Ministro Grau admite que Ley Lafkenche ha generado tensiones que le gustaría que no existieran

“Las tensiones que la implementación de esta ley ha generado entre el mundo de la pesca artesanal y los pueblos originarios creemos que son complejas y siempre hemos hecho el mejor esfuerzo por resolver aquello”, dijo el secretario de Estado.

—Gremios de Aysén protestaron este martes contra la Ley Lafkenche, y las implicancias que tendría la posible aprobación de la solicitud de comunidades indígenas sobre 600 mil hectáreas de borde costero, lo que se votará este jueves. El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que esta normativa ha tenido buenos ejemplos, y que también ha generado tensiones.

“Esta es una ley del 2008. Es una ley cuyos efectos tanto positivos como negativos se demoró un poco en desplegarse, porque el proceso asociado a estas solicitudes de lo que llamamos las ECMPO es un proceso que demora años. Es una ley que diría que está bien intencionada. Busca preocuparse de proteger ciertos derechos de pueblos originarios. También creemos que en la implementación de esta ley ha habido buenos ejemplos, y otros que no han resultado tan bien. Creemos que esos ejemplos positivos son los que hay que desarrollar e impulsar”, dijo el ministro en radio Duna.

“Respecto a la votación de este jueves, prefiero no anticipar opiniones de mi parte. Sí puedo decir que creemos que ha habido experiencias mejores en términos de lograr acuerdos positivos incluso en la Región de Aysén. Es una ley que ha generado tensiones en grupos que a nosotros como gobierno no nos gustaría que existieran esas tensiones”, dijo Grau.

Y añadió que “somos un gobierno que queremos evitar en general los conflictos y queremos promover el diálogo social en términos que sea productivo socialmente. Creemos que lamentablemente por distintas razones la implementación de esta ley ha generado algunos conflictos, y la acción del gobierno siempre ha sido tratar de reducirlos, de acomodarlos de la mejor manera. Todos los conflictos ya sea con distintos proyectos de inversión, son todas tensiones que nos preocupan. Por supuesto que esa tensión en particular nos duele harto”, sostuvo Grau. Sobre lo que se considera a la hora de votar, dijo que “existe esta comisión regional del uso del borde costero, que tiene más de 30 personas. Quienes participan ahí, dan cuenta del diálogo social y productivo que se requiere. Está presente el mundo privado y las autoridades, y en ese diálogo social es donde se tiene que evaluar la pertinencia y lo razonable de una medida de este tipo. Parte de los antecedentes que se deben considerar es si la extensión de lo que se está solicitando es razonable en términos productivos. Eso es lo que cada autoridad va a tener que emitir un voto y justificar su voto”.P