EDITORIAL
El Estado, cómo no, asumirá la carga del desminado del territorio nacional. Las Farc y demás grupos tienen una responsabilidad enorme, y está bien que coadyuven a semejante reto.
“El Estado, cómo no, asumirá la carga del desminado del territorio nacional. Las Farc y demás grupos tienen una responsabilidad enorme, y está bien que coadyuven a semejante reto”.
El pasado sábado, desde La Habana, se emitió un comunicado conjunto del Gobierno colombiano y de las Farc, en el que anunciaban que dentro del marco de desescalamiento del conflicto armado, se iniciará un proceso de limpieza y descontaminación de “minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general”.
Todo este proceso se va a realizar entre representantes de las partes, con la colaboración de la organización Ayuda Popular Noruega (APN) y la participación activa del Batallón de Desminado del Ejército Nacional, BIDES.
Este es uno de los pasos que los colombianos más esperábamos. Se trata, en primera instancia, de un acuerdo que plasma aspectos puramente operativos, dejando la definición de responsabilidades para más adelante. Incluso, dice el texto del acuerdo que corren por cuenta del Gobierno Nacional los recursos técnicos y materiales necesarios para llevar a la agencia noruega y a los acompañantes de la guerrilla y el Gobierno a las zonas de trabajo.
Esas discusiones de las responsabilidades legales y patri- moniales por los daños causados podrán abordarse luego. El trabajo humanitario, en cambio, no da espera. Según datos de organismos tanto oficiales como independientes, prácticamente todo el territorio nacional tiene zonas que o están sembradas de minas antipersonal o son zonas de riesgo. Muchos de esos artefactos no son detectables ni siquiera con aparatos especializados.
Ayer en este periódico se contó la historia de Reinel Barbosa, quien en 2008 perdió su pierna izquierda por una mina sembrada por la guerrilla en La Uribe (Meta). El año pasado hizo parte de la delegación de víctimas que viajó a La Habana para que las Farc las escucharan. Allí plantó su prótesis en la propia mesa. “Me lo pidieron las víctimas de esos artefactos y así lo hice”.
Reinel sobrevivió, al igual que otras 8.834 personas que quedaron gravemente mutiladas entre 1990 y enero de 2015 (datos oficiales de la Dirección contra las Minas de la Presidencia de la República).
Pero también hay 2.209 personas que murieron por minas de las Farc, del Eln y demás grupos ilegales que consideraron que estas armas eran válidos instrumentos de rebe- lión “política”. De las personas asesinadas de esa forma, 235 eran menores de edad.
Por eso el sábado, Humberto de la Calle inició su mensaje dirigiéndolo a los niños de Colombia. Aquellos que en el campo salen buscando aprender en las escuelas y encuentran o la muerte o la mutilación o la destrucción de sus familias.
De las 11.043 víctimas contabilizadas desde 1990, 2.459 fueron en Antioquia. Y en el departamento solo cuatro municipios han tenido desminado humanitario (Cocorná, Granada, Nariño y San Francisco).
Esta será una tarea de décadas. En la que además de limpiar la tierra de estos instrumentos de muerte, los encargados de hacerla se toparán con miles de historias de dolor y de desgarro humano. Enfrentando no solo las condiciones adversas de territorios de guerra sino los intereses criminales de controladores de cultivos ilícitos, rodeados también de minas no propiamente por razones revolucionarias.
Anunciar una Colombia libre de minas suena tan difícil y remoto como una Colombia pacífica en su sentido más íntegro. Pero por lo menos ya en la primera se va a empezar