Reforma del SGP: mucho más que plata

El principal problema del sistema educativo en Colombia es la falta de recursos económicos y su distribución. Si no se aborda de manera integral una solución que llegue a todos los sectores, no servirá de nada duplicar el gasto público.

Vencidos los términos establecidos por la Ley 1176 de 2007, que garantizaba incrementos reales de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) hasta 2016, además de fijar puntos adicionales para educación, las finanzas del sector no atraviesan por su mejor momento. De lo anterior podría derivarse que el principal problema del sistema educativo es la falta de plata. Sin embargo, no es solo plata. Si no se aborda de manera integral una solución al sistema de financiamiento de la educación básica, no servirá de nada duplicar el gasto público sectorial. La reforma del SGP que actualmente viene gestándose debe contemplar entre sus puntos centrales los mencionados a continuación. Hay que precisar el alcance de la descentralización, promovida por la Constitución de 1991. La reforma del sistema de transferencias ocurrida en 2001 planteaba su profundización, con el SGP como principal instrumento, al definir recursos y competencias de los distintos niveles de organización del sistema. Sin embargo, mientras en 2005 el SGP representó el 82 % del gasto público en educación básica, en 2015 ese porcentaje cayó al 60 %. Contrario a ello, el gasto directo del Ministerio pasó del 8,8 % al 16,9 %, lo que podría entenderse como un retroceso de la descentralización. Esto, sin embargo, podría encontrar justificación en la poca capacidad de las regiones para asumir idóneamente la administración de los sistemas educativos subnacionales. La reforma del SGP también implica revisar las prioridades de política educativa. La Ley 715 fijó como principal objetivo el acceso, pero al aproximarnos a esa meta resulta necesario voltear la mirada a otra necesidad: la calidad. Es aquí donde el tema de plata adquiere importancia. Garantizar a todos los niños oportunidades de aprender pasa por asegurar condiciones adecuadas para mantenerlos en la escuela (alimentación, transporte, servicios) y promover el aprendizaje (textos, útiles, dotación, etc.), incluyendo docentes mejor preparados. Y todo eso vale mucho más de los 172.000 pesos que actualmente se invierte por estudiante. ¿Hasta dónde está dispuesto el país a levantar la vara en materia de inversión en educación? Mejor no preguntar en el actual contexto macroeconómico. Un tercer aspecto se relaciona con los mecanismos de distribución, administración y uso de los recursos, que podrían explicar los pobres resultados en materia de acceso y eficiencia. A más de 15 años de promulgada, la Ley 715 no logró reemplazar un sistema basado en el gasto por otro centrado en los resultados. Las Tipologías resultaron incapaces de cubrir los gastos de prestación del servicio, por lo que el Gobierno Nacional debió recurrir a la figura del Complemento por Población Atendida como mecanismo para financiar el déficit. Por otra parte, la concentración de las decisiones en temas asociados al gasto ha desviado el interés de lo que debería ser el foco central: los costos, la eficiencia y los incentivos a una mejor gestión. Para ello, la anticipación de los costos surge como una alternativa técnica y metodológica viable, sustentada en los sistemas de información sectorial. Un cuarto aspecto implica ajustes a la administración del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos oficiales. La Ley 715 no contempló posibles reducciones de la matrícula, que entre 2009 y 2015 sumaron 600.000 cupos. A pesar de ello las plantas de personal se mantuvieron estables, implicando un incremento del gasto por alumno superior al 30 %. Esto pone en evidencia la necesidad de incluir mecanismos para ajustar el tamaño de las plantas a las necesidades del servicio. Ello demanda el concurso de Fecode para, con el Gobierno Nacional, definir unas reglas claras. Un último aspecto, aunque no hace parte de la reforma misma, es el tiempo. Ello significa conjugar la necesidad de una reforma estructural con la obligación de garantizar, a corto plazo, los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo. Especialmente cuando la situación por la que atraviesa la economía no es la mejor para hablar de plata y el escenario político no es el más favorable.