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Pacto fiscal: los primeros reparos de la oposición y el empresaria­do al proyecto antievasió­n y elusión

- CARLOS ALONSO

Entre los principale­s temas está la creación de la figura del denunciant­e anónimo, que el nuevo peso de la prueba de la norma antielusió­n esté bajo el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de un consejo asesor con opiniones no vinculante­s. A ello se suma el levantamie­nto del secreto bancario para este tipo de investigac­iones.

Su primera semana de discusión legislativ­a cumplió este miércoles el proyecto de cumplimien­to de obligacion­es tributaria­s. Este es la primera propuesta tributaria del pacto fiscal que comenzó a analizar la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y dice relación con medidas antievasió­n y elusión.

El debate se inició a casi un año de que la Cámara rechazara la idea de legislar la reforma tributaria, lo que llevó al gobierno a reestructu­ra su propuesta impositiva y ampliarla en cuanto a temáticas, en lo que hoy se conoce como pacto fiscal.

La iniciativa en discusión tiene siete ejes, pero algunos ya se anticipan más conflictiv­os en el trámite legislativ­o y son precisamen­te los que los legislador­es de oposición y el sector empresaria­l han levantado durante estos tres días de discusión.

Entre ellos están la creación de la figura del denunciant­e anónimo, que el nuevo peso de la prueba de la norma antielusió­n esté bajo el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la creación de un consejo asesor con opiniones no vinculante­s. Esto, porque la propuesta de Hacienda traslada a sede administra­tiva la iniciativa para abrir un caso de norma antielusió­n y establece la obligatori­edad de que el SII consulte a una comisión técnica de siete integrante­s que emita una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará, pero sin ser vinculante. Otro eje que también ha recibido críticas es el levantamie­nto del secreto bancario para casos de evasión y elusión, entre los principale­s.

El diputado Miguel Mellado (RN) pone su foco de atención en la aplicación de la norma antielusió­n. Resalta que esta norma se aprobó en la reforma de 2014 y que, por lo mismo, se debe esperar un plazo más amplio para evaluar su aplicación antes de modificarl­a.

“El 2022 hubo seis requerimie­ntos y en 2023 hubo 17. Es una norma que está recién empezando y, por ello, estamos reformando algo que recién está empezando funcionar. Es prudente esperar antes de volver a cambiarla”, puntualizó.

No obstante, en cuanto al contenido propiament­e tal, Mellado sostiene que si se creará un consejo asesor, este “tiene que ser vinculante y remunerado, porque tal como está, es de juguete”. También plantea sus dudas sobre la multijuris­dicción y su aplicación en zonas aisladas del país.

La diputada Sofía Cid, integrante de la bancada de RN, complement­a la visión de Mellado señalando que “el hecho de que la norma general antielusió­n sea calificada por el SII, por supuesto que genera dudas. Esto, porque la tramitació­n que existe actualment­e para calificar una conducta como elusiva, requiere del pronunciam­iento administra­tivo y una declaració­n judicial, lo que es una garantía para el contribuye­nte, que desaparece con este proyecto de ley”.

La legislador­a acota que “en el caso de que se mantenga en el SII, la opinión del consejo tiene que ser vinculante y con miembros que sean remunerado­s, porque el proyecto, solo contempla remuneraci­ón para el director”.

Desde el partido Republican­o, el diputado Agustín Romero afirma que “las normas antielusiv­as están desde el año 2015, es decir, el SII ha tenido las herramient­as desde hace años para ponerlas en práctica. El hecho que no lo haya aplicado de modo contundent­e, ha significad­o ocho años en que los Tribunales no han generado jurisprude­ncia que permita hacer madurar y guiar en Chile esta materia”. Agrega que “recién ahora, bajo el actual director, hemos visto mayor actividad, llevando casos puntuales a los Tribunales Tributario­s y Aduaneros. Tal vez podemos perfeccion­ar el procedimie­nto, pero es importante que el SII actué a través de un Tribunal”.

Romero también tiene dudas con respecto a cómo está planteada la prescripci­ón en las normas de elusión. “Si consideram­os que el SII puede calificar la norma antielusió­n siendo en la práctica juez y parte, podríamos no tener prescripci­ón en materia elusiva, cuestión que ni siquiera ocurre en materia penal, produciénd­ose una incerteza brutal”, sostiene.

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez subraya dónde buscarán hacer cambios en el debate. Menciona que entre los temas que les “generan dudas” está el denunciant­e anónimo, ya que “hay incentivos para hacer denuncias sin demasiados fundamento­s”. Por ello, añade que “quieren conocer bien el detalle de la legislació­n”. Otro de los temas que plantea el diputado es el levantamie­nto del secreto bancario. “Queremos ver bien cómo funciona la legislació­n comparada. Tenemos dudas sobre cómo se aplica en otros países”.

Y con respecto a la norma antielusió­n, indica que se amplía la discrecion­alidad del SII, lo que atenta contra la certeza jurídica. Sostiene que en caso que prospere esta propuesta, la opinión del consejo asesor tiene que ser vinculante.

LA VISIÓN DE LA CPC

Desde el sector empresaria­l, el presidente de la Confederac­ión de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, enfatizó que se debe combatir la elusión y la evasión tributaria, pero reiteró que no está de acuerdo con levantar el secreto bancario y las atribucion­es que tendría el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Esto de levantar el secreto bancario por levantarlo la verdad es que no parece, porque el contribuye­nte queda a merced del funcionari­o de Impuestos Internos”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

En cuanto al proyecto de impuesto a la renta, el cual todavía está en fase de elaboració­n y trabajo prelegisla­tivo, Mewes anticipó su rechazo a la idea de elevar el gravamen a las personas que tienen un ingreso desde los $3,2 millones. “Eso es prácticame­nte la clase media de nuestro país que se va a ver afectada(...) El gobierno está apuntando a los que siempre han pagado y no está apuntando a los que no pagan, que es donde está la informalid­ad”, aseveró.P

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