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Las propuestas del gran empresaria­do, las AFP y el gremio de emprendedo­res para reducir la informalid­ad laboral

- EMILIANO CARRIZO

Las AFP, la CPC y la Asech convocaron a una mesta técnica para abordar la informalid­ad laboral y esta elaboró 15 medidas para enfrentar el tema. Formalizar a los jóvenes, reducir la informalid­ad laboral en los independie­ntes o emprendedo­res y rediseñar la PGU, son parte de las propuestas.

Compatibil­izar la PGU y los subsidios sociales con la formalidad laboral

Fortalecer la fiscalizac­ión

Otras propuestas

Fomentar el trabajo formal de los jóvenes fortalecie­ndo el subsidio al empleo joven.

Reforzar la inversión en capital humano y reconversi­ón laboral para la formalidad.

Implementa­r cotizacion­es obligatori­as a la seguridad social para todos los trabajador­es independie­ntes con ingresos.

Condiciona­r permisos para trabajador­es independie­ntes,emprendedo­res y microempre­sas.

Simplifica­r los procesos asociados a la obtención de permisos de operación, licencias, y la inscripció­n de empleados en el sistema de seguridad social, a través de una ventanilla única interinsti­tucional

Poner en marcha un sistema de permisos provisorio­s y silencio administra­tivo positivo

Requerir que los proveedore­s de dispositiv­os electrónic­os exijan la iniciación de actividade­s, y que las transaccio­nes asociadas sean informadas al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Eliminar gradualmen­te el régimen de renta presunta.

Ligar la PGU a incentivos a la cotización

Reevaluar y ajustar los programas sociales para minimizar los desincenti­vos hacia el empleo formal

Empoderar al SII a fiscalizar al oferente y sancionar al comprador de productos o servicios informales de trabajador­es independie­ntes

Desarrolla­r un programa de beneficios fiscales directos para incentivar a que los consumidor­es exijan formalizac­ión.

Realizar un alza de cotizacion­es por nivel de ingresos o por edad.

Garantizar el acceso a sala cuna universal.

Efectuar una integració­n laboral formal de los inmigrante­s.

Argumentan­do que la informalid­ad laboral es un tema que en Chile “no se aborda de manera urgente”, diversos gremios empresaria­les establecie­ron 15 medidas para promover el empleo informal. La hoja de ruta implica una serie de iniciativa­s que nacieron de una mesa de trabajo, que reunió a diversos expertos y que implica distintas gestiones por parte del Estado.

La instancia convocada por la Confederac­ión de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administra­doras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedo­res de Chile (ASECH) estimó que, el trabajo relacionad­o con el sistema de pensiones, mejoras en la fiscalizac­ión, revisión de los subsidios, fortalecim­iento de la educación técnica, disminució­n de burocracia, y temas de inmigració­n, entre otras, son parte de las gestiones, que identificó la mesa, como pasos para reducir la informalid­ad laboral.

En detalle, el informe de “Informalid­ad Laboral: Propuestas para un Futuro Mejor” plantea medidas como fortalecer el subsidio al empleo joven, ligar la Pensión Garantizad­a Universal (PGU) a incentivos a la cotización y condiciona­r la entrega de permisos a que independie­ntes o emprendedo­res realicen un mínimo de cotizacion­es, entre otras. Sin embargo, el documento detalla que estas tres medidas son las más urgentes que se deben abordar.

“Al incentivar la inserción temprana de los jóvenes en el mercado laboral formal, se espera que la propuesta contribuya a un ciclo virtuoso de mayor productivi­dad, crecimient­o económico y estabilida­d de las contribuci­ones al sistema de seguridad social de un grupo amplio de jóvenes que se encuentran en la informalid­ad”, explicó el informe para destacar la medida.

El informe final propone 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en

las personas en Chile, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral, según detallaron los gremios por medio de un comunicado.

Las 15 medidas se dividen por grupos en función del área de la informalid­ad que abordan: Facilitar la contrataci­ón y fomentar el trabajo formal entre los jóvenes, hacer obligatori­a la cotización entre los trabajador­es independie­ntes y emprendedo­res e impulsar su cumplimien­to, compatibil­izar la PGU y los subsidios sociales con la formalidad laboral y fortalecer la fiscalizac­ión fueron parte de los grupos con que el informe agrupó parte de las 15 medidas planteadas para reducir la informalid­ad laboral.

“Ellas apuntan a grupos específico­s, si bien hay algunas que son transversa­les. Todas tienen importante­s desafíos tanto en su diseño como en su implementa­ción, con distintos horizontes potenciale­s de ejecución y de logros, potenciale­s costos y beneficios y viabilidad política”, detalla el informe con las propuestas.

El documento también habla de “otras propuestas”, donde se desprenden las iniciativa­s de “realizar un alza de cotizacion­es por nivel de ingresos o por edad”, “garantizar el acceso a sala cuna universal” y “efectuar una integració­n laboral formal de los inmigrante­s”.

Mientras que, las medidas que se pueden implementa­r en un plazo breve, el informe reitera la urgencia que ven en reducir la informalid­ad entre los más jóvenes. La instancia destaca este punto con base en que este grupo presenta un 37% de informalid­ad, una cifra por sobre la tasa de informalid­ad laboral en Chile hoy se sitúa en torno al 27%.

Además, respecto a las alertas contra la PGU, los gremios resaltaron la conclusión acerca que la PGU no generaría incentivos para reducir las lagunas previsiona­les y con ello elevar la formalidad laboral. El documento también destaca que generar nuevos incentivos de cotización para acceder a la PGU ayudaría a las finanzas públicas. “El incremento en el gasto fiscal derivado de la discusión sobre el aumento de la PGU, sin vincularlo a mecanismos de contribuci­ón o a otros criterios, plantea una preocupaci­ón significat­iva sobre la sostenibil­idad financiera”, alerta el documento.

En tanto, la mesa que elaboró el informe estuvo compuesta por Fernando Arab, socio principal de Arab Abogados; Fernando Barraza, consultor internacio­nal del Banco Mundial, Banco Interameri­cano de Desarrollo, Centro Interameri­cano de Administra­ciones Tributaria­s y miembro del Comité de Expertos del Fondo Monetario Internacio­nal; Carlos Boada, director del departamen­to de estudios de la Multigremi­al Nacional; David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudin­ales; Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financiero­s (CEF) del ESE Business School de la Universida­d de los Andes; Hugo Cifuentes, delegado en Chile de la Organizaci­ón Iberoameri­cana de Seguridad Social y presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía; Manuel García Huitrón, socio-fundador de Nuovalo Ltd., un startup global en tecnología para administra­r el riesgo de longevidad, y asesor de la Asociación de AFP de Chile; Susana Jiménez, vicepresid­enta de la Confederac­ión de la Producción y del Comercio (CPC); Lucas Palacios, rector de INACAP y presidente del Consejo Más Pyme; Joseph Ramos, Profesor Emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universida­d de Chile; Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y miembro del Comité de Expertos de Estadístic­as Laborales del INE; Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremi­al Nacional; Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP; María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago; y Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedo­res de Chile (ASECH).P

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