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La decisión del Congreso de la República de no ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por Colombia, es un traspié en el esfuerzo por lograr una mayor protección para quienes desde los territorios, se enfrentan a los grupos ilegales que depredan la naturaleza.

Como se ha informado, el Acuerdo es un instrumento creado para la protección de los defensores del medio ambiente en la región y es también una herramienta que ayuda a regular el derecho de la ciudadanía de acceder a información y participar de los asuntos públicos sobre el uso sostenible de los recursos naturales.

Todavía hay una esperanza: el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, ha dicho que el Gobierno volverá a presentar la iniciativa. Es importante recordar que Colombia es uno de los países, junto a otros de América Latina, que registra una curva ascendente con respecto al asesinato de los defensores del medio ambiente.

Actores armados vinculados con la droga, la explotación minera ilegal o la explotación maderera ilegal, entre otras actividades, han destruido vastas extensiones de tierra a lo largo y ancho del país, llegando incluso a desaparecer ríos en su afán de encontrar oro.

Son muchas las voces valientes que se han levantado para enfrentarse a tamaña barbarie, pero a la fuerza de los argumentos los ilegales oponen la razón de las balas. El Acuerdo de Escazú es un instrumento que puede ayudar a disminuir esta tragedia o a evitarla. Se necesita que el Congreso no haga oídos sordos y se decida a ratificarlo.