Royalty: Hacienda y privados proponen 20 medidas para reducir tiempos de permisos mineros
Las medidas propuestas por la Mesa de royalty contemplan 14 iniciativas administrativas, 5 legales y 1 presupuestaria, abarcando 4 ámbitos: proceso y recursos, institucionales, permisos ambientales y permisos sectoriales.
En mayo del año pasado se aprobó y despachó a ley el nuevo Royalty Minero. En ese momento se estableció un protocolo de acuerdo con el que se creó una mesa de trabajo público-privada. ¿El objetivo? analizar y revisar cómo esta nueva legislación podía facilitar el proceso de permisos para agilizar los proyectos de inversión en la minería.
En ese contexto, se encomendó a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) un estudio sectorial como elementos de base para evaluar cómo mejorar los tiempos de los permisos sectoriales. Esta instancia determinó tres elementos: lo primero, una tipología de proyectos mineros y su interacción con aquellos permisos considerados críticos, que son los que demoran más tiempo; segundo, construir una línea de base de medición que contemple la ruta crítica de permisos para proyectos de inversión; y en tercer lugar generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de reporte anual de los avances respecto al cumplimiento de la meta de reducción de plazos de tramitación de faenas mineras.
Luego de ese trabajo, la mesa pública privada propuso 20 medidas para reducir el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera en Chile. Estas medidas incluyen, entre otras: actualizaciones reglamentarias, la generación de guías y manuales, la revisión y modernización de procesos y sistemas para la tramitación de permisos, reformas legales al sistema de permisos sectoriales y ambientales.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, fue la que ha liderado este proceso de parte de Hacienda, por ello, junto con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Rodrigo Krell, presentaron los resultados de la Mesa del Royalty.
En primer lugar, Krell detalló que la CNEP identificó que los proyectos que tardan más en la tramitación de permisos por los proyectos de explotación complejo que pueden alcanzar hasta 11 años y 6 meses. En segundo lugar se posicionaron los proyectos de desaladoras con 5 años y 11 meses, y finalmente los proyectos de explotación de menos de 5 mil toneladas por mes, que suman 3 años y 3 meses.
La subsecretaria Berner, por su parte, sostuvo que con el fin de poder reducir en un 1/3 los tiempos de tramitación de los permisos particularmente en los proyectos mineros, la mesa impulso una serie de medidas contenidas en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal.
Al término de la presentación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que “parte de las medidas propuestas para agilizar los tiempos de los permisos están dentro de los proyectos de ley que hoy se tramitan en el Congreso, entre ellos, el de permisos ambientales y sectoriales, y otro que trata sobre las concesiones marítimas y monumentos nacionales”.
Pero añadió que “hay otra parte que son administrativas o de modificación de reglamentos y esas esperamos tener esos ajustes implementados dentro de los próximos meses, dentro de este primer semestre del año”. La medidas
La agenda comtempla 14 iniciativas administrativas, 5 legales y 1 presupuestaria, abarcando 4 ámbitos: proceso y recursos, institucionales, permisos ambientales y permisos sectoriales.
En concreto, Berner preciso que entre las medidas administrativas impulsadas se actualizarán los reglamentos de excavaciones, tranques de relave, seguridad minera, y evaluación ambiental; y la generación de guías y manuales de Sernageomin y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Adicionalmente, se revisarán y modernizarán los procesos y sistemas para la tramitación de permisos del SEA, Sernageomin, Dirección General de Aguas (DGA), Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otros.
En materia legal, el Gobierno ha comprometido ingresas distintos proyectos de Ley, enfocados en el sistema de inteligente de permisos sectoriales; reforma a los permisos de concesiones marítimas, modernizar los permisos dependientes de CMN, y modificar la ley general de urbanismo y construcciones.
Finalmente, la medida presupuestaria, es un fondo para la tramitación de rezagos en ciertas instituciones priorizadas por el Gobierno en 2024 que alcanza los $1.029 millones. Este ya había sido materializado en 2023, con un monto que sumó $1.000 millones.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, que recibió las medidas anteriormente mencionadas, valoró la mesa señalando que “vamos construyendo país entre el sector público y privado”, y destacó que esta forma parte de un compromiso asumido por el Gobierno con la industria en la tramitación de la Ley del royalty.
“Es interesante la experiencia del royalty, porque en este protocolo se hicieron una serie de compromisos. Estamos en una época en la que acontecimientos recientes nos dicen que a veces los compromisos no se cumplen. Pero acá hicimos 3 compromisos fundamentales: el primero fue racionalizar los trámites para la aprobación de proyectos mineros para reducir 1/3 los tiempos”, sostuvo, afirmando que los resultados de la mesa apuntan a cumplir con este.
Los otros dos compromisos adquiridos fue la destinación de recursos obtenidos por esta ley a seguridad pública (considerado en el presupuesto de este año y otros proyectos de ley), y un fondo enfocado en inversiones de infraestructura productiva en las regiones del norte.
Finalmente, apuntó a que las medidas buscan fortalecer el rol de la minería en la economía del país, “pero no la misma minería que conocimos hace 20 años. Una minería más limpia, más comprometida con el medioambiente y las comunidades”, declaró.P