Bomba de tiempo tras las rejas
● Cifras reflejan la realidad del sistema judicial, falto de transparencia, justicia, eficacia, pero también un sistema que no resocializa a sus presos y, por ende, fracasa en la meta de ponerles freno y disuadirlos de violar la ley.
Algunos achacan a la forma de medir a los fiscales en el sistema penal acusatorio –según el número de detenidos– la responsabilidad del desborde en los centros de reclusión y la impunidad rampante.
Pero también cuenta la ineficiencia del sistema judicial, que se transformó hace 13 años con el lastre de más de dos millones de procesos represados.
Entre 2008 y 2015 se archivaron 1’681.000 procesos porque no se identificó al responsable, y para 2015, por los 10 años del sistema penal, la Corporación Excelencia en la Justicia hizo un informe que reseña que “del total de casos puestos en conocimiento de jueces, solo 5 % culmina en fallo” y en ese lapso, a 853.031 personas se les imputaron cargos.
Hay más de 112.000 audiencias represadas y cerca de dos millones de procesos pendientes de decisión que terminan perjudicando a toda la sociedad.
Por la criminalidad, las cárceles están al tope con hacinamiento que bordea 54 %. Hay 138 penales con capacidad para 76.553 reclusos, pero había algo más de 117.000.
Según la Defensoría, 90 % de prisiones tiene hacinamiento, incluso algunas con 500 % más de reclusos y se ha pedido el cierre de tres cárceles.
Es tan crítico, que se ha planteado imponer otro tipo de sanciones a delitos y en algunos casos eliminar la pena prisión. En ese sentido, con dos proyectos planteados en 2017 por la visita del papa Francisco, se dijo que 40.000 reos quedarían libres.
¿Es suficiente razón el hacinamiento para dejar libres a criminales o para concederles penas alternativas? Ese es el gran interrogante.