Tras resolución, reincorporación de la mutualización queda en manos del gobierno

El órgano judicial determinó que la presentación de este concepto es materia exclusiva del Ejecutivo. Desde La Moneda aseguran que esta es una decisión que no está tomada, así como tampoco si es que se presentará una alternativa de solución en la Cámara.

—El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acogió por seis votos a favor y cuatro en contra el requerimiento que semanas atrás hizo un grupo de senadores oficialistas, quienes buscaban dejar sin efecto la mutualización, mecanismo que hasta este jueves estaba plasmado en la redacción del proyecto que llegó a la Cámara de Diputados y que busca compartir costos y riesgos, lo que reducía el cálculo de la deuda de las isapres con sus afiliados a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

En resumen, los parlamentarios planteaban que el incluir una iniciativa de este tipo era una facultad exclusiva del Presidente y que no podía ingresarse a través una indicación de los senadores, como ocurrió durante la votación en sala del Senado. En ese sentido, el abogado constitucionalista Tomás Jordán explica que “lo que hizo el TC al acoger el requerimiento de los senadores es dar cuenta de que el derecho a la salud es parte del sistema de seguridad social y, por lo tanto, fortalece que sea iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. Esta explicación es importante para entender lo que viene.

Y es que, en otras palabras, la mutualización no es un concepto que haya quedado descartado definitivamente en la redacción del proyecto, sino que ahora incluir este mecanismo es iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Hasta aquí, eso sí, desde el gobierno no han dado señales de hacerlo, pues pese a que fue recomendación de los expertos convocados por la Comisión de Salud del Senado, finalmente no incluyeron este concepto en las indicaciones que se hicieron en noviembre. Además, aunque en un inicio lo habían descartado, finalmente sí se hicieron parte del requerimiento de los senadores oficialistas.

Entonces, dejar el proyecto tal como lo habían presentado en noviembre es una posibilidad.

Por eso es que la decisión del TC mantiene más vivo que nunca el debate sobre el futuro de la industria, así como posibles nuevas salidas a la crisis, donde se incluye el método que se utilizará para la restitución de los montos cobrados en exceso. En el gobierno, de hecho, puertas adentro se afirma que la resolución del TC hace que la presión vuelve sobre La Moneda para ver, primero, si se buscan nuevas salidas o no, y en caso de zanjar que sí, cuáles podrían ser.

Por lo pronto, lo único claro es que personeros de Palacio admiten que aún no se ha conversado si se buscará o no un reemplazo a la mutualización, o si se agregarán indicaciones con nuevas fórmulas de cálculo durante la tramitación de la norma en la Cámara.

Algunos, de hecho, creen que esta es una decisión que debe tomarse entre los ministerios de Salud y Hacienda, así como que deben ser esas carteras las que exploren nuevas alternativas en caso de ser necesario.

Ahora sin este mecanismo en el proyecto, el monto de la deuda vuelve a lo expuesto originalmente por la Superintendencia de Salud, que había calculado que las aseguradoras deberían devolver más de US$ 1.400 millones a sus afiliados. Luego, a principios de noviembre, el Ejecutivo ingresó correcciones, acogiendo sólo en parte lo recomendado por el comité de expertos, Con eso, actualmente la cifra a devolver bordearía los US$ 1.000 millones.

Paralelamente, el proyecto que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema está siendo tramitado en la Comisión de Salud del Congreso, donde este martes los diputados aprobaron unánimemente la idea general de legislarlo, y ya avistan despacharlo a sala durante la primera quincena de abril.

Con todo, las autoridades ya han proyectado que debido a los cambios que los diputados advierten que harán, sobre todo después de la reciente resolución del TC, se necesitará de una Comisión Mixta, sumando más tiempo de discusión, lo que también comienza a preocupar y ser factor, debido a que los diputados están trabajando contrarreloj: la Corte Suprema fijó como plazo final para aplicar la sentencia el próximo 30 de mayo, es decir, desde este viernes quedan exactamente 69 días para tramitar el proyecto.

Hasta aquí el Ejecutivo ha asegurado a los parlamentarios que solicitar más plazo a la Suprema no es una posibilidad, pero no descartaron hacerlo en caso de ser necesario.