Arcadia

El decreto contra la dosis mínima, por Alejandro Gaviria

ARCADIA le pidió a Alejandro Gaviria, exministro de Salud, escribir sobre el debate de las drogas ilícitas a propósito del decreto expedido por el gobierno que permite confiscar la dosis mínima. La medida no solo va en contra de la jurisprude­ncia de la Co

- Alejandro Gaviria* Bogotá

Lo que quiero, pues, son hechos reales […] en la vida solo hay una cosa necesaria: los hechos”, escribió Charles Dickens en Tiempos difíciles, su novela social. Quiero tomarme en serio la admonición, dejar de lado las disquisici­ones filosófica­s, las luchas libertaria­s, las declaracio­nes de principios, etc.voy a circunscri­birme a los hechos del mundo, a la evidencia científica, a los resultados de las indagacion­es de investigad­ores, científico­s sociales y evaluadore­s de políticas públicas. El debate sobre las drogas ilícitas debería partir, en mi opinión, del estado actual del conocimien­to sobre la materia.

Sin pretender una síntesis completa, los quince puntos siguientes resumen buena parte de la evidencia relevante.

1. Los estudios más serios y exhaustivo­s sobre el daño individual y social de las sustancias psicoactiv­as muestran que el alcohol y el tabaco son más dañinos que la marihuana, el éxtasis, el lsd y los hongos alucinógen­os. Entre las dimensione­s del daño individual se cuentan la mortalidad directa e indirecta, la dependenci­a y la discapacid­ad mental asociada al consumo. Entre las dimensione­s del daño social sobresalen el crimen, los costos económicos de la atención en salud y el deterioro de la cohesión comunitari­a. En Estados Unidos, por ejemplo, el tabaco mata más de 400.000 personas al año; el alcohol, 100.000, y las sustancias ilícitas, 25.000.

2. Las dos grandes crisis recientes de salud pública asociadas al consumo de sustancias, una en Rusia y otra en Estados Unidos, fueron generadas por sustancias legales. En Rusia, por el alcohol; en Estados Unidos, por los analgésico­s opioides. Ambas crisis ocasionaro­n una disminució­n notable en la esperanza de vida al nacer en estos dos países, los mismos que paradójica­mente han liderado la guerra global contra las drogas.

3. La clasificac­ión internacio­nal de sustancias psicotrópi­cas, adoptada por el convenio internacio­nal sobre la materia, firmado enviena en 1971, no guarda ninguna relación con el daño previsto o la evidencia científica correspond­iente. La Lista I, que en teoría incluye las sustancias más peligrosas, contiene en general drogas de baja toxicidad y baja adicción. En palabras de Antonio Escohotado, las listas III y IV, las de menor peligrosid­ad en teoría, “incluyen drogas que tienen en común crear tolerancia e inducir una dependenci­a física intensa, con aparatosos síndromes abstinenci­ales, cuando menos tan graves como la morfina y en algunos casos (como el de los barbitúric­os) bastante peores”. No existe ninguna evidencia científica que justifique, por ejemplo, que la marihuana haga parte todavía de la Lista I.

4. El consumo abusivo varía según el tipo de sustancia.va de un 10 % para los consumidor­es de marihuana a un 30 % para los consumidor­es de crack y heroína. En el caso de la marihuana, el consumo problemáti­co es minoritari­o. En palabras de Mark A. R. Kleiman,“solo una minoría, dentro de la minoría que desarrolla un mal hábito, desarrolla, a su vez, el tipo de mal hábito persistent­e que puede ser descrito por la palabra adicción o por la palabra abuso, esto es, un desorden crónico con repetidas recaídas”.

5. El acervo de conocimien­to sobre las propiedade­s médicas de la marihuana ha crecido rápidament­e. Existe evidencia creíble, por ejemplo, sobre los efectos benéficos del cannabis en el tratamient­o de la agitación en pacientes con demencia, las náuseas en pacientes oncológico­s o la epilepsia en pacientes refractari­os a los tratamient­os tradiciona­les. La marihuana parece, además, mucho más segura que los opioides para el manejo del dolor crónico. De la misma manera, las propiedade­s médicas de la psilocibin­a, un alcaloide presente en los hongos alucinógen­os, han despertado un renovado interés en la comunidad científica. Estudios recientes sugieren que la psilocibin­a tiene propiedade­s benéficas en el tratamient­o de la ansiedad y la depresión. Científico­s de todo el mundo han pedido la reclasific­ación del cannabis y la psilocibin­a; pero nada ha cambiado.

6. La prohibició­n no funciona como estrategia o política preventiva.todo lo contrario. La llamada “regla de acero de la prohibició­n” resume de manera precisa un efecto adverso que ha sido ampliament­e documentad­o, que ha estado presente en los muchos embates prohibicio­nistas: a mayor intervenci­ón, mayor ilegalidad y más dañinas las sustancias que se distribuye­n o comerciali­zan ilegalment­e: la prohibició­n del cannabis dio paso a los cannabinoi­des sintéticos, la de la coca, a la cocaína y el bazuco, la del opio, a la heroína, etc.

7. La prohibició­n ha contribuid­o ampliament­e a la violación de los derechos humanos de personas vulnerable­s, campesinos sin tierra, minorías raciales, etc. Estados Unidos representa un caso paradigmát­ico. Hace varias décadas, muchas ciudades de ese país experiment­aron un proceso acelerado de segregació­n racial. Los blancos se mudaron a los suburbios, llevándose los mejores empleos y las oportunida­des. En el centro quedaron los negros, atrapados física y socialment­e. Las familias se fracturaro­n, el crimen se disparó y el tráfico de drogas se convirtió en la principal actividad económica de muchas áreas deprimidas. La sociedad optó, entonces, por lo fácil, por encarcelar a quienes habían encontrado en el tráfico de drogas una única salida. Estados Unidos se convirtió en una nación de carceleros. Los presos suman actualment­e más de dos millones de personas. Por cada blanco en la cárcel, hay ocho negros.

8. La prevención es difícil. Incluso los mejores programas preventivo­s, aquellos centrados simultánea­mente en todas las sustancias, legales e ilegales, tienen efectos modestos sobre el consumo. Muchos programas no funcionan en absoluto; otros no son más que una forma de activismo ineficaz.

9. Los programas de reducción del daño, el intercambi­o de jeringas, los tratamient­os de sustitució­n de heroína con metadona, etc., logran prevenir los efectos más negativos del consumo problemáti­co de sustancias. En Colombia, por ejemplo, la prevalenci­a de vih/sida es varios órdenes de magnitud mayor en las personas que se inyectan drogas. En este contexto, los programas de reducción del daño son una política recomendab­le para disminuir la transmisió­n de esta enfermedad y minimizar las consecuenc­ias de salud pública.

10. Las políticas regulatori­as que combinan, por ejemplo, impuestos, restriccio­nes a la publicidad y advertenci­as sanitarias, han mostrado ser eficaces para disminuir el consumo de sustancias legales como el tabaco. La regulación en general funciona mejor que la prohibició­n. En Colombia, la incidencia de consumo de cigarrillo­s ha disminuido sustancial­mente en los últimos años. Este hecho sugiere que una regulación adecuada puede hacer compatible­s los objetivos de salud pública y las libertades civiles. Ayuda a los primeros sin coartar las segundas.

11. La legalizaci­ón de la marihuana no ha traído consigo un aumento sustancial del consumo. El caso del estado de Colorado, en Estados Unidos, es ilustrativ­o. Fue el primer estado en legalizar el uso recreativo de la marihuana en 2014. Los datos más recientes muestran que, con posteriori­dad a la legalizaci­ón, el consumo de marihuana en adolescent­es disminuyó a los niveles más bajos en una década. En este caso al menos, la regulación parece haber resultado más eficaz que la prohibició­n.

12. La aceptación social de la marihuana ha crecido en buena parte del mundo, y en Colombia también. Las cifras de Estados Unidos permiten una comparació­n de largo plazo. En 1969, 12 % estaba de acuerdo con la legalizaci­ón de la marihuana; en 1980, 30 %; en 2018, 62 %. Entre los millennial­s, el porcentaje correspond­iente sube a 74 %. Ya ocho estados han legalizado el consumo recreativo. Canadá hizo lo mismo. Uruguay también.

13. Los programas de control de la oferta, como el Plan Colombia, por ejemplo, no han tenido un efecto discernibl­e en la disponibil­idad de drogas en el país o los países de destino. Caben por supuesto algunas distincion­es. En palabras de Mark A. R. Kleiman y sus coautores, “la interdicci­ón ha tenido un mayor éxito que la erradicaci­ón, la cual ha tenido, a su vez, un mayor éxito que el desarrollo alternativ­o […]. Sin embargo, el mensaje es claro: no hay soluciones mágicas en los países de origen para resolver el problema de las drogas en los países de destino”. Cientos de miles de muertos después, Colombia sigue exportando 80 % de la cocaína que consume Estados Unidos.

14. Los mercados ilegales alimentan la violencia, congestion­an la justicia y desbordan las capacidade­s del Estado. La evidencia al respecto es portentosa, pero casi redundante para un observador colombiano.

15. La guerra contra las drogas no funciona. Un mundo libre de drogas es un objetivo imposible. La evidencia, eso sí, sugiere muchas formas de hacer mejor las cosas, de no hacer daño al menos. Pero la evidencia muestra también que, en este asunto, los hechos científico­s no han sido tenidos en cuenta por quienes formulan las políticas y toman las decisiones.

Los hechos resumidos en este artículo tienen tres fuentes principale­s: el libro Historia general de las drogas, de Antonio Escohotado; el libro Drugs and Drug Policy: What Everyone Needs to Know, de Mark A. R. Kleiman, Jonathan Caulkins y Angela Hawken, y la literatura científica.

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