Interrupción del embarazo y pandemia
AISLAMIENTO IMPIDIÓ EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS FEMENINOS, LO QUE AFECTÓ DERECHOS BÁSICOS.
En Colombia desde al año 2006, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es un derecho fundamental y reproductivo de las mujeres, en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer, cuando el feto es inviable fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
Sin embargo, tras quince años de la expedición de la sentencia C-355 de 2006 por parte de la Corte Constitucional Colombiana que fundamenta que el aborto es estas circunstancias es legal, persisten barreras religiosas, culturales y sociales, que impiden a las mujeres y a las niñas acceder a este derecho fundamental de forma segura y las obliga a acudir a abortos clandestinos y mal practicados poniendo en riesgo su vida.
Para Angélica Cocomá, Abogada Women's Link Worldwide, quien trabaja removiendo barreras para que más mujeres, incluyendo las migrantes y víctimas del conflicto armado, puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo salva vidas.
Aumentan las barreras
Según el estudio revelado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women's Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de Fokus Colombia, la pandemia aumentó las barreras para el acceso a este procedimiento.
“Como resultado de las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno,
los obstáculos para acceder a la IVE y otros servicios de salud reproductiva se agravaron considerablemente impactando de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a aquellas que habitan en zonas rurales con presencia de actores armados; están en una situación migratoria irregular; no cuentan con redes de apoyo ni recursos económicos; son jefas de hogar; y/o son víctimas de violencia basada en género”, señaló María Isabel Niño, asesora jurídica y de incidencia de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que acompañó 111 casos en el periodo analizado.
Un llamado por la salud reproductiva
El secretario general de las Naciones Unidas anticipó que por cada 3 meses de encierro 13 millones de mujeres a nivel mundial sufrirán violencia doméstica y 7 millones tendrán embarazos no deseados.
Asimismo, UNICEF indicó que durante la pandemia las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir violencia de género.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el aumento de casos de violencia de género durante la contención del COVID-19, y expresó que en consecuencia es necesario proveer “salud integral hacia las mujeres sobrevivientes, incluida la atención psicológica, la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea aplicable”.
De este modo, al reconocer que la pandemia ha afectado notoria y particularmente la salud reproductiva de las mujeres y las niñas, los organismos internacionales y regionales recomiendan a los Estados que provean servicios de salud integral que incluyan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Hechos como la falta de intimidad en los hogares, los líos de conectividad, la carga adicional de las labores de cuidado y las condiciones se migración hacen a las mujeres más vulnerables.
“(El aborto legal) protege la salud física y mental de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual para que no tengan que sobrellevar un embarazo no deseado”.
Angélica Cocomá,
Abogada