Ahora que no hay guerra, hablemos de educación rural
Tras los acuerdos en La Habana, hay una tarea clave: llevar la formación académica a las regiones más apartadas. ¿Qué iniciativas pedagógicas surgen de la Colombia profunda y cuál es el panorama de los estudiantes campesinos?
Los estudiantes del colegio Antonio Molina, en el sur del Tolima, tardan horas en llegar a clase. La institución queda en San José de las Hermosas, un corregimiento del municipio de Chaparral, a cinco horas del casco urbano. Los alumnos deben tomar una chiva destartalada y transitar por una carretera en mal estado. Por otro lado, en Buenaventura existen problemas de cobertura. El Gobierno local detectó escuelas que, bajo la figura de ‘colegios por cobertura educativa’, funcionan en casas con pésimas condiciones y no cuentan con baños adecuados. Estos son apenas dos casos que reflejan la situación de la educación en las regiones más apartadas. Suena paradójico que, en plena construcción de un nuevo país, donde las miradas apuntan al desarrollo rural y regional, las nuevas generaciones de campesinos quieran salir de sus territorios por las escasas opciones para formarse académicamente. Ellos resienten en estas poblaciones con mala infraestructura educativa, carencia de docentes y programas académicos alejados de sus realidades. “Los jóvenes que pretenden salir del campo caen en un círculo vicioso: muchos no llegan a cursar estudios superiores; los pocos que lo logran no vuelven. Entonces, lo que hacen es generar desarraigo”, dice Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, al revisar el caso de los estudiantes de esta parte del Caribe. De 18.000 estudiantes de la institución, según Vera, apenas 152 provienen de áreas rurales. Ellos, antes de escoger una Ingeniería Agronómica o Pesquera, prefieren irse por la Medicina, la Administración de Empresas y el Derecho, lo que no está mal, de no ser porque no retornan a sus lugares de origen para ejercer su profesión. La poca participación de estudiantes rurales en las universidades, así como la escasa oferta de programas académicos en los municipios, son apenas la punta del iceberg del problema, según explica el viceministerio de Educación Superior. Aunque en todo el país está garantizado cursar los primeros años de vida escolar y la secundaria, hay una fuga del 52 % una vez los jóvenes obtienen el cartón de quinto de primaria. Esto ocurre debido a las distancias de las instituciones y lo costoso que les resulta a los campesinos enviar a sus hijos a las cabeceras municipales para estudiar. A pesar del panorama que enfrenta la educación rural, en los últimos años se han dado algunos empujones para mejorarla. Hay una ruta trazada por la Misión para la Transformación del Campo que va de la mano con lo pac-
tado por el Gobierno y las Farc. Óscar Sánchez, coordinador del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), señala que hay al menos 18 disposiciones del Acuerdo de La Habana en las que se hace imperativo trabajar los componentes de educación y juventud. El presidente Juan Manuel Santos firmó recientemente dos decretos relacionados. Uno de ellos es el decreto 882, que busca beneficiar al menos a 50.000 niños, promoviendo el nombramiento de 1.840 profesores en las zonas más afectadas por el conflicto. Pero también algunos expertos proponen recuperar el concepto de Escuela Nueva, que nació en Colombia en 1976, con el fin de mejorar la pertinencia de la escolaridad rural y estimular un aprendizaje centrado en el niño, articulado con un calendario flexible, sistemas de evaluación y nivelación especiales, y un currículo relevante basado en la vida cotidiana. Falta mucho camino por recorrer y es necesario afinar las iniciativas que permitan mejorar la educación y las opciones de formación para las nuevas generaciones de campesinos colombianos.