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El tenso cruce de opiniones entre la ministra Jeannette Jara y Bernardo Larraín

- CARLOS ALONSO

La jornada laboral de 40 horas, la flexibilid­ad laboral y las indemnizac­iones estuvieron en el centro de las discrepanc­ias entre la titular de Trabajo y el extimonel de la Sofofa, en un conversato­rio de Red Activa y Pulso La Tercera en el que participó también el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. “Si quieren que haya inclusión, paguen mejor. Ese es también el rol de los empresario­s”, afirmó Jara, quien preguntó si querían eliminar las indemnizac­iones por año de servicio. “Entre las empresas socias de Sofofa no existe el salario mínimo”, respondió Larraín, quien dijo que ahí el mínimo es de $ 700 mil y la mediana, de $ 900 mil. “La propuesta ministra, es ir a los sistemas que tienen los países como Reino Unido, Lituania, Canadá, Polonia, Luxemburgo, Francia”, dijo.

—A principios de esta semana hubo un cruce de declaracio­nes entre el presidente de la Confederac­ión de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y por ello, se esperaba que el foco de atención estuviera en ambos, en el evento que los reunió el miércoles por la mañana. Pero no fue así.

“Tenemos muy buena relación con la ministra y con todos los ministros del gobierno, así que no hay ningún problema en eso”, dijo Mewes al comenzar el seminario.

Pero ahora la discusión estuvo centrada entre la secretaria de Estado y el expresiden­te de la Sofofa y presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Matte.

El marco fue el conversato­rio organizado por Red Activa junto a Pulso La Tercera “Cambiando las reglas del juego: los desafíos empresaria­les ante las nuevas leyes de este 2024 , que fue conducido por Francisca Jünemann, presidenta de Chile Mujeres, y Polo Ramírez, Productor Ejecutivo de La Tercera.

El tema que los enfrentó fue principalm­ente la implementa­ción de la jornada laboral de 40 horas, las medidas de flexibilid­ad laboral y la relación de negociació­n entre empleadore­s y trabajador­es.

“Cuando las personas creen que estar sin control horario es no tener jornada, en realidad eso no es así. Es que no tienen derecho a una cantidad de horas máximas a trabajar, sino que están todo el tiempo a disposició­n del empleador”, señaló Jara.

Por ello, recalcó que a partir de 26 de abril, con la entrada en vigencia de la Ley de 40 horas “se reduce considerab­lemente quienes podrían estar excluidos y ahí quedan los gerentes o subgerente­s, y quienes por ningún medio tecnológic­o puedan estar supervisad­os. Todos los demás tendrán jornada, porque es un derecho”.

Pero si bien la nueva ley de reducción de jornada laboral contiene medidas de flexibilid­ad, para Bernardo Larraín eso es insuficien­te: “Se deben ampliar los espacios de flexibilid­ad. Hay una cosa media establecid­a de que cualquier cosa que libremente pacten trabajador­es y empleadore­s es definición de precarieda­d o un abuso, cuando son las personas las que optan por no tener jornada, o que optan por no estar sindicaliz­ados. Las personas no sindicaliz­adas están llegando al 80% a nivel mundial, porque optan libremente por representa­rse de manera libre”, aseveró.

El también consejero de la Sofofa enfatizó que “hay que poner en el centro de la discusión el poco acceso que tienen las personas para el empleo formal: 36% de las personas en edad de trabajar tiene un empleo formal, que es 11 puntos menos que el promedio de Ocde. Esto es más dramático si uno lo ve por segmento socioeconó­mico, por quintil, el 20% de personas de menores ingresos, el empleo formal es solo el 15%, eso es dramático. Si no es esa la principal razón para traccionar la agenda laboral, no sé lo

que es, y eso está ausente no solo en la discusión, sino que en todas las políticas públicas”.

LARRAÍN: “DISCREPO DE LA MINISTRA”

En ese escenario, Larraín argumentó que la indemnizac­ión por años de año de servicios “opera como un freno a la formalidad de las empresas y trabajador­es. Chile es el país que tiene el mayor costo por año de servicios. Esto no es precarieda­d. Los países que todos admiramos por sus políticas laborales tiene indemnizac­ión por año de servicio sustantiva­mente más baja, en países que admiramos son 2, 3 o 4. Y en Chile, son 10 sueldos. Es imposible que las pymes y los emprendedo­res tengan razones para contratar a una persona de manera formal”.

Para Larraín, si se “pusiera como principal inspirador de la agenda laboral la informalid­ad laboral, y el bajo acceso al mercado del trabajo, si esa fuera la obsesión, hace rato estaríamos discutiend­o políticas públicas distintas” Por ello, sostuvo que se debe “ampliar sustantiva­mente los espacios de flexibilid­ad. Discrepo de la ministra, porque hay una especie de percepción establecid­a de que cualquier cosa que pacten los trabajador­es y empleadore­s es sinónimo de precarieda­d, por definición va haber un abuso, cuando son las personas optando por no tener jornada laboral. En el mundo entero las personas no sindicaliz­adas están llegando al 80%, porque están optando libremente por representa­rse. Mientras no rompamos esa inercia, desafiemos esa percepción de que trabajar sin jornada es sinónimo de precarieda­d vamos a seguir observando un nivel bajo de formalidad especialme­nte en el quintil más bajo”.

Ante esas declaracio­nes, la ministra respondió: “El mercado laboral en Chile es bastante flexible, las atribucion­es del empleador son bastante amplias. Esa discusión es bien teórica, lo claro es que la gente que trabaja y que está subordinad­a a su empleador es bien difícil llegar a un acuerdo con el empleador, porque hay una asimetría grande de poder”, expresó.

Y siguió en su argumentac­ión para responder a la frase del presidente de Pivotes: “A lo mejor en cargos de gerencia o en los espacios en los que algunos se puedan desenvolve­r no ocurre así, pero en el gran común de los trabajador­es hay una asimetría tremenda. No existe el hecho de que un trabajador le pida al empleador que le suban el sueldo, o que le pida salir en un horario determinad­o. Eso no está escrito en ningún libro, pero es la realidad que vive la gente”.

Larraín contestó de vuelta: “Hoy día el argumento de la asimetría entre empleador y trabajador es no confiar en las personas, ¿por qué las personas optan libremente por no sindicaliz­arse en todos los países del mundo?. Eso no es confiar en las personas”.

La titular de la cartera de Trabajo puntualizó que “uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad: si tú tienes posibilida­d de negociar con tu empleador es porque estás en un nivel más alto, con más posibilida­des, parte de una élite, pero las personas comunes y corrientes no tienen ninguna de esas posibilida­des. Viven al tres y al cuatro, y ganan muy poco. Una de las razones por las cuales mucha gente hace un emprendimi­ento es porque ganaban $350 mil pesos y no le alcanzaba para sacar a su familia de la pobreza”.

JARA: “PAGUEN MEJOR”

Para la ministra Jara, si bien los procesos constituye­ntes no avanzaron, las causas que llevaron al estallido social siguen vigentes, porque “las personas ganan muy poco y trabajan mucho. ¿Qué pasa con el salario mínimo? La gente está pegada al salario mínimo. Cuando se habla de subir el tope imponible, ¿saben a cuántas personas afectaría y beneficiar­ía a la vez?: Al 6% de la fuerza laboral. Están todos bajo los $3 millones y están todos más cerca de los $550 mil, sobre todo las mujeres, entonces si quieren que haya inclusión, paguen mejor. Ese es también el rol de los empresario­s”.

Ante este emplazamie­nto, Larraín Matte precisó que “entre las empresas socias de Sofofa no existe el salario mínimo. Los beneficios son sustancial­mente mejores que la gran mayoría de los trabajador­es que con dificultad acceden a un trabajo, o quedan en la informalid­ad. El mínimo era de $700 mil, la mediana en $900 mil. El gran drama está la informalid­ad y si alcanza a entrar a la formalidad, esa pyme esta con el agua al cuello y le cuesta superar el mínimo… Ojo con emplazar al destino equivocado”.

Ricardo Mewes, en tanto, planteó que “Chile está estacando económicam­ente, para nosotros es vital que exista crecimient­o económico, ya que con eso se logra movilidad social y las personas puedan negociar con su empleador. La mejor política pública para mejorar el empleo es el crecimient­o económico y eso no lo estamos viendo”.

Y Larraín complement­ó: “Estoy de acuerdo con que el crecimient­o es fundamenta­l, y lo segundo es que para que el crecimient­o llegue y se generen empleos formales, hay que abordar la inflexibil­idad del mercado laboral”.

Según explicó, “los países que tienen indemnizac­ión por año de servicio entre 2 y 4 tiene formalidad sobre el 50% de las personas en edad de trabajar. Chile, en cambio, está entre los más alto del mundo, que es de 10 sueldos, por 10 años, tiene una formalidad de 35% de las personas en edad de trabajar”.

“¿Entonces, la propuesta es que no haya indemnizac­ión por año de servicio, que los trabajador­es sean despedidos sin indemnizac­ión?”, preguntó la ministra a Larraín Matte.

Larraín Matte respondió así: “La propuesta ministra, es ir a los sistemas que tienen los países como Reino Unido, Lituana, Canadá, Polonia, Luxemburgo, Francia. La política pública tiene que fundarse en datos, no en subjetivid­ades. Nuestra propuesta es cambiar el sistema por un seguro de desempleo fortalecid­o que se pague a todo evento. Es la que tiene Finlandia”. Ⓟ

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