ADN Medellin

Sigue caso de policía por dos asesinatos

UN PATRULLERO ACUSADO DE LA MUERTE DE DOS JÓVENES NO ACEPTÓ LOS CARGOS.

- BOGOTÁ

Jhon Antonio Gutiérrez le habría quitado la vida a dos jóvenes. No aceptó cargos.

Aunque el lunes pasado, la defensa del agente Jhon Antonio Gutiérrez pidió que su caso pasara a la Justicia Penal Militar, ayer un juez de garantías decidió que el caso siga en la ordinaria.

Gutiérrez es investigad­o por la muerte de Jáider Alexánder Fonseca (17) y Andrés Felipe Rodríguez (23) en el barrio Verbenal, durante las manifestac­iones del 9 de septiembre del 2020, que se desataron tras la muerte del ciudadano Javier Ordóñez.

En medio de la audiencia de imputación de cargos contra el patrullero, el juez aseguró que “la defensa no cumplió con la carga argumentat­iva”, por lo que se negó el traslado del proceso a la jurisdicci­ón militar.

Por su parte, la Fiscalía le imputó a Gutiérrez el delito de homicidio. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el ente acusador explicó que, al hacer la confrontac­ión balística de los proyectile­s encontrado­s en los cuerpos de los dos jóvenes, se determinó que provenían de la pistola de este patrullero.

Además, la fiscal delegada para este caso aseguró que Gutiérrez reportó la pérdida de un proveedor con 15 cartuchos.

Por los delitos imputados, sobre los cuales se indicó que habría dolo eventual, el uniformado podría pagar una pena de entre 208 y 405 meses de prisión ( de 17 a 33 años).

Partiendo de que Jáider Fonseca era menor de edad, por su muerte el uniformado no podía recibir ningún tipo de rebaja de pena, posibilida­d que de cualquier forma quedó eliminada tras la no aceptación de cargos por parte del patrullero.

Luego de la intervenci­ón de la Fiscalía, María Alejandra Garzón, una de las abogadas representa­ntes de las víctimas, puso de relieve que, dado que las víctimas estaban “en situación de indefensió­n o inferiorid­ad”, el caso debería evaluarse como un homicidio agravado. Esa posición fue respaldada por el representa­nte de la Procuradur­ía, General.

De otro lado, ayer un juez envió a prisión Aristides Pacheco Benítez, ‘Mulo', integrante del Clan del Golfo, sospechoso del asesinato de la activista colombo-española Juana Perea, ocurrido en Nuquí.

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NESTOR GOMEZ Las protestas corrieron el 9 de septiembre, tras la muerte de Javier Ordóñez por la Policía.

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