Colegios nuevos: se desenreda el Plan de Infraestructura Educativa
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En diciembre pasado la Contraloría encendió las alarmas respecto al avance y sobrecosto de 541 proyectos en todo el país, a tal punto que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 500.000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con el ambicioso plan?
En 2015, el Gobierno de Juan Manuel Santos trazó un plan: superar el déficit de aulas en el país, calculado en más de 51.000. Para ello, apostó en grande por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), cuyo propósito estratégico era aplicar la jornada única escolar apoyándose en la construcción y adecuación de 30.600 salones de clase.
En ese momento, el Ministerio de Educación decidió administrar el megaproyecto por medio del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), una cuenta especial sin personería jurídica creada para gerenciar recursos. En total, el fondo juntó 3,28 billones de pesos, de los cuales la Nación puso 2 billones, y los municipios y departamentos, el 1,2 billones restantes.
Para la operación, dividieron el país en ocho regiones. El contratista de cada una se comprometía a hacer las obras (construcción de nuevos colegios, mejoras o ampliación de planteles existentes) que fueran solicitando los municipios dentro de su zona de influencia.
Sin embargo, lo que empezó como una buena iniciativa en la que se recaudaron grandes recursos para invertir en la infraestructura educativa, tan necesaria en el país, comenzó a crear desconfianza entre los gobernadores y alcaldes debido a la mala gestión y la falta de veeduría, por lo que fueron múltiples las denuncias por los retrasos y abandonos de las obras con el pasar de los años.
Algunas de las irregularidades se evidenciaron en un informe de la Contraloría presentado en diciembre pasado, en el que anunció un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra 65 personas, entre ellas las exministras de Educación del anterior Gobierno, Yaneth Giha y Gina Parody, por cuantía de 559.853 millones de pesos.
La investigación de la Contraloría reveló, entre muchos otros hallazgos relacionados con sobrecostos, que 71 iniciativas estaban abandonadas y que
Igualmente, al inicio del actual Gobierno, Mineducación realizó un diagnóstico sobre el estado de los proyectos de infraestructura educativa, el cual evidenció que en las 541 obras existentes para colegios nuevos o ampliación, seis de cada diez fueron asignadas a los dos mismos contratistas que incumplieron con la ejecución. Además, solo 40 proyectos (el 8 por ciento) habían sido terminados.
La ministra aseguró que tras decisiones técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas en el
CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS DE311 investigadas por la Contraloría, hay 71 abandonadas, que representan un detrimento de según el informe.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), hay 360 Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia, pero solo 89 de estas tienen acreditación de alta calidad. Además, de 11.328 programas académicos en el territorio nacional, solo 1.677 cuentan con ese sello, que evalúa el cumplimiento de los objetivos y la pertinencia de la oferta académica, el bienestar, el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural.
Conseguir esta distinción se ha convertido en una meta para todas las IES, pues significa que cuentan con docentes de los más
esperaría que en los próximos tres años las instituciones que hacen falta den el salto hacia la calidad.
“Con el Decreto 1330, que se expidió a mitad del año pasado, se comenzó a considerar la naturaleza y las diferencias entre los programas: por ejemplo, si dos universidades ofertan Administración de Empresas, ya sea cerca del mar o cerca de una zona selvática, pero una es una institución muy antigua y la otra muy reciente, ambas deberán ser evaluadas desde su énfasis, su aporte de valor a la sociedad y sus diferencias en recursos y capital humano”, explica Amado.
EL ORIGEN DE LA ALTA CALIDAD
La carrera por la certificación de alta calidad comenzó en 2015, tras un anuncio de la exministra Gina Parody en el que estableció que a partir de 2018 los préstamos del Icetex no podrían ser usados para estudiar