enero en un intercambio entre el Ejecutivo y las municipalidades, asignándose responsabilidades cruzadas respecto del origen de las 100 mil nuevas contrataciones en el Estado que reportó el INE en los últimos 12 meses a noviembre de 2023 y que le costarían anualmente al Estado cerca de US$2.500 millones.
Mientras la “coartada” del Ejecutivo sería que el Gobierno Central (que excluye municipalidades y otras entidades) realiza un censo periódicamente que mostraría un aumento más acotado, pero además se podría comprobar con el crecimiento de 4,2% en el gasto de remuneraciones en el 2023 (+US$600 millones), por parte de las municipalidades sus dirigentes acusaron al ministro Marcel de especular y remarcaron que la ley establece a los municipios porcentajes de contratación de funcionarios municipales y la Contraloría General de la República (CGR) los fiscaliza de manera permanente y a través del sistema de registros.
Ante la falta de claridad, el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, en su reciente informe laboral, entregó nuevas pistas de quiénes son y dónde podrían encontrarse las 100 mil nuevas contrataciones. Provienen de las regiones Metropolitana, de Los Lagos y de Tarapacá, tienen entre 25 y 54 años, y se desempeñan en la administración pública (excluye salud, educación y otros). Además de señalar que fue la cifra de aumento de empleo más alta (15,5%) desde que existen cifras comparables, por rama de actividad económica.
Mientras, otros no pierden la oportunidad de apuntar la responsabilidad al “mensajero”, el INE, ya que los encuestados no entenderían bien la pregunta, lo que llevaría a una clasificación equivocada. Pero el Observatorio OCEC-UDP señaló que esto no sería plausible, ya que implicaría que repentinamente surgió una confusión masiva entre los encuestados a partir del primer trimestre y se mantuvo de manera persistente durante el año 2023.
¿Cómo avanzar para resolver esta insólita polémica? (1) Que la CGR audite el cumplimiento de la regulación del año 2020 (ley 21.306, art. 70), que obliga a municipalidades, universidades estatales, empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a Dipres, y aproveche de verificar la integridad de los datos y aplicar las sanciones correspondientes. (2) Que la CGR pueda chequear la integridad de los datos de las nóminas entregadas a Dipres de parte de las entidades que componen el Gobierno Central, incluidos los funcionarios contratados directamente por los programas. (3) Finalmente, que el Ministerio de Hacienda publique periódicamente un reporte consolidado del número de funcionarios que trabajan en el Estado.
La búsqueda continúa para saber dónde trabajan los 100 mil empleados públicos contratados el último año, mientras tanto el “valor de la acción” del Estado de Chile, reflejado en la confianza de sus ciudadanos, se sigue deteriorando ante la falta de respuesta de las autoridades.