CITAS DE CASAS
Sin la necesidad de conocer los resultados de las encuestas, ni los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya podemos advertir con anticipación –y no poca tristeza– que el odio logró la mayoría, sin que, como tal, el odio aparezca con esa palabra entre las opciones que el tarjetón ofrece a sus electores.
Lo cierto es que las grandes mayorías votaron en marzo no tanto por un aspirante de sus simpatías, sino por un candidato para evitar, o al menos intentar, que el aspirante odiado pudiera resultar victorioso. “Yo voté por Martha Lucía para que no ganara Iván”: el odio a Uribe.
Ahora, lo que se dice por los sacerdotes del odio es la conveniencia de votar por Petro para impedir que el candidato de Uribe, en caso de que sean ellos dos los finalistas para la segunda vuelta presidencial, resulte elegido jefe de Estado, como concluyen varias de las encuestas respetables.
Y, naturalmente, la contraria. “Aunque yo no soy uribista, voy a votar por Iván para impedir que el ‘castrochavista’ de Petro se convierta en el próximo presidente de Colombia”: el odio a Petro. Sería muy costoso para el futuro de la nación que el próximo presidente fuera el resultado entre los que prefieren a Iván por odio a Petro y los que prefieran a Petro por odio a Uribe.
A punta de odio no vamos a resolver ninguno de los graves problemas que afectan a la nación y que nos tienen “pasando aceite”. El sentimiento de repulsión no puede ser inspiración de una política inteligente para enfrentar la crisis. Todo principió con la división de los partidos; López Michelsen lo advirtió: “Los fulanismos han sustituido a los viejos partidos responsables. El gobierno se hace imposible con coaliciones de corrientes políticas indisciplinadas y sin cohesión ninguna”.
Los miembros de las corporaciones públicas son, en la práctica, unipersonales, inclusive aquellos elegidos en listas cerradas. Ni hablar de los integrantes de las listas abiertas. Perfeccionar acuerdos de interés nacional con intereses individuales es imposible. Eso explica la inexistencia de fórmulas para derrotar el flagelo que afecta, en materia grave, a la democracia en Colombia: la corrupción.
¿Alguna persona sensata creerá posible ganar la batalla sin una reforma sustancial a la estructura judicial del país?
¿Se puede ganar la lucha contra el apoderamiento indebido de los recursos del Estado con unas Cortes que no gozan de la respetabilidad y el acatamiento de los ciudadanos, si cada vez que condenan a un culpable los incriminados rechazan los señalamientos, invocando la falta de credibilidad y el ánimo persecutorio de quienes lo promulgan?
¿Y se puede aprobar una reforma de tiro largo a la justicia con parlamentarios elegidos, algunos de ellos en cantidades significativas, con disputas electorales que se resolverán en el seno del Consejo Nacional Electoral, organismo que carece de credibilidad por parte de la opinión pública?
El fenómeno no es nuevo. Álvaro Gómez, asesinado por denunciar la corrupción, lo venía advirtiendo desde los años setenta: “¿Quién fue el primero que inventó las argucias de hacer contratos para pagar a los electoreros de pueblos distantes? ¿Quién inventó eso de reconocimiento de servicios prestados en que todo lo que se reconoce es visiblemente falso?”.
Álvaro Gómez sigue vigente. Miren lo que dijo, entre otras cosas, hace cuarenta años: “Lo que está ocurriendo en el Congreso colombiano es un fenómeno de degradación moral de proporciones inmensas (...). La acumulación de procedimientos ignominiosos, utilizados impunemente en el manejo de los dineros públicos, ha destruido el prestigio del Parlamento”.
La pregunta que corresponde: ¿Podrá el nuevo presidente perfeccionar las reformas para recuperar el poder judicial y el poder legislativo? Sintonice esta columna en nueve meses, una vez clausure el primer periodo del nuevo Congreso, para conocer la respuesta. Ahí sabremos si se impuso la Emergencia Moral que ha venido pidiendo a gritos el procurador Carrillo.