Ley Lafkenche: los 36 miembros y una vacancia de la Comisión que definirá futuro de mitad del borde costero de Aysén

Este jueves la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la región austral sesionará para ver si acoge o no dos propuestas que entregarían más 600 mil hectáreas de territorio marítimo a dos comunidades indígenas, donde más del 80% tiene uso preferente para actividades como la acuicultura y la extracción de recursos bentónicos. Del total de integrantes, 28 son autoridades locales, entre ellos 14 representantes del gobierno y nueve alcaldes.

El futuro de cerca de la mitad del borde costero de Aysén vivirá una jornada clave en la jornada de este jueves. A las 15 horas, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la zona austral sesionará para ver si acoge o no dos propuestas que entregarían más 600 mil hectáreas de mar a comunidades indígenas, en el marco de las solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO), contemplados en la denominada Ley Lafkenche (N°20.249), creadas para preservar usos y costumbres indígenas y que entregan por un tiempo indefinido la administración del espacio costero a las comunidades que consigan aprobar sus peticiones.

Las dos solicitudes, denominadas “Cisnes” e “Islas Huichas”, fueron ingresadas en 2016 y 2017, respectivamente, y en conjunto suman poco más de 621 mil hectáreas de territorio marítimo. La primera corresponde a la comunidad Pu Wapi, mientras que la segunda, originalmente fue ingresada por las comunidades Aliwen, Peumayen y Antünen Rain, pero las dos primeras retiraron su petición.

Ambas solicitudes comprenden zonas donde el actual decreto de zonificación de uso del borde costero considera cinco de los seis tipos de usos preferentes que establece la normativa para las porciones de territorio marítimo en Chile: turismo, acuicultura, extracción de recursos bentónicos, conservación y preservación.

Según un análisis presentado por integrantes del Gobierno Regional de Aysén la semana pasada, las dos ECMPO que serán revisadas este jueves comprenden, en un 41,2%, zonas con uso preferente para la extracción de recursos bentónicos, y en un 39,5%, zonas para la acuicultura. Es decir, más del 80% de la porción solicitada para uso indígena está actualmente calificada para contener actividad económica industrial en ellas.

En tanto, cerca del 38% de la superficie solicitada en la ECMPO “Cisnes” abarca Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) -espacios geográficos fijados según por la Ley General de Pesca y Acuicultura sobre bienes nacionales de uso público, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar concesiones de acuicultura-, mientras que la ECMPO “Isla Huichas” en alrededor del 30% comprende zonas catalogadas como AAA.

LA MOLESTIA DE LOS SALMONEROS

De acuerdo al director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, la extensión abarca “prácticamente la mitad del borde costero de Aysén” y en las solicitudes comprenden porciones de territorio marítimo donde existen “alrededor de 300 concesiones” entregadas a empresas del sector, de las cerca de 700 que existen actualmente.

Para Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, si bien “el espíritu original de la ley es bueno y noble”, afirma que “sus vacíos legales han propiciado un uso y abuso de ella que lleva a solicitudes absolutamente desproporcionadas que, de aprobarse, benefician sólo a unos pocos en desmedro del bien común y colectivo”.

Seguel sostiene que existen otros casos de aplicación adecuada de la normativa legal. “Desde que la Ley Lafkenche entró en vigor el año 2008, se han gestionado más de cien solicitudes de ECMPOs y la de mayor magnitud fue de 29.000 hectáreas concedidas en Manqueche en 2022. Y la solicitud que se va a votar este jueves son más de 600 mil hectáreas, es decir, 40 veces la isla de Pascua. ¿Es razonable? ¿Es justo? ¿Es responsable? Yo creo que no”, afirma Seguel.

Por eso, enfatiza que “el problema está cuando los excesos y falta de sentido colectivo prima en las decisiones”, y califica las peticiones como “poco transparentes”. Agrega que una potencial aprobación de las solicitudes podría generar una “incertidumbre enorme para las comunidades”.

“Sería un problema que se apruebe, por

que los derechos no son estáticos. ¿Qué pasa si necesito ampliar una concesión marítima, poner un embarcadero nuevo? ¿O si requiero correr un poco la concesión acuícola porque está sobre un banco de contagios? (...) Inmoviliza el desarrollo”, grafica Seguel.

GOBERNADORA: “HAY DISTINTOS INTERESES ECONÓMICOS”

Previo a la jornada clave, la gobernadora regional, Andrea Macías Palma, destacó que “el mar de Aysén es una oportunidad de desarrollo para distintas vocaciones productivas”.

“Aquí lo importante es ver cómo logramos avanzar, pero de manera real, de manera honesta, con información transparente, en estos espacios que son los que van a permitir el verdadero desarrollo de nuestra región”, señaló respecto de la determinación que deberá adoptar la CRUBC, enfatizando que dicha instancia “está integrada por 36 actores, tanto públicos como privados”.

La gobernadora recordó que la CRUCB “tiene la facultad de pronunciarse tanto para rechazar, para aprobar, como también aprobar con modificaciones” las solicitudes. En esa línea, aseguró que “desde el gobierno regional hemos escuchado las distintas posiciones que existen frente a esta materia, sabemos que es un tema complejo, y por eso nos resulta tan importante poder escuchar y conocer, hasta lograr el convencimiento que nos permita emitir un juicio para pronunciarnos en esta materia”.

“Sabemos que hay distintos intereses económicos y productivos que deben convivir en la región de Aysén”, subrayó Macías Palma. “En lo personal, quiero decir que creo profundamente en el espíritu de la Ley Lafkenche, pero también creo que es importante resguardar distintos espacios y poder avanzar de tal forma en donde todos y todas puedan tener cabida”, agregó.

¿QUIÉNES DECIDIRÁN?

La CRUCB de Aysén está integrada por un total de 37 integrantes, pero actualmente uno de esos cupos se encuentra vacante. Ante esto, este jueves serán 36 los miembros de la instancia que podrán pronunciarse respecto de los dos solicitudes de ECMPO “Cisnes” e “Isla Huichas”. De ellos, 28 son diversas autoridades regionales.

La instancia está presidida por la gobernadora de Aysén, Andrea Macías Palma (PS), y es acompañada tanto por el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales (RD), y los delegados provinciales de Aysén, Jorge Díaz Guzmán (PS); de General Carrera, Cristóbal Barceló; y de Capitán Prat, Marta Montiel Alarcón (independiente).

Además, hay dos representantes del Consejo Regional, que en este caso son María Loreta Villegas y Jorge Sepúlveda. Ambos son independientes, pero compitieron dentro del pacto de Chile Vamos, en cupos de Evópoli, y aunque no resultaron electros, asumieron luego de dos renuncias al CORE.

A dichas autoridades se suman los nueve alcaldes de las comunas en la región: Julio Uribe (Independiente), de la municipalidad de Aysén; Luperciano Muñoz (PPD), de Chile Chico; Francisco Roncaglilo (RN), de Cisnes; Jorge Calderón Núñez (Radical), de Cochrane; Carlos Gatica Villegas (DC), de Coyhaique; Marcos Silva Miranda (PPD), de Guaitecas; José Fica Gómez (DC), de O’Higgins, Juan Hernán Saldivia (UDI), de Río Ibáñez, y Abel Becerra Vidal (Independiente), de Tortel.

Luego están cinco de las secretarías regionales ministeriales de Aysén: Felipe Rojas (Economía), Karina Acevedo (Desarrollo Social y Familia), quien actúa como secretaria ejecutiva de la comisión, Paulina Ruz (Vivienda y Urbanismo), Hans Zimmermann (Transportes y Telecomunicaciones), Irina Morend (Bienes Nacionales).

También forman parte de la comisión los cuatro directores de servicios regionales. Allí estarán Álvaro Díaz (Obras Portuarias), Claudio Montecinos (Sernatur), Jorge Padilla (Sernapesca) y Julián Cárdenas (Evaluación Ambiental). Los dos últimos, en calidad de subrogantes. A ellos se suma el director zonal de Pesca, Manuel Pérez..

El grupo también lo integra un representante de la Armada, y el gobernador marítimo, Capitán de Navío Mario Besoain.

Adicionalmente, existe un grupo de nueve cupos, asignados a representantes de diversos grupos productivos y de interés de la zona. Por el sector pesquero artesanal están Honorino Angulo -reconocido diregente de Puerto Aguirre, que en 2012 estuvo procesado por Ley de Seguridad Interior del Estadoy Carlos Basualto.

El sector acuícola cuenta con dos representantes: Fernando Camiruaga, tesorero de la Corporación de Desarrollo Productivo del Litoral de Aysén (CorpAysén), en representación de SalmonChile; y Juan Luis Amenábar, exseremi de Energía durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual director regional del Consejo del Salmón de Chile.

Por su parte, del sector del turismo regional está Daniel Torres, director de la Asociación Gremial Hielo Norte,y si bien cuenta con dos cupos, uno de ellos se encuentra actualmente vacante.

Por los pueblos originarios lo integran Daniel Caniullan, dirigente de la Asociación de Comunidades Territorio Williche-Chono, y Fabián Teca, miembro titular del Comité Bentónico de la Región de Aysén, quien firmó una declaración pública en apoyo a las solicitudes de EMCPO “Cisne” e “Isla Huichas”.

Finalmente, el sector portuario cuenta con Felipe Candia, gerente general de Emporcha (Empresa Portuaria Chacabuco).

Para sesionar, la CRUBC requiere de un quórum de 75%, mientras que para votar es de dos tercios de los integrantes. La votación se dirime con 50% más uno de los votos.P